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Política
Hebron, Khalid Amayreh. - Las nuevas medidas tienen por objeto permitir a la autoridades de la ocupación militar israelí deportar o expulsar a miles de palestinos de la Cisjordania, o acusarles por delitos graves con penas de prisión de hasta siete años.
Las medidas también son vistas como parte de una política israelí destinada a obligar a la Autoridad Palestina a sucumbir a la intimidación y las tácticas israelíes de coacción para regresar a las conversaciones de paz con una mediación inútil de los estadounidenses.
Los funcionarios palestinos en la Ribera Occidental (Cisjordania) y la Franja de Gaza han calificado las nuevas medidas como algo "manifiestamente criminal" y que "constituyen un crimen de guerra."
"Estas duras medidas muestran que Israel está decidido a mantener su enfoque nazi hacia el pueblo palestino. Deportación de personas, obligarlas a abandonar sus hogares y lugares de residencia es un crimen de guerra según el derecho internacional. Por lo tanto, la comunidad internacional debe tratar a Israel como un estado criminal, un Estado paria ", dijo Anwar Safi un destacado activista de Hamas en el sur de Cisjordania. "Es realmente irónico que mientras los judíos están conmemorando el llamado" día del holocausto" amenacen con llevar a cabo la deportación masiva del pueblo palestino".
El periódico israelí Ha’aretz del 11 de abril citó a fuentes militares diciendo que "decenas de miles de palestinos de la Ribera Occidental se convertirán automáticamente en delincuentes y pueden ser severamente castigados."
Estas son las personas que se han unido a sus cónyuges o regresaron a la Ribera Occidental como parte del programa de “unificación” familiar. Israel considera a estos palestinos como "infiltrados".
El diario dijo que los palestinos con más probabilidades de ser el blanco de inmediato de las nuevas leyes son aquellos cuyos documentos de identidad llevan direcciones de la Franja de Gaza, incluyendo aquellos que hayan nacido en la Franja de Gaza, junto con los niños nacidos en Cisjordania o en el extranjero que por diversas razones perdieron sus derechos de residencia. También podría dirigirse contra cónyuges de palestinos nacidos en el extranjero. Según el informe, la nueva orden define a cualquier persona que entra en la Ribera Occidental sin el consentimiento de Israel como "infiltrado".
En última instancia, las nuevas órdenes están destinadas a cerrar las lagunas legales existentes en virtud de los Acuerdos de Oslo, que permitió a miles de palestinos a regresar a la Ribera Occidental, donde tenían familiares de primer grado.
El régimen del apartheid israelí dice que está destinado a reprimir las protestas palestinas, domina con eficacia todos los territorios de Cisjordania bajo la soberanía israelí e ignora casi por completo la existencia misma de la Autoridad Palestina.
Un portavoz del ejército israelí admitió que las últimas medidas draconianas tenían por objeto restringir el crecimiento demográfico palestino, así como imponer medidas drásticas contra las protestas palestinas contra la ocupación israelí y las políticas de apartheid. Sin embargo, se negó a decir cómo y dónde los palestinos serán deportados.
Los observadores en la Palestina ocupada han sugerido que Israel podría sentirse inclinado a crear más provocaciones que podrían empujar a los palestinos hacia la resistencia activa al terror judío organizado, por ejemplo, la violencia perpetrada por los colonos judíos en cooperación y coordinación con el ejército de ocupación israelí.
El cargo de la AP, Sa’eb Erikat, describió la decisión israelí como parte de un proceso continuo de depuración étnica."Estas decisiones son equivalentes a la voladura de todos los acuerdos pendientes con Israel, así como todas las posibilidades de reanudación de las conversaciones”. Dijo, además. que la medida permitiría a cualquier funcionario israelí deportar a los ciudadanos palestinos a voluntad. "Parece que los israelíes se comportan de acuerdo a sus caprichos. Están arrestando a las personas, las deportan e imponen fuertes multas a los palestinos por valor de 2.000 dólares." Añadió que la Autoridad Palestina ya estaba en contacto con los Estados Unidos y la Unión Europea a este respecto.
Otro oficial de la AP, Nabil Shaath, un ciudadano de la Franja de Gaza, llamó a las medidas israelíes "racistas, ilegales e ilegítimas por completo”. "Estas medidas sólo violan la decencia humana. Israel no tiene derecho a prohibir a los palestinos que vivan en su patria ancestral." Shaath pidió a la comunidad internacional, incluidos los estados árabes y musulmanes, condenar las medidas de Israel y [aplicar] la fuerza al estado del apartheid para revertir sus decisiones.
Fatah, que apoya a la AP, ha estado diciendo que va a apoyar la resistencia popular, pero no violenta, contra la ocupación israelí.
Existen temores en el régimen de apartheid de que las masivas protestas de los palestinos podrían tener éxito en el impulso a crear un Estado palestino con reconocimiento mundial.
El primer ministro de la AP dijo en una entrevista con el diario H’aaretz que una declaración de un estado palestino era probable que se hiciese en 2011.
Los funcionarios del régimen del apartheid israelí dijeron que el estado sionista se opondría a cualquier plan para proclamar de manera unilateral un Estado independiente. Israel considera a la Ribera Occidental como "en disputa" en lugar de "territorios ocupados".
Israel quiere aprovecharse lo más posible de la geografía palestina y tener el mínimo de población palestina posible.
Los palestinos están en una situación en que pueden empujar a la comunidad internacional a que presione a Israel para rescindir las nuevas medidas, que violan descaradamente el derecho internacional.
Las medidas también son vistas como parte de una política israelí destinada a obligar a la Autoridad Palestina a sucumbir a la intimidación y las tácticas israelíes de coacción para regresar a las conversaciones de paz con una mediación inútil de los estadounidenses.
Los funcionarios palestinos en la Ribera Occidental (Cisjordania) y la Franja de Gaza han calificado las nuevas medidas como algo "manifiestamente criminal" y que "constituyen un crimen de guerra."
"Estas duras medidas muestran que Israel está decidido a mantener su enfoque nazi hacia el pueblo palestino. Deportación de personas, obligarlas a abandonar sus hogares y lugares de residencia es un crimen de guerra según el derecho internacional. Por lo tanto, la comunidad internacional debe tratar a Israel como un estado criminal, un Estado paria ", dijo Anwar Safi un destacado activista de Hamas en el sur de Cisjordania. "Es realmente irónico que mientras los judíos están conmemorando el llamado" día del holocausto" amenacen con llevar a cabo la deportación masiva del pueblo palestino".
El periódico israelí Ha’aretz del 11 de abril citó a fuentes militares diciendo que "decenas de miles de palestinos de la Ribera Occidental se convertirán automáticamente en delincuentes y pueden ser severamente castigados."
Estas son las personas que se han unido a sus cónyuges o regresaron a la Ribera Occidental como parte del programa de “unificación” familiar. Israel considera a estos palestinos como "infiltrados".
El diario dijo que los palestinos con más probabilidades de ser el blanco de inmediato de las nuevas leyes son aquellos cuyos documentos de identidad llevan direcciones de la Franja de Gaza, incluyendo aquellos que hayan nacido en la Franja de Gaza, junto con los niños nacidos en Cisjordania o en el extranjero que por diversas razones perdieron sus derechos de residencia. También podría dirigirse contra cónyuges de palestinos nacidos en el extranjero. Según el informe, la nueva orden define a cualquier persona que entra en la Ribera Occidental sin el consentimiento de Israel como "infiltrado".
En última instancia, las nuevas órdenes están destinadas a cerrar las lagunas legales existentes en virtud de los Acuerdos de Oslo, que permitió a miles de palestinos a regresar a la Ribera Occidental, donde tenían familiares de primer grado.
El régimen del apartheid israelí dice que está destinado a reprimir las protestas palestinas, domina con eficacia todos los territorios de Cisjordania bajo la soberanía israelí e ignora casi por completo la existencia misma de la Autoridad Palestina.
Un portavoz del ejército israelí admitió que las últimas medidas draconianas tenían por objeto restringir el crecimiento demográfico palestino, así como imponer medidas drásticas contra las protestas palestinas contra la ocupación israelí y las políticas de apartheid. Sin embargo, se negó a decir cómo y dónde los palestinos serán deportados.
Los observadores en la Palestina ocupada han sugerido que Israel podría sentirse inclinado a crear más provocaciones que podrían empujar a los palestinos hacia la resistencia activa al terror judío organizado, por ejemplo, la violencia perpetrada por los colonos judíos en cooperación y coordinación con el ejército de ocupación israelí.
El cargo de la AP, Sa’eb Erikat, describió la decisión israelí como parte de un proceso continuo de depuración étnica."Estas decisiones son equivalentes a la voladura de todos los acuerdos pendientes con Israel, así como todas las posibilidades de reanudación de las conversaciones”. Dijo, además. que la medida permitiría a cualquier funcionario israelí deportar a los ciudadanos palestinos a voluntad. "Parece que los israelíes se comportan de acuerdo a sus caprichos. Están arrestando a las personas, las deportan e imponen fuertes multas a los palestinos por valor de 2.000 dólares." Añadió que la Autoridad Palestina ya estaba en contacto con los Estados Unidos y la Unión Europea a este respecto.
Otro oficial de la AP, Nabil Shaath, un ciudadano de la Franja de Gaza, llamó a las medidas israelíes "racistas, ilegales e ilegítimas por completo”. "Estas medidas sólo violan la decencia humana. Israel no tiene derecho a prohibir a los palestinos que vivan en su patria ancestral." Shaath pidió a la comunidad internacional, incluidos los estados árabes y musulmanes, condenar las medidas de Israel y [aplicar] la fuerza al estado del apartheid para revertir sus decisiones.
Fatah, que apoya a la AP, ha estado diciendo que va a apoyar la resistencia popular, pero no violenta, contra la ocupación israelí.
Existen temores en el régimen de apartheid de que las masivas protestas de los palestinos podrían tener éxito en el impulso a crear un Estado palestino con reconocimiento mundial.
El primer ministro de la AP dijo en una entrevista con el diario H’aaretz que una declaración de un estado palestino era probable que se hiciese en 2011.
Los funcionarios del régimen del apartheid israelí dijeron que el estado sionista se opondría a cualquier plan para proclamar de manera unilateral un Estado independiente. Israel considera a la Ribera Occidental como "en disputa" en lugar de "territorios ocupados".
Israel quiere aprovecharse lo más posible de la geografía palestina y tener el mínimo de población palestina posible.
Los palestinos están en una situación en que pueden empujar a la comunidad internacional a que presione a Israel para rescindir las nuevas medidas, que violan descaradamente el derecho internacional.
