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Política
Baltasar Garzón
Demandado por dos grupos ultraderechistas españoles que lo acusan de vulnerar una ley de amnistía de 1977, de ser declarado culpable, Garzón, de 56 años, puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional.
A petición de familiares de víctimas de la represión franquista, entre 2006 y 2008 el juez recopiló documentación sobre más de 114.000 personas del bando republicano desaparecidas durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-75) antes de abandonar el caso.
"Sólo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas al derecho (...) para investigar los crímenes masivos de desapariciones de personas", afirmó el magistrado, mundialmente conocido por la detención de Augusto Pinochet en 1998 en Londres.
"La obligación del juez es dar protección a las víctimas", agregó, al término del juicio ante el Tribunal Supremo español, que quedó pendiente de una sentencia que puede tardar varias semanas.
La defensa de Garzón y la fiscalía volvieron a pedir una absolución.
"Tendría a mi juicio un efecto devastador una sentencia condenatoria", afirmó el fiscal Luis Navajas, advirtiendo del riesgo de juzgar a Garzón más por su personalidad controvertida que por sus acciones.
"Sería patético y ridículo que mientras en Argentina tienen a una juez dedicada a investigar los crímenes del franquismo, aquí nos dediquemos a perseguir al juez que se hizo cargo de dichas denuncias", agregó recordando las diligencias iniciadas por la magistrada de Buenos Aires María Servini.
Durante dos semanas de juicio, una docena de familiares de represaliados por el franquismo llevaron ante el tribunal los escalofriantes testimonios de cómo sus padres y abuelos fueron detenidos, fusilados y tirados a fosas comunes.
Para Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado de Garzón, "los cónyuges vivos, los hijos, siguen sufriendo una tortura consistente en no saber qué pasó y dónde están los restos".
Escuchar estos testimonios "es aterrador", consideró Caroline Edelstam, de la fundación noruega de defensa de los derechos humanos Edelstam, que forma parte de los observadores internacionales que siguieron el juicio.
Los familiares "han vivido toda su vida con el miedo de lo que les ocurrió" a las víctimas, agrega.
Como todos los días desde que comenzó el proceso más de un centenar de personas se manifestaron a las puertas del Tribunal Supremo.
Con claveles rojos y una enorme pancarta con fotografías en blanco y negro de cientos de desaparecidos, gritaban "¡Hay que juzgar al franquismo criminal!".
"Queremos que de una vez por todas se haga justicia a estos miles de ciudadanos que defendieron la República y fueron torturados y fusilados y siguen tirados en las cunetas de toda España", afirma Francisco Román, de 77 años.
"No es muy lógico que en un sistema democrático, que hemos conseguido tras mucho luchar, se esté condenando a la persona que intenta sacar a la luz los crímenes del franquismo", estimó Beatriz Gómez, de 42 años.
Desde Ginebra, un grupo de expertos de la ONU sobre la independencia de los jueces también expresó su preocupación.
"Es lamentable que el juez Garzón pudiese ser castigado por haber abierto una investigación en línea con las obligaciones de España de investigar violaciones de derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional", dijeron la magistrada brasileña Gabriela Knaul y los cinco expertos de su grupo.
Sin embargo, para el abogado de la acusación en España, Joaquim Ruiz, Garzón actuó "de mala fe", "enjuiciando un movimiento, enjuiciando una época", la del franquismo.
A petición de familiares de víctimas de la represión franquista, entre 2006 y 2008 el juez recopiló documentación sobre más de 114.000 personas del bando republicano desaparecidas durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-75) antes de abandonar el caso.
"Sólo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas al derecho (...) para investigar los crímenes masivos de desapariciones de personas", afirmó el magistrado, mundialmente conocido por la detención de Augusto Pinochet en 1998 en Londres.
"La obligación del juez es dar protección a las víctimas", agregó, al término del juicio ante el Tribunal Supremo español, que quedó pendiente de una sentencia que puede tardar varias semanas.
La defensa de Garzón y la fiscalía volvieron a pedir una absolución.
"Tendría a mi juicio un efecto devastador una sentencia condenatoria", afirmó el fiscal Luis Navajas, advirtiendo del riesgo de juzgar a Garzón más por su personalidad controvertida que por sus acciones.
"Sería patético y ridículo que mientras en Argentina tienen a una juez dedicada a investigar los crímenes del franquismo, aquí nos dediquemos a perseguir al juez que se hizo cargo de dichas denuncias", agregó recordando las diligencias iniciadas por la magistrada de Buenos Aires María Servini.
Durante dos semanas de juicio, una docena de familiares de represaliados por el franquismo llevaron ante el tribunal los escalofriantes testimonios de cómo sus padres y abuelos fueron detenidos, fusilados y tirados a fosas comunes.
Para Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado de Garzón, "los cónyuges vivos, los hijos, siguen sufriendo una tortura consistente en no saber qué pasó y dónde están los restos".
Escuchar estos testimonios "es aterrador", consideró Caroline Edelstam, de la fundación noruega de defensa de los derechos humanos Edelstam, que forma parte de los observadores internacionales que siguieron el juicio.
Los familiares "han vivido toda su vida con el miedo de lo que les ocurrió" a las víctimas, agrega.
Como todos los días desde que comenzó el proceso más de un centenar de personas se manifestaron a las puertas del Tribunal Supremo.
Con claveles rojos y una enorme pancarta con fotografías en blanco y negro de cientos de desaparecidos, gritaban "¡Hay que juzgar al franquismo criminal!".
"Queremos que de una vez por todas se haga justicia a estos miles de ciudadanos que defendieron la República y fueron torturados y fusilados y siguen tirados en las cunetas de toda España", afirma Francisco Román, de 77 años.
"No es muy lógico que en un sistema democrático, que hemos conseguido tras mucho luchar, se esté condenando a la persona que intenta sacar a la luz los crímenes del franquismo", estimó Beatriz Gómez, de 42 años.
Desde Ginebra, un grupo de expertos de la ONU sobre la independencia de los jueces también expresó su preocupación.
"Es lamentable que el juez Garzón pudiese ser castigado por haber abierto una investigación en línea con las obligaciones de España de investigar violaciones de derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional", dijeron la magistrada brasileña Gabriela Knaul y los cinco expertos de su grupo.
Sin embargo, para el abogado de la acusación en España, Joaquim Ruiz, Garzón actuó "de mala fe", "enjuiciando un movimiento, enjuiciando una época", la del franquismo.
