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El juez señaló que cualquier violación de las normas por parte de Proactiva Open Arms se justificó por las consideraciones del "estado de necesidad". Por eso, la incautación de su barco no puede justificarse legalmente, indicó en un decreto de 16 páginas al que tuvo acceso dpa.
El juez destacó la obligación legal de no solo rescatar a los migrantes en el mar, sino también de protegerlos de posibles torturas y abusos en Libia.
"Es sólo un primer paso y una buena noticia", dijo el fundador de la ONG, Oscar Capms, en Twitter y añadió que los miembros de su organización siguen bajo investigación criminal.
"Ganamos una batalla pero creo que la guerra legal no termina hoy, continuará y será larga", dijo el abogado defensor Alessandro Gamberini, según medios italianos.
Gamberini representó a la jefa de la misión de Open Arms Ana Isabel Montes Mier, una de los dos detenidos investigados por fomentar la migración ilegal.
El 18 de marzo el fiscal de Catania Carmelo Zuccaro ordenó la incautación del barco de la ONG un día después de que este atracara en Pozzallo, Sicilia, con 216 migrantes a bordo que previamente los activistas se habían negado a entregar a los guardacostas libios.
La organización española era sospechosa de infringir las normas de inmigración al desobedecer las órdenes de los libios y al llevar a los migrantes a Pozzallo en lugar de trasladarlos a un puerto más cercano en Malta.
Entonces se abrió una investigación contra tres miembros de Proactiva Open Arms por asociación criminal y por fomentar la migración ilegal, pero solo dos fueron identificados por los fiscales italianos.
El 27 de marzo, otro juez de instrucción retiró el cargo más grave de asociación criminal y trasladó el caso de Catania a Ragusa, otra ciudad siciliana.
La ONG insiste en que no puede permitir que se devuelva a gente a Libia, donde corre el riesgo de sufrir torturas y abusos. También denunció que los libios amenazaron con abrir fuego contra su personal.
"Desde Proactiva Open Arms reiteramos que, en todo momento, hemos actuado bajo las normas y las leyes internacionales vigentes, creadas para proteger las vidas humanas en el mar y los derechos de los náufragos rescatados", señaló hoy la ONG en un comunicado.
La alcaldesa de Barcelona, donde tiene sede la organización, celebró la devolución del barco. "Felicidades! Por fin algo de sentido común! Barcelona seguirá al lado de Open Arms hasta lograr el archivo total de la causa", tuiteó Ada Colau.
"Seguiremos exigiendo a los Estados europeos q apoyen la labor humanitaria en lugar de criminalizarla", agregó la política izquierdista.
La organización alemana Jugend Rettet se enfrenta a un caso similar. Su barco fue incautado en agosto por otros fiscales sicilianos que sospechaban que el grupo fomenta la migración ilegal.
La ONG está luchando por recuperar el barco y el máximo tribunal de apelación italiano, el Tribunal de Casación, decidirá sobre el caso el 23 de abril.
"Estos son dos casos diferentes pero (la decisión del juez de Ragusa) nos da esperanza", declaró a dpa el portavoz de Jugend Rettet, Philipp Kuelker, destacando que no pesan cargos sobre ningún miembro de su ONG.
Por otro lado, un miembro del partido antimigrantes Liga, cuyo líder, Matteo Salvini, espera convertirse en primer ministro italiano, lamentó hoy la decisión.
Roberto Calderoli, ex ministro, se refirió a ella como "una luz verde para los traficantes de humanos y los barcos de las ONG" para inundar Italia con "decenas de miles de inmigrantes ilegales".
