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Mas, Puigdemont y otros protestan en Barcelona
En un ambiente agitado, con centenares de banderas independentistas ondeando frente al Palacio de Justicia de Barcelona, Mas se definió como "el máximo responsable" de esa votación prohibida judicialmente pero defendió su legitimidad e incluso su legalidad.
"No fue un capricho individual (...) fue la consecuencia de amplios acuerdos y mandatos explícitos y reiterados del parlamento de Cataluña", dijo en su declaración ante el juez, en la que sólo respondió a su abogado.
Presidente de esta rica región entre 2010 y 2016, Mas está acusado de desobediencia grave y prevaricación por esta votación sin efectos jurídicos del 9 de noviembre de 2014 que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
La fiscalía reclama para él diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La ex vicepresidenta Joana Ortega e Irene Rigau, encargada del departamento de Educación, también juzgadas, se arriesgan a pasar nueve años alejadas de la función pública.
Cinco días antes de la votación, el Tribunal Constitucional había reclamado su suspensión atendiendo un recurso de última hora del gobierno conservador español de Mariano Rajoy.
Pero en ese momento, el ejecutivo catalán ya había hecho gran parte de los preparativos: adquisición de material, preparación de escuelas para ubicar los circuitos de votación, difusión de una campaña informativa y reclutamiento de 42.000 voluntarios que gestionarían el dispositivo electoral, explicó Mas.
La administración "ya no era directamente responsable de la organización", dijo. "Había cosas que no dependía de nosotros pararlas", añadió.
Además, denunció que la orden de suspensión judicial era poco explícita y cuando su ejecutivo pidió aclaraciones no recibió respuesta alguna del tribunal.
En el dilema de obedecer unos "mandatos parlamentarios explícitos" y atender una resolución judicial "imprecisa", Mas entendió que su deber "era que esa jornada se pudiera celebrar".
Y así fue: 2,3 millones de catalanes votaron en esa consulta prohibida, un 80% de ellos a favor de la independencia.
"Es la primera vez que un gobierno democrático es juzgado por haber dejado al pueblo votar. Es un momento sin precedentes", lamentó Mas en declaraciones a la AFP.
"Lo que se juzga es una actuación que desconocía, precisamente, una sentencia del Tribunal Constitucional, nada más que eso", contestaba desde Bruselas el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis.
El independentismo quiere convertir el juicio en una tribuna para su causa. Puede servir como "acelerador para ensanchar la base soberanista", reconocía el domingo Mas.
A su llegada al tribunal, con media hora de retraso y acompañado por una amplia comitiva de autoridades, encabezada por su sucesor Carles Puigdemont, el exdirigente se encontró con una multitud de 40.000 manifestantes y un enorme cartel de "Love democracy".
Centenares de banderas independentistas ondeaban con el fuerte viento que soplaba en la capital catalana y las proclamas se sucedían sin parar: "votaremos", "fuera la justicia española", "ni un paso atrás".
"Hoy muchos nos sentimos juzgados", había asegurado Puigdemont en un inusual discurso institucional antes de iniciar el juicio.
Los deseos de autogobierno de esta región, enclavada entre el Mediterráneo y los Pirineos, han tensado históricamente las relaciones con Madrid.
En 2010, en plena crisis económica, una sentencia judicial anulando parcialmente un estatuto de 2006 que ampliaba la autonomía catalana desencadenó un fuerte auge del independentismo.
En masivas manifestaciones, sus militantes reclamaron un referéndum de autodeterminación como los celebrados en Escocia (2014) o Quebec (Canadá, 1980 y 1995), rechazados por el ejecutivo de Rajoy porque no están contemplados en la Constitución.
Con mayoría absoluta en el Parlamento regional desde 2015, los independentistas quieren organizarlo igualmente en septiembre y hacerlo vinculante.
Desde Madrid, Rajoy encargó a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, iniciar un diálogo con las autoridades catalanas pero sin tratar el referéndum.
Pero "el tiempo se le acaba", advertía el domingo Puigdemont en consonancia con lo expresado por sus militantes reunidos frente al tribunal.
Amparada del viento por un monumento, Mercè Sancho Tusef, de 68 años, opinaba que Madrid llegaba tarde: "La reconciliación es imposible porque se ha mantenido el 'no' al diálogo tanto tiempo".
"No fue un capricho individual (...) fue la consecuencia de amplios acuerdos y mandatos explícitos y reiterados del parlamento de Cataluña", dijo en su declaración ante el juez, en la que sólo respondió a su abogado.
Presidente de esta rica región entre 2010 y 2016, Mas está acusado de desobediencia grave y prevaricación por esta votación sin efectos jurídicos del 9 de noviembre de 2014 que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
La fiscalía reclama para él diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La ex vicepresidenta Joana Ortega e Irene Rigau, encargada del departamento de Educación, también juzgadas, se arriesgan a pasar nueve años alejadas de la función pública.
- Un juicio "sin precedentes" -
Cinco días antes de la votación, el Tribunal Constitucional había reclamado su suspensión atendiendo un recurso de última hora del gobierno conservador español de Mariano Rajoy.
Pero en ese momento, el ejecutivo catalán ya había hecho gran parte de los preparativos: adquisición de material, preparación de escuelas para ubicar los circuitos de votación, difusión de una campaña informativa y reclutamiento de 42.000 voluntarios que gestionarían el dispositivo electoral, explicó Mas.
La administración "ya no era directamente responsable de la organización", dijo. "Había cosas que no dependía de nosotros pararlas", añadió.
Además, denunció que la orden de suspensión judicial era poco explícita y cuando su ejecutivo pidió aclaraciones no recibió respuesta alguna del tribunal.
En el dilema de obedecer unos "mandatos parlamentarios explícitos" y atender una resolución judicial "imprecisa", Mas entendió que su deber "era que esa jornada se pudiera celebrar".
Y así fue: 2,3 millones de catalanes votaron en esa consulta prohibida, un 80% de ellos a favor de la independencia.
"Es la primera vez que un gobierno democrático es juzgado por haber dejado al pueblo votar. Es un momento sin precedentes", lamentó Mas en declaraciones a la AFP.
"Lo que se juzga es una actuación que desconocía, precisamente, una sentencia del Tribunal Constitucional, nada más que eso", contestaba desde Bruselas el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis.
- Tribuna del independentismo -
El independentismo quiere convertir el juicio en una tribuna para su causa. Puede servir como "acelerador para ensanchar la base soberanista", reconocía el domingo Mas.
A su llegada al tribunal, con media hora de retraso y acompañado por una amplia comitiva de autoridades, encabezada por su sucesor Carles Puigdemont, el exdirigente se encontró con una multitud de 40.000 manifestantes y un enorme cartel de "Love democracy".
Centenares de banderas independentistas ondeaban con el fuerte viento que soplaba en la capital catalana y las proclamas se sucedían sin parar: "votaremos", "fuera la justicia española", "ni un paso atrás".
"Hoy muchos nos sentimos juzgados", había asegurado Puigdemont en un inusual discurso institucional antes de iniciar el juicio.
Los deseos de autogobierno de esta región, enclavada entre el Mediterráneo y los Pirineos, han tensado históricamente las relaciones con Madrid.
En 2010, en plena crisis económica, una sentencia judicial anulando parcialmente un estatuto de 2006 que ampliaba la autonomía catalana desencadenó un fuerte auge del independentismo.
En masivas manifestaciones, sus militantes reclamaron un referéndum de autodeterminación como los celebrados en Escocia (2014) o Quebec (Canadá, 1980 y 1995), rechazados por el ejecutivo de Rajoy porque no están contemplados en la Constitución.
Con mayoría absoluta en el Parlamento regional desde 2015, los independentistas quieren organizarlo igualmente en septiembre y hacerlo vinculante.
Desde Madrid, Rajoy encargó a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, iniciar un diálogo con las autoridades catalanas pero sin tratar el referéndum.
Pero "el tiempo se le acaba", advertía el domingo Puigdemont en consonancia con lo expresado por sus militantes reunidos frente al tribunal.
Amparada del viento por un monumento, Mercè Sancho Tusef, de 68 años, opinaba que Madrid llegaba tarde: "La reconciliación es imposible porque se ha mantenido el 'no' al diálogo tanto tiempo".
