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Karima vive con su madre y sus cinco hermanos en la calle A de la Cantera del Carmen, un mísero barrio melillense. Llevan nueve años en la ciudad, dos de sus hermanos nacieron en ella, pero no están empadronados, carecen de tarjeta sanitaria. Todos, excepto Karima, frecuentan la escuela marroquí. En su casa no hay luz eléctrica.
Unas manzanas más arriba, a Dunia, de 17 años, y Wassima, de 14, sí les hubiese gustado acudir al colegio. Viven con su madre y sus cinco hermanos -cuatro de ellos nacidos en Melilla- en la calle Guadalhorce, en el barrio del Monte María Cristina. "A Wassima no me la admitieron en La Residencia", se lamenta Habiba, su madre. No se le pasó por la cabeza tratar de matricularla en una escuela española.
Dunia y Wassima se manejan más o menos en castellano -en su casa hablan tamazig, conocido popularmente como rifeño o bereber- gracias a las monjas de María Inmaculada. Durante ocho horas semanales les enseñan a leer y escribir y también a coser. Dos veces al mes les entregan además un lote de galletas, leche, aceite etcétera.
Como tantas otras, las dos hermanas dudan en confiarse al forastero. "¿No será utilizado contra nosotros lo que le contemos?", pregunta Dunia temerosa. "¿No nos van a echar de Melilla por su culpa?". Cuando ya se relaja reconoce que le gustaría ser enfermera, aunque sabe que es un sueño inalcanzable.
Más asequible le parece, en cambio, dar el salto a la Península, escondida en algún vehículo, como hizo su hermana mayor, de 19 años, que vive ahora en Las Rozas (Madrid) y que "de vez en cuando manda algo de dinero". Falta hace porque la madre sólo cobra 240 euros mensuales limpiando escaleras y sólo el alquiler de su mísera vivienda cuesta 150. Por eso a la hora de la cena Dunia y sus hermanos se conforman con comer pan mojado en té a la menta.
Hace ya cinco años que José Palazón, que encabeza la ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein), y Abderramán Benyahia, secretario de la Asociación Musulmana de Melilla, se echaron a la calle al frente de cortejos de padres y niños para reivindicar su escolarización. Organizaron incluso clases improvisadas al aire libre. La protesta surtió efecto. Entre 200 y 600 chavales, según las fuentes, fueron admitidos en los colegios públicos.
Aquella oleada de escolarizaciones "alivió el problema, pero no lo resolvió", asegura Palazón. Estima que aún hay "unos 300" chavales musulmanes que no pisan la escuela en una ciudad de 75.000 habitantes. Por haber encabezado ésta y otras demandas sospecha que ha pagado un precio. "Llegué a tener cinco academias a las que las administraciones, estatal y local, enviaban a sus funcionarios para que se formasen, preparasen oposiciones, etcétera", recuerda este sexagenario. "De sopetón dejaron de venir". "Sólo una permanece abierta y funciona a medio gas", se lamenta.
"Hay una comisión de escolarización y no tenemos ninguna solicitud pendiente", replica Miguel Heredia, director provincial del Ministerio de Educación, una competencia que sigue en manos del Gobierno central. "Para que se tramite el ingreso en la escuela los padres deben presentar un documento que acredite algún tipo de permanencia en la ciudad", añade.
Ahí está el problema. En la Península es relativamente fácil para unos sin papeles empadronarse. "En Melilla es imposible", asegura Palazón. Los marroquíes necesitan un visado en su pasaporte para acceder a la Península. Para entrar a la ciudad autónoma les basta con un pasaporte o una nekua (carné de identidad) expedida en la provincia limítrofe de Nador, dónde viven 750.000 personas.
"Si se empadronase a todos los que lo solicitan tendríamos a todo Nador -una provincia paupérrima- inscrito en el padrón municipal de Melilla", afirma un alto cargo del Ayuntamiento controlado por el Partido Popular. "No hay medios para escolarizar a todo aquel chaval que pasa la frontera", recalca Miguel Heredia.
"Hay familias que llevan hasta 15 años en la ciudad, cuyos hijos han nacido aquí, y que siguen sin poder empadronarse y, por tanto, no tienen derecho alguno" empezando por el de ir al colegio, objeta Palazón.
"Es verdad que persiste el problema de los chavales sin escolarizar, pero hay cosas aún peores", sostiene Benyahia, que es también portavoz de la Comisión Islámica de Melilla. "Algunos hijos de sin papeles escolarizados hace un lustro cumplieron ya los 16 años y, al acabar el curso, se les invitó a abandonar el colegio aunque deseen seguir estudiando", asegura.
Heredia no lo desmiente. "El Estado cumple proporcionándoles una educación hasta que alcanzan los 16, la edad en que acaba la escolaridad obligatoria", explica. "Para seguir estudiando su situación debe estar regularizada", prosigue. "Sus padres se comprometieron a ello cuando se les permitió matricularse en el colegio". "No está previsto que se den títulos superiores a personas en situación irregular", concluye.
A Benyahia le preocupa también el alto índice de fracaso escolar y la "escasa integración interreligiosa" de los alumnos melillenses. "Hoy en día cerca del 70% de los chavales escolarizados en la ciudad son musulmanes", explica. "Hay colegios públicos como el Juan Caro o el León Sala que son 100% musulmanes". "Los que allí estudian viven en barrios musulmanes y desde párvulos hasta el bachillerato sólo se relacionan con gentes de su confesión". "No es bueno".
Cuando, en enero de 2006, el presidente José Luís Rodríguez Zapatero visitó la ciudad,, la Comisión Islámica le pidió que desde Educación se fomentase la mezcla interreligiosa. "Se comprometió a hacerlo, pero aún seguimos esperando", se lamenta Benyahia.
El fallo no incumbe sólo al Gobierno socialista. En la ciudad autónoma la educación está, en cierta medida, en manos del principal partido de oposición al PP, Coalición Por Melilla (CPM), una formación mayoritariamente musulmana que encabeza Mustafá Aberchán y que está integrada en Izquierda Unida.
En vísperas de las elecciones legislativas de 2008, CPM renunció a presentar candidatos y apoyó a los del PSOE. Ese respaldo tuvo una contrapartida: a los musulmanes se les dejó elegir al director provincial de Educación. "Mi nombramiento es fruto de ese pacto", reconoce Heredia.
La Residencia, íntegramente costeada por el Ministerio de Educación de Marruecos, rehusó cumplir con el Real Decreto de mayo de 1993 que regula el régimen jurídico de los centros extranjeros no universitarios en España. Todos los demás centros, desde los liceos franceses hasta los institutos británicos, se atienen al decreto.
Educación instó a La Residencia a legalizar su situación, pero no lo hizo "probablemente por razones políticas", apunta Miguel Heredia, director provincial en Melilla de ese ministerio. Rabat no reconoce la soberanía española sobre Melilla.
Heredia admite que los alumnos que frecuentan La Residencia "no están escolarizados a ojos del Estado español". "Sus estudios no se convalidan", precisa. En definitiva, es un colegio alegal.
El Real Decreto prevé que la inscripción de un centro de enseñanza extranjero no se efectuará o se cancelará si no cumple los requisitos estipulados. En consecuencia no podrá operar. "En cualquier otro sitio de España habrían cerrado de un plumazo un colegio como ese, pero en Melilla no se atreven para no tener un conflicto con Marruecos", afirma José Palazón que dirige la ONG Prodein.
Quizá haya otra razón para no clausurarla. Aunque sea alegal La Residencia cumple una función: escolariza a unos 620 niños musulmanes de párvulos al bachillerato. En un 85% viven en Melilla, pero muchos de ellos carecen de papeles y no pudieron matricularse en colegios públicos españoles.
Abdelkader Talha, un grandullón simpático, es el director de La Residencia. Vive en Nador (Marruecos) y cruza a diario la frontera junto con algunos profesores y un 15% de los alumnos. No pone ningún reparo en recibir a un periodista español y en organizarle una visita detallada.
Muestra orgulloso en su despacho los retratos de los reyes de Marruecos y de España, explica el programa escolar, la composición del alumnado -asegura que la mayoría reside legalmente en Melilla- y lamenta no tener capacidad para atender a todas las solicitudes de escolarización. "Las aulas están ya saturadas", explica.
En las barriadas musulmanas los chavales se quejan de los capones que sus profesores les propinan en La Residencia cuando no les pegan en los dedos con una regla. Talha lo niega hasta la saciedad. "El maltrato es antipedagógico", repite. "Desde Educación no podemos intervenir", señala Miguel Heredia. "Sólo podría hacerlo la fiscalía de menores".
La Residencia es un edificio desvencijado, pero tampoco es ese centro en el que "estudiar es un desafio cotidiano", como lo describía Mohamed Baghdadi cuando era, hace años, presidente de la Asociación de Padres de Alumnos.
La subida al último piso del colegio depara, sin embargo, una sorpresa. Falta una parte del techo, arrancado por el viento, según Talha. Algunas aulas quedan a la intemperie. Si llueve se mojan. El día en que este periodista lo visitó lucía un sol espléndido.
Unas manzanas más arriba, a Dunia, de 17 años, y Wassima, de 14, sí les hubiese gustado acudir al colegio. Viven con su madre y sus cinco hermanos -cuatro de ellos nacidos en Melilla- en la calle Guadalhorce, en el barrio del Monte María Cristina. "A Wassima no me la admitieron en La Residencia", se lamenta Habiba, su madre. No se le pasó por la cabeza tratar de matricularla en una escuela española.
Dunia y Wassima se manejan más o menos en castellano -en su casa hablan tamazig, conocido popularmente como rifeño o bereber- gracias a las monjas de María Inmaculada. Durante ocho horas semanales les enseñan a leer y escribir y también a coser. Dos veces al mes les entregan además un lote de galletas, leche, aceite etcétera.
Como tantas otras, las dos hermanas dudan en confiarse al forastero. "¿No será utilizado contra nosotros lo que le contemos?", pregunta Dunia temerosa. "¿No nos van a echar de Melilla por su culpa?". Cuando ya se relaja reconoce que le gustaría ser enfermera, aunque sabe que es un sueño inalcanzable.
Más asequible le parece, en cambio, dar el salto a la Península, escondida en algún vehículo, como hizo su hermana mayor, de 19 años, que vive ahora en Las Rozas (Madrid) y que "de vez en cuando manda algo de dinero". Falta hace porque la madre sólo cobra 240 euros mensuales limpiando escaleras y sólo el alquiler de su mísera vivienda cuesta 150. Por eso a la hora de la cena Dunia y sus hermanos se conforman con comer pan mojado en té a la menta.
Hace ya cinco años que José Palazón, que encabeza la ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein), y Abderramán Benyahia, secretario de la Asociación Musulmana de Melilla, se echaron a la calle al frente de cortejos de padres y niños para reivindicar su escolarización. Organizaron incluso clases improvisadas al aire libre. La protesta surtió efecto. Entre 200 y 600 chavales, según las fuentes, fueron admitidos en los colegios públicos.
Aquella oleada de escolarizaciones "alivió el problema, pero no lo resolvió", asegura Palazón. Estima que aún hay "unos 300" chavales musulmanes que no pisan la escuela en una ciudad de 75.000 habitantes. Por haber encabezado ésta y otras demandas sospecha que ha pagado un precio. "Llegué a tener cinco academias a las que las administraciones, estatal y local, enviaban a sus funcionarios para que se formasen, preparasen oposiciones, etcétera", recuerda este sexagenario. "De sopetón dejaron de venir". "Sólo una permanece abierta y funciona a medio gas", se lamenta.
"Hay una comisión de escolarización y no tenemos ninguna solicitud pendiente", replica Miguel Heredia, director provincial del Ministerio de Educación, una competencia que sigue en manos del Gobierno central. "Para que se tramite el ingreso en la escuela los padres deben presentar un documento que acredite algún tipo de permanencia en la ciudad", añade.
Ahí está el problema. En la Península es relativamente fácil para unos sin papeles empadronarse. "En Melilla es imposible", asegura Palazón. Los marroquíes necesitan un visado en su pasaporte para acceder a la Península. Para entrar a la ciudad autónoma les basta con un pasaporte o una nekua (carné de identidad) expedida en la provincia limítrofe de Nador, dónde viven 750.000 personas.
"Si se empadronase a todos los que lo solicitan tendríamos a todo Nador -una provincia paupérrima- inscrito en el padrón municipal de Melilla", afirma un alto cargo del Ayuntamiento controlado por el Partido Popular. "No hay medios para escolarizar a todo aquel chaval que pasa la frontera", recalca Miguel Heredia.
"Hay familias que llevan hasta 15 años en la ciudad, cuyos hijos han nacido aquí, y que siguen sin poder empadronarse y, por tanto, no tienen derecho alguno" empezando por el de ir al colegio, objeta Palazón.
"Es verdad que persiste el problema de los chavales sin escolarizar, pero hay cosas aún peores", sostiene Benyahia, que es también portavoz de la Comisión Islámica de Melilla. "Algunos hijos de sin papeles escolarizados hace un lustro cumplieron ya los 16 años y, al acabar el curso, se les invitó a abandonar el colegio aunque deseen seguir estudiando", asegura.
Heredia no lo desmiente. "El Estado cumple proporcionándoles una educación hasta que alcanzan los 16, la edad en que acaba la escolaridad obligatoria", explica. "Para seguir estudiando su situación debe estar regularizada", prosigue. "Sus padres se comprometieron a ello cuando se les permitió matricularse en el colegio". "No está previsto que se den títulos superiores a personas en situación irregular", concluye.
A Benyahia le preocupa también el alto índice de fracaso escolar y la "escasa integración interreligiosa" de los alumnos melillenses. "Hoy en día cerca del 70% de los chavales escolarizados en la ciudad son musulmanes", explica. "Hay colegios públicos como el Juan Caro o el León Sala que son 100% musulmanes". "Los que allí estudian viven en barrios musulmanes y desde párvulos hasta el bachillerato sólo se relacionan con gentes de su confesión". "No es bueno".
Cuando, en enero de 2006, el presidente José Luís Rodríguez Zapatero visitó la ciudad,, la Comisión Islámica le pidió que desde Educación se fomentase la mezcla interreligiosa. "Se comprometió a hacerlo, pero aún seguimos esperando", se lamenta Benyahia.
El fallo no incumbe sólo al Gobierno socialista. En la ciudad autónoma la educación está, en cierta medida, en manos del principal partido de oposición al PP, Coalición Por Melilla (CPM), una formación mayoritariamente musulmana que encabeza Mustafá Aberchán y que está integrada en Izquierda Unida.
En vísperas de las elecciones legislativas de 2008, CPM renunció a presentar candidatos y apoyó a los del PSOE. Ese respaldo tuvo una contrapartida: a los musulmanes se les dejó elegir al director provincial de Educación. "Mi nombramiento es fruto de ese pacto", reconoce Heredia.
La Residencia, un colegio marroquí alegal
Hay un colegio público en España del que las autoridades educativas ignoran cuantos alumnos acoge, que programas sigue y en el que los inspectores no pueden entrar: es La Residencia de Estudiantes Musulmanes Marroquíes situada en pleno centro de Melilla.La Residencia, íntegramente costeada por el Ministerio de Educación de Marruecos, rehusó cumplir con el Real Decreto de mayo de 1993 que regula el régimen jurídico de los centros extranjeros no universitarios en España. Todos los demás centros, desde los liceos franceses hasta los institutos británicos, se atienen al decreto.
Educación instó a La Residencia a legalizar su situación, pero no lo hizo "probablemente por razones políticas", apunta Miguel Heredia, director provincial en Melilla de ese ministerio. Rabat no reconoce la soberanía española sobre Melilla.
Heredia admite que los alumnos que frecuentan La Residencia "no están escolarizados a ojos del Estado español". "Sus estudios no se convalidan", precisa. En definitiva, es un colegio alegal.
El Real Decreto prevé que la inscripción de un centro de enseñanza extranjero no se efectuará o se cancelará si no cumple los requisitos estipulados. En consecuencia no podrá operar. "En cualquier otro sitio de España habrían cerrado de un plumazo un colegio como ese, pero en Melilla no se atreven para no tener un conflicto con Marruecos", afirma José Palazón que dirige la ONG Prodein.
Quizá haya otra razón para no clausurarla. Aunque sea alegal La Residencia cumple una función: escolariza a unos 620 niños musulmanes de párvulos al bachillerato. En un 85% viven en Melilla, pero muchos de ellos carecen de papeles y no pudieron matricularse en colegios públicos españoles.
Abdelkader Talha, un grandullón simpático, es el director de La Residencia. Vive en Nador (Marruecos) y cruza a diario la frontera junto con algunos profesores y un 15% de los alumnos. No pone ningún reparo en recibir a un periodista español y en organizarle una visita detallada.
Muestra orgulloso en su despacho los retratos de los reyes de Marruecos y de España, explica el programa escolar, la composición del alumnado -asegura que la mayoría reside legalmente en Melilla- y lamenta no tener capacidad para atender a todas las solicitudes de escolarización. "Las aulas están ya saturadas", explica.
En las barriadas musulmanas los chavales se quejan de los capones que sus profesores les propinan en La Residencia cuando no les pegan en los dedos con una regla. Talha lo niega hasta la saciedad. "El maltrato es antipedagógico", repite. "Desde Educación no podemos intervenir", señala Miguel Heredia. "Sólo podría hacerlo la fiscalía de menores".
La Residencia es un edificio desvencijado, pero tampoco es ese centro en el que "estudiar es un desafio cotidiano", como lo describía Mohamed Baghdadi cuando era, hace años, presidente de la Asociación de Padres de Alumnos.
La subida al último piso del colegio depara, sin embargo, una sorpresa. Falta una parte del techo, arrancado por el viento, según Talha. Algunas aulas quedan a la intemperie. Si llueve se mojan. El día en que este periodista lo visitó lucía un sol espléndido.
