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Política
Tal omisión es menos notoria entre quienes se postulan en filas de la fórmula oficialista, pues los cuatro años de gobierno del MAS dan suficientes elementos de juicio sobre la manera cómo se propone afrontar, en una probable nueva gestión gubernamental, los temas a los que nos referimos. Ya se sabe bien lo que el MAS se propone hacer para encarar asuntos como la política económica, y en especial la hidrocarburífera, el proceso de reforma constitucional aún inconcluso, o el problema de la coca y el narcotráfico, sólo por mencionar algunos ejemplos.
Nada se sabe, en cambio, de lo que sobre esos y otros temas piensan los principales candidatos de la oposición. Es tan elocuente su silencio, que sólo cabe suponer que con él tácitamente avalan cuanto el gobierno ha hecho durante los últimos años.
Mención especial, en ese contexto, merece el problema de la coca, su transformación en cocaína, y las enormes consecuencias que tal cadena productiva y comercial tiene sobre la estructura económica y social de nuestro país.
El problema no es nada nuevo. Hace ya muchas décadas que los sucesivos gobiernos —y sus respectivas oposiciones— tuvieron que lidiar con él. Tanto, que han sido ya muchas las fórmulas ensayadas —desde el intento de reducir “a cero” las plantaciones excedentes de coca, hasta la liberalización total de la producción de la hoja y su principal derivado, la cocaína— sin que ninguna haya sido suficiente para plasmarse en una política de Estado de largo aliento.
Llama mucho la atención, por eso, que el tema no figure entre los más destacados puntos del plan de gobierno de ninguno de los candidatos. A lo máximo que ha llegado uno de ellos es a proponer una especie de nuevo “Desarrollo Alternativo”, mediante el fomento de la producción de alimentos orgánicos, pero sin decir nada sobre las medidas que proponen tomar ante la exponencial proliferación de nuevas plantaciones de coca. Y mucho menos la manera cómo están proliferando los laboratorios para elaborar cocaína en todo el territorio nacional.
Otro candidato, el del Plan Progreso, al referirse al tema, ha propuesto que el Estado subvencione la coca destinada al consumo tradicional. Ha dicho que, en caso de ser gobierno, destinará parte de los recursos del erario nacional a entregar una especie de bono a los “acullicadores” que cubra la mitad del costo de su consumo de coca. No ha explicado, sin embargo, en qué se basa su suposición de que tal medida servirá para resolver el problema de fondo.
Y mientras eso ocurre, se multiplican las pruebas de que la coca y su transformación en cocaína, está convirtiéndose en el principal sustento y motor de la economía nacional, involucrando en ella directa e indirectamente a millones de personas y sus respectivas familias.
Nada se sabe, en cambio, de lo que sobre esos y otros temas piensan los principales candidatos de la oposición. Es tan elocuente su silencio, que sólo cabe suponer que con él tácitamente avalan cuanto el gobierno ha hecho durante los últimos años.
Mención especial, en ese contexto, merece el problema de la coca, su transformación en cocaína, y las enormes consecuencias que tal cadena productiva y comercial tiene sobre la estructura económica y social de nuestro país.
El problema no es nada nuevo. Hace ya muchas décadas que los sucesivos gobiernos —y sus respectivas oposiciones— tuvieron que lidiar con él. Tanto, que han sido ya muchas las fórmulas ensayadas —desde el intento de reducir “a cero” las plantaciones excedentes de coca, hasta la liberalización total de la producción de la hoja y su principal derivado, la cocaína— sin que ninguna haya sido suficiente para plasmarse en una política de Estado de largo aliento.
Llama mucho la atención, por eso, que el tema no figure entre los más destacados puntos del plan de gobierno de ninguno de los candidatos. A lo máximo que ha llegado uno de ellos es a proponer una especie de nuevo “Desarrollo Alternativo”, mediante el fomento de la producción de alimentos orgánicos, pero sin decir nada sobre las medidas que proponen tomar ante la exponencial proliferación de nuevas plantaciones de coca. Y mucho menos la manera cómo están proliferando los laboratorios para elaborar cocaína en todo el territorio nacional.
Otro candidato, el del Plan Progreso, al referirse al tema, ha propuesto que el Estado subvencione la coca destinada al consumo tradicional. Ha dicho que, en caso de ser gobierno, destinará parte de los recursos del erario nacional a entregar una especie de bono a los “acullicadores” que cubra la mitad del costo de su consumo de coca. No ha explicado, sin embargo, en qué se basa su suposición de que tal medida servirá para resolver el problema de fondo.
Y mientras eso ocurre, se multiplican las pruebas de que la coca y su transformación en cocaína, está convirtiéndose en el principal sustento y motor de la economía nacional, involucrando en ella directa e indirectamente a millones de personas y sus respectivas familias.
