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Política
Testigos de Jehová en Rusia
Un responsable ruso de los Testigos, Iaroslav Sivulski, se declaró "conmocionado" por la decisión de los jueces y anunció que la organización apelará.
"No pensaba que algo así podría suceder en la Rusia moderna, donde la Constitución garantiza la libertad de religión", dijo.
El ministerio de Justicia ruso había presentado una demanda ante la Alta corte porque consideraba que los Testigos de Jehová representan "una amenaza para los derechos de la gente, el orden público y la seguridad pública".
El juez Yury Ivanenko precisó en la lectura de la sentencia que la organización "deberá entregar sus propiedades a la Federación Rusa".
El grupo cuenta con 395 centros en todo el país.
Los Testigos de Jehová rusos han tenido varios encontronazos con la ley en los últimos años.
En enero, el responsable de la organización en la ciudad de Dzerzhinsk fue multado por haber distribuido material considerado extremista por las autoridades.
El gobierno ruso ya disolvió en 2004 una rama de la organización, y la Corte Europea de Derechos Humanos sentenció en 2010 que la decisión había violado los derechos de religión y asociación.
"No pensaba que algo así podría suceder en la Rusia moderna, donde la Constitución garantiza la libertad de religión", dijo.
El ministerio de Justicia ruso había presentado una demanda ante la Alta corte porque consideraba que los Testigos de Jehová representan "una amenaza para los derechos de la gente, el orden público y la seguridad pública".
El juez Yury Ivanenko precisó en la lectura de la sentencia que la organización "deberá entregar sus propiedades a la Federación Rusa".
El grupo cuenta con 395 centros en todo el país.
Los Testigos de Jehová rusos han tenido varios encontronazos con la ley en los últimos años.
En enero, el responsable de la organización en la ciudad de Dzerzhinsk fue multado por haber distribuido material considerado extremista por las autoridades.
El gobierno ruso ya disolvió en 2004 una rama de la organización, y la Corte Europea de Derechos Humanos sentenció en 2010 que la decisión había violado los derechos de religión y asociación.
