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Política
"En la práctica existe impunidad para un gran número de graves violaciones de derechos humanos. Entre los más de 30.000 paramilitares desmovilizados, la gran mayoría no se ha acogido a la Ley No. 975 de 2005 y falta claridad acerca de su situación jurídica", indica el documento al referirse a la también llamada Ley de Justicia y Paz.
"Se ha logrado solamente una sentencia condenatoria contra dos personas y se han abierto pocas investigaciones, a pesar de la sistemática violencia revelada en las versiones libres de los paramilitares", agrega el dictamen, pronunciado por los 18 expertos independientes de este comité, que vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.
De las "280.420 víctimas (que se han) registrado en el marco de (esa ley) preocupa que hasta la fecha sólo se han otorgado reparación para víctimas por vía judicial en un solo caso", añade el documento.
"La extradición por orden del poder ejecutivo de jefes paramilitares a los Estados Unidos para responder de cargos de narcotráfico ha resultado en una situación que obstaculiza la realización de investigaciones acerca de su responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos", critica el documento, al referirse a los cabecillas de los citados paramilitares.
El documento señala, además, que persisten las ejecuciones extrajudiciales, contabilizando "más de 1.200 casos" de asesinatos de civiles, "posteriormente presentados por la fuerza pública como bajas en combate", los denominados "falsos positivos", homicidios presuntamente avalados por directivas del Ministerio de Defensa, que el Comité urge "discontinuar".
En cuanto a las actividades ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República, en perjuicio de funcionarios judiciales, periodistas y organismos defensores de derechos humanos, el Comité pide que se depuren sus archivos y creen "sólidos sistemas de control y supervisión".
El Comité solicita asimismo que se "garantice la seguridad", particularmente de sindicalistas, se "erradique la detención preventiva administrativa y las detenciones masivas" por parte de la policía y el ejército, se prevenga el reclutamiento de niños por "grupos armados ilegales", se proteja a los desplazados y "a las poblaciones afrocolombianas e indígenas", y se reconozca la objeción de conciencia.
"Se ha logrado solamente una sentencia condenatoria contra dos personas y se han abierto pocas investigaciones, a pesar de la sistemática violencia revelada en las versiones libres de los paramilitares", agrega el dictamen, pronunciado por los 18 expertos independientes de este comité, que vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.
De las "280.420 víctimas (que se han) registrado en el marco de (esa ley) preocupa que hasta la fecha sólo se han otorgado reparación para víctimas por vía judicial en un solo caso", añade el documento.
"La extradición por orden del poder ejecutivo de jefes paramilitares a los Estados Unidos para responder de cargos de narcotráfico ha resultado en una situación que obstaculiza la realización de investigaciones acerca de su responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos", critica el documento, al referirse a los cabecillas de los citados paramilitares.
El documento señala, además, que persisten las ejecuciones extrajudiciales, contabilizando "más de 1.200 casos" de asesinatos de civiles, "posteriormente presentados por la fuerza pública como bajas en combate", los denominados "falsos positivos", homicidios presuntamente avalados por directivas del Ministerio de Defensa, que el Comité urge "discontinuar".
En cuanto a las actividades ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República, en perjuicio de funcionarios judiciales, periodistas y organismos defensores de derechos humanos, el Comité pide que se depuren sus archivos y creen "sólidos sistemas de control y supervisión".
El Comité solicita asimismo que se "garantice la seguridad", particularmente de sindicalistas, se "erradique la detención preventiva administrativa y las detenciones masivas" por parte de la policía y el ejército, se prevenga el reclutamiento de niños por "grupos armados ilegales", se proteja a los desplazados y "a las poblaciones afrocolombianas e indígenas", y se reconozca la objeción de conciencia.
