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El Consejo de la Judicatura de transición "resolvió por unanimidad cesar en funciones a 38 jueces, seis juezas y cuatro conjueces, todos ellos designados con nombramiento provisional durante el período 2009-2011", dijo el presidente de la entidad, Paulo Rodríguez.
La comisión también dejó sin efecto 42 nombramientos provisionales de personal judicial y administrativo y dio por terminados 71 contratos de servicios, añadió el funcionario.
Rodríguez sostuvo que la medida no obedece a "consideraciones particulares", sino al cumplimiento de lo que "el pueblo dispuso de manera expresa el 7 de mayo".
El comité, que tomó posesión el 26 de julio, está integrado por tres delegados del Gobierno, del Congreso y de la función de Transparencia y Control Social. Reemplazó al Consejo de la Judicatura durante 18 meses, tiempo fijado en la consulta para que reorganice el sector.
Una sus tareas es la evaluación de unos 8.000 funcionarios judiciales, un proceso que será asesorado por expertos de la universidad chilena de Talca.
"Todos los servidores judiciales van a ser evaluados en un plazo de 180 días. Quienes pasen la evaluación permanecerán en sus funciones; quienes no serán cesados inmediatamente", señaló el comisionado Fernando Yávar.
El presidente Rafael Correa propuso reformar la justicia vía referendo, invocando la necesidad de purgar el sector de "jueces corruptos y negligentes" para combatir la inseguridad.
En la consulta también se aprobó la modificación del Consejo de la Judicatura, que dirige la selección de jueces y demás funcionarios judiciales, para que incluya a un representante del Ejecutivo.
Durante la campaña para el referendo, la oposición acusó a Correa de querer apoderarse de la justicia y censurar a la prensa. El plebiscito dio vía libre para que el Congreso expida una ley de comunicación y cree un ente que regule los contenidos de la prensa.
La comisión también dejó sin efecto 42 nombramientos provisionales de personal judicial y administrativo y dio por terminados 71 contratos de servicios, añadió el funcionario.
Rodríguez sostuvo que la medida no obedece a "consideraciones particulares", sino al cumplimiento de lo que "el pueblo dispuso de manera expresa el 7 de mayo".
El comité, que tomó posesión el 26 de julio, está integrado por tres delegados del Gobierno, del Congreso y de la función de Transparencia y Control Social. Reemplazó al Consejo de la Judicatura durante 18 meses, tiempo fijado en la consulta para que reorganice el sector.
Una sus tareas es la evaluación de unos 8.000 funcionarios judiciales, un proceso que será asesorado por expertos de la universidad chilena de Talca.
"Todos los servidores judiciales van a ser evaluados en un plazo de 180 días. Quienes pasen la evaluación permanecerán en sus funciones; quienes no serán cesados inmediatamente", señaló el comisionado Fernando Yávar.
El presidente Rafael Correa propuso reformar la justicia vía referendo, invocando la necesidad de purgar el sector de "jueces corruptos y negligentes" para combatir la inseguridad.
En la consulta también se aprobó la modificación del Consejo de la Judicatura, que dirige la selección de jueces y demás funcionarios judiciales, para que incluya a un representante del Ejecutivo.
Durante la campaña para el referendo, la oposición acusó a Correa de querer apoderarse de la justicia y censurar a la prensa. El plebiscito dio vía libre para que el Congreso expida una ley de comunicación y cree un ente que regule los contenidos de la prensa.
