En apenas un mes, las fuerzas de seguridad han abatido a cientos de personas y detenido a otras miles, bajo las órdenes del nuevo presidente Rodrigo Duterte, cuya prioridad número es la lucha contra la droga.
Los detenidos tienen que sobrevivir en condiciones carcelarias inhumanas, como en la prisión de Quezon City, en los suburbios del norte de Manila, la capital de este país del sudeste asiático.
Con 42 años, Dimaculangan —un nombre falso, su verdadero nombre no puede ser utilizado por cuestiones legales— malvive en este infierno desde hace 14 años.
"Mucha gente se vuelve loca, no puede pensar más. Hay tanta gente que con el mínimo movimiento chocas con algo o con alguien", explica a la AFP en uno de los abarrotados pasillos de la cárcel.
La capacidad del centro, construido hace seis décadas, es para 800 personas pero actualmente se hacinan entre sus muros 3.800 detenidos. Las luchas por conseguir un pequeño espacio son constantes.
Para dormir, cada uno espera su turno para encontrar un exiguo sitio en la cancha de baloncesto en el exterior, en los peldaños de las escaleras, en viejas hamacas o incluso debajo de las camas.
El gobierno dedica a cada preso 50 pesos (un dólar) por día en comida y cinco pesos (unos 10 céntimos de dólar) en medicinas. Aunque parece insuficiente, gracias a las compras en grandes cantidades la alimentación —sopa, verduras y carne— es correcta.
Los cubos de agua son utilizados como cisternas en los escasos baños del recinto y el olor pestilente se mezcla con el de los restos de las verduras que se pudren en un canal cercano.
Raymund Narag, especialista de justicia penal en la Southern Illinois University, en Estados Unidos, dice que estas condiciones son impensables en occidente. "Si esto pasara en Estados Unidos, habría motines cada día. El Congreso declararía que estas cárceles no son aptas para los seres humanos", dijo a la AFP.
Según el instituto de investigación sobre políticas penales de la Universidad de Londres, el sistema penitenciario filipino es el tercero con más superpoblación del mundo.
De media hay casi cinco veces más detenidos que las plazas previstas, según las cifras del gobierno filipino.
Esta situación podría empeorar rápidamente. Desde la llegada al poder de Duterte el 30 de junio, más de 4.300 presuntos traficantes o consumidores de droga han sido detenidos, según la policía.
Muchos de los detenidos de Quezon City están a la espera de juicio. Desde la victoria de Duterte, han llegado otros 300.
"Si no hay nuevas cárceles, más tribunales y más fiscales, el sistema estallará. Se producirá una crisis humanitaria", advierte Raymund Narag, un exdetenido de 41 años.
Cuando tenía 20, en 1995, fue acusado del asesinato de un estudiante. Tuvo que pasar siete años en Quezon City antes de ser absuelto por la justicia. Ésta es la media de tiempo que suele pasar una persona en detención preventiva en Filipinas.
Mario Dimaculangan es el detenido que lleva más tiempo en Quezon City. Fue acusado de robar y asesinar a un miembro de la familia de un político en 2001. El hombre dice tener "la conciencia tranquila" y ser inocente. Su caso sigue abierto y comparece ante el tribunal una vez al año.
El sistema judicial de Filipinas es caótico y necesita más jueces, abogados de oficio y salas de tribunal.
Dimaculangan explica que al principio se sentía esperanzado cuando le informaban de sus próximas audiencias. Pero al ser postergadas continuamente fue perdiendo la confianza.
"Ahora, cuando me dicen que tengo una audiencia, me da igual", confiesa.
Sin ninguna esperanza de ser puesto en libertad, Dimaculangan se aferra a la fe católica.
"Mi objetivo es ayudar a mis camaradas detenidos. Dios no me ha enviado aquí porque yo soy un ladrón. Pero ¿cuántos ladrones hay ahí fuera y por qué no están dentro de la cárcel?", se pregunta.
Los detenidos tienen que sobrevivir en condiciones carcelarias inhumanas, como en la prisión de Quezon City, en los suburbios del norte de Manila, la capital de este país del sudeste asiático.
Con 42 años, Dimaculangan —un nombre falso, su verdadero nombre no puede ser utilizado por cuestiones legales— malvive en este infierno desde hace 14 años.
"Mucha gente se vuelve loca, no puede pensar más. Hay tanta gente que con el mínimo movimiento chocas con algo o con alguien", explica a la AFP en uno de los abarrotados pasillos de la cárcel.
La capacidad del centro, construido hace seis décadas, es para 800 personas pero actualmente se hacinan entre sus muros 3.800 detenidos. Las luchas por conseguir un pequeño espacio son constantes.
Para dormir, cada uno espera su turno para encontrar un exiguo sitio en la cancha de baloncesto en el exterior, en los peldaños de las escaleras, en viejas hamacas o incluso debajo de las camas.
El gobierno dedica a cada preso 50 pesos (un dólar) por día en comida y cinco pesos (unos 10 céntimos de dólar) en medicinas. Aunque parece insuficiente, gracias a las compras en grandes cantidades la alimentación —sopa, verduras y carne— es correcta.
- Condiciones impensables -
Los cubos de agua son utilizados como cisternas en los escasos baños del recinto y el olor pestilente se mezcla con el de los restos de las verduras que se pudren en un canal cercano.
Raymund Narag, especialista de justicia penal en la Southern Illinois University, en Estados Unidos, dice que estas condiciones son impensables en occidente. "Si esto pasara en Estados Unidos, habría motines cada día. El Congreso declararía que estas cárceles no son aptas para los seres humanos", dijo a la AFP.
Según el instituto de investigación sobre políticas penales de la Universidad de Londres, el sistema penitenciario filipino es el tercero con más superpoblación del mundo.
De media hay casi cinco veces más detenidos que las plazas previstas, según las cifras del gobierno filipino.
Esta situación podría empeorar rápidamente. Desde la llegada al poder de Duterte el 30 de junio, más de 4.300 presuntos traficantes o consumidores de droga han sido detenidos, según la policía.
- Justicia lenta -
Muchos de los detenidos de Quezon City están a la espera de juicio. Desde la victoria de Duterte, han llegado otros 300.
"Si no hay nuevas cárceles, más tribunales y más fiscales, el sistema estallará. Se producirá una crisis humanitaria", advierte Raymund Narag, un exdetenido de 41 años.
Cuando tenía 20, en 1995, fue acusado del asesinato de un estudiante. Tuvo que pasar siete años en Quezon City antes de ser absuelto por la justicia. Ésta es la media de tiempo que suele pasar una persona en detención preventiva en Filipinas.
Mario Dimaculangan es el detenido que lleva más tiempo en Quezon City. Fue acusado de robar y asesinar a un miembro de la familia de un político en 2001. El hombre dice tener "la conciencia tranquila" y ser inocente. Su caso sigue abierto y comparece ante el tribunal una vez al año.
El sistema judicial de Filipinas es caótico y necesita más jueces, abogados de oficio y salas de tribunal.
Dimaculangan explica que al principio se sentía esperanzado cuando le informaban de sus próximas audiencias. Pero al ser postergadas continuamente fue perdiendo la confianza.
"Ahora, cuando me dicen que tengo una audiencia, me da igual", confiesa.
Sin ninguna esperanza de ser puesto en libertad, Dimaculangan se aferra a la fe católica.
"Mi objetivo es ayudar a mis camaradas detenidos. Dios no me ha enviado aquí porque yo soy un ladrón. Pero ¿cuántos ladrones hay ahí fuera y por qué no están dentro de la cárcel?", se pregunta.