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El juez encargado del caso consideró que no ha lugar a las medidas cautelares solicitadas por la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) porque supondría "anticipar en cierta forma el resultado del fallo (del procedimiento)", iniciado por Confebus que, aún a demostrar, la situación de competencia desleal.
El juez añade que no puede conceder las medidas cautelares que llevarían a "alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante largo tiempo", ya que Blablacar está presente en España desde 2009, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Confebus lanzó su acción en los tribunales el pasado año contra Blablacar, plataforma creada en 2006, que comenzó a operar en noviembre pasado en Brasil y que cuenta con unos 25 millones de usuarios en 22 países, de ellos, 2,5 millones en España.
Esta plataforma, que cobra comisiones por los viajes acordados, niega ser un medio de transporte. Se define como una red social "basada en compartir coche y compartir gastos entre usuarios privados sin ánimo de lucro".
Sus abogados del bufete Pérez-Llorca insisten en que "nosotros no hacemos una actividad de transporte, hacemos otra cosa distinta: poner en contacto a gente que se quiere desplazar de un sitio a otro".
Confebus afirmó en un comunicado que "respeta la resolución del juzgado, pero quiere dejar claro que el que no se haya accedido a la consideración de las medidas cautelares no significa que se haya prejuzgado el fondo del asunto ni que se paralice el proceso judicial, que sigue adelante".
La Confederación recuerda que siempre se han compartido coches entre particulares, pero "en este caso lo que se está haciendo bajo el paraguas de economía colaborativa es otra cosa, es transporte público en vehículos particulares e intermediación en la contratación del transporte", lo que supone "competencia desleal".
A finales de septiembre, Blablacar anunció haber reunido 200 millones de dólares (177 millones de euros) en una ronda de inversores, uniéndose así al pequeño club de start-up no cotizadas en bolsa valoradas en más de 1.000 millones de dólares.
El juez añade que no puede conceder las medidas cautelares que llevarían a "alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante largo tiempo", ya que Blablacar está presente en España desde 2009, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Confebus lanzó su acción en los tribunales el pasado año contra Blablacar, plataforma creada en 2006, que comenzó a operar en noviembre pasado en Brasil y que cuenta con unos 25 millones de usuarios en 22 países, de ellos, 2,5 millones en España.
Esta plataforma, que cobra comisiones por los viajes acordados, niega ser un medio de transporte. Se define como una red social "basada en compartir coche y compartir gastos entre usuarios privados sin ánimo de lucro".
Sus abogados del bufete Pérez-Llorca insisten en que "nosotros no hacemos una actividad de transporte, hacemos otra cosa distinta: poner en contacto a gente que se quiere desplazar de un sitio a otro".
Confebus afirmó en un comunicado que "respeta la resolución del juzgado, pero quiere dejar claro que el que no se haya accedido a la consideración de las medidas cautelares no significa que se haya prejuzgado el fondo del asunto ni que se paralice el proceso judicial, que sigue adelante".
La Confederación recuerda que siempre se han compartido coches entre particulares, pero "en este caso lo que se está haciendo bajo el paraguas de economía colaborativa es otra cosa, es transporte público en vehículos particulares e intermediación en la contratación del transporte", lo que supone "competencia desleal".
A finales de septiembre, Blablacar anunció haber reunido 200 millones de dólares (177 millones de euros) en una ronda de inversores, uniéndose así al pequeño club de start-up no cotizadas en bolsa valoradas en más de 1.000 millones de dólares.
