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Soldados paquistaníes
El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, se reunirá este jueves con el presidente estadounidense, Barack Obama, en Washington, para abordar las perspectivas de paz en Afganistán; pero su propio país tiene dificultades para atajar el extremismo islamista.
El pasado mes de junio, el ejército lanzó una esperada ofensiva contra los extremistas armados que campaban a sus anchas en las zonas tribales de la región Waziristán del Norte.
Islamabad había anunciado en diciembre un ambicioso "Plan de Acción Nacional" contra los grupos violentos, a raíz de un ataque de los talibanes contra una escuela de Peshawar (norte), donde masacraron a más de 150 personas, en su mayoría niños.
El gobierno levantó entonces una moratoria sobre la pena de muerte aprobada seis años atrás, y el Parlamento modificó la Constitución para que los tribunales militares pudieran juzgar a los autores de atentados.
Los resultados no se hicieron esperar. En 2014, se registraron 110 atentados, que dejaron 644 muertos, frente a los 170 ataques de 2013, que se cobraron 1.202 vidas, según un recuento elaborado por la AFP y varias ONG, a falta de datos oficiales.
Por ahora, en 2015, el número de explosiones se redujo a 36, con 211 muertos.
Los paquistaníes vuelven a participar en eventos públicos, como el Día de la Independencia, que celebraron miles de personas en agosto, incluso en Karachi (sur), donde la policía retomó hace poco unos barrios que estaban en manos de los talibanes.
"Es mucho más tranquilo ahora", dice Mohamad Ameen, un mecánico de Karachi. "Antes, todo el mundo tenía miedo, se preocupaba... Pero las cosas han cambiado", se alegra.
Obama celebró la semana pasada, durante un discurso en la Casa Blanca, el éxito de la actual operación militar en Pakistán.
La ofensiva contra los islamistas armados parece haber llevado a varias instituciones a enfrentarse más abiertamente a ellos.
El Tribunal Supremo de Pakistán ratificó, por ejemplo, este mes la pena de muerte para el asesino de un hombre político que había intentado reformar la ley sobre la blasfemia, un veredicto que los moderados celebraron como una victoria ante el fanatismo religioso.
Pero el respiro podría durar poco tiempo, y los más críticos señalan que la única reforma que se aprobó a largo plazo es la controvertida reanudación de las ejecuciones.
"Las autoridades han conseguido presionar momentáneamente a los grupos que apoyan al extremismo, pero no se ve casi ningún esfuerzo por instaurar un mecanismo duradero contra esa plaga", lamenta Amir Rana, analista de seguridad, que pone el ejemplo de las escuelas coránicas o madrazas.
Según él, no se supervisa el programa que se enseña a los niños, a pesar de las sospechas de que algunos de esos establecimientos están financiados por países extranjeros, sobre todo del Golfo, lo que hace temer que sean un terreno fértil para la intolerancia.
"El gobierno no tiene la valentía necesaria para (...) controlar de forma permanente las escuelas coránicas", opina Rana. "Temen que los grupos religiosos salgan a la calle y protesten".
También se cuestiona la reanudación de las ejecuciones, una medida clave del Plan de Acción Nacional.
Unos 250 condenados a muerte fueron ejecutados desde diciembre, según el recuento efectuado por la AFP y defensores de los derechos humanos, a falta de datos oficiales.
Pero Rana considera que sólo un cuarto de los ejecutados fueron condenados por hechos de terrorismo. Y un reciente estudio del Instituto Paquistaní de Estudios sobre la Paz sugiere que el ahorcamiento no disuade a los extremistas porque "muchos están (...) dispuesto a morir por su causa".
El pasado mes de junio, el ejército lanzó una esperada ofensiva contra los extremistas armados que campaban a sus anchas en las zonas tribales de la región Waziristán del Norte.
Islamabad había anunciado en diciembre un ambicioso "Plan de Acción Nacional" contra los grupos violentos, a raíz de un ataque de los talibanes contra una escuela de Peshawar (norte), donde masacraron a más de 150 personas, en su mayoría niños.
El gobierno levantó entonces una moratoria sobre la pena de muerte aprobada seis años atrás, y el Parlamento modificó la Constitución para que los tribunales militares pudieran juzgar a los autores de atentados.
Los resultados no se hicieron esperar. En 2014, se registraron 110 atentados, que dejaron 644 muertos, frente a los 170 ataques de 2013, que se cobraron 1.202 vidas, según un recuento elaborado por la AFP y varias ONG, a falta de datos oficiales.
Por ahora, en 2015, el número de explosiones se redujo a 36, con 211 muertos.
Los paquistaníes vuelven a participar en eventos públicos, como el Día de la Independencia, que celebraron miles de personas en agosto, incluso en Karachi (sur), donde la policía retomó hace poco unos barrios que estaban en manos de los talibanes.
"Es mucho más tranquilo ahora", dice Mohamad Ameen, un mecánico de Karachi. "Antes, todo el mundo tenía miedo, se preocupaba... Pero las cosas han cambiado", se alegra.
Obama celebró la semana pasada, durante un discurso en la Casa Blanca, el éxito de la actual operación militar en Pakistán.
- Terreno fértil para la intolerancia -
La ofensiva contra los islamistas armados parece haber llevado a varias instituciones a enfrentarse más abiertamente a ellos.
El Tribunal Supremo de Pakistán ratificó, por ejemplo, este mes la pena de muerte para el asesino de un hombre político que había intentado reformar la ley sobre la blasfemia, un veredicto que los moderados celebraron como una victoria ante el fanatismo religioso.
Pero el respiro podría durar poco tiempo, y los más críticos señalan que la única reforma que se aprobó a largo plazo es la controvertida reanudación de las ejecuciones.
"Las autoridades han conseguido presionar momentáneamente a los grupos que apoyan al extremismo, pero no se ve casi ningún esfuerzo por instaurar un mecanismo duradero contra esa plaga", lamenta Amir Rana, analista de seguridad, que pone el ejemplo de las escuelas coránicas o madrazas.
Según él, no se supervisa el programa que se enseña a los niños, a pesar de las sospechas de que algunos de esos establecimientos están financiados por países extranjeros, sobre todo del Golfo, lo que hace temer que sean un terreno fértil para la intolerancia.
"El gobierno no tiene la valentía necesaria para (...) controlar de forma permanente las escuelas coránicas", opina Rana. "Temen que los grupos religiosos salgan a la calle y protesten".
También se cuestiona la reanudación de las ejecuciones, una medida clave del Plan de Acción Nacional.
Unos 250 condenados a muerte fueron ejecutados desde diciembre, según el recuento efectuado por la AFP y defensores de los derechos humanos, a falta de datos oficiales.
Pero Rana considera que sólo un cuarto de los ejecutados fueron condenados por hechos de terrorismo. Y un reciente estudio del Instituto Paquistaní de Estudios sobre la Paz sugiere que el ahorcamiento no disuade a los extremistas porque "muchos están (...) dispuesto a morir por su causa".
