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PEKÍN, (AFP) -
Los ingresos por cápita en las ciudades fueron en 2009 de 17.117 yuanes (2.500 dólares), frente a 5.153 yuanes en el campo, según los datos publicados esta semana por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).
La ONS se abstuvo de comparar esos datos con los de años anteriores, pero según el diario China Daily se trata de la mayor brecha entre el mundo rural y el urbano desde que el régimen comunista lanzó en 1978 sus reformas económicas de tipo capitalista.
La brecha, ahondada por el rápido desarrollo de zonas y ciudades costeras, que dejaron a la zaga al interior del país, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los dirigentes chinos, por el riesgo de agitación y desestabilización social que plantea.
El gobierno anunció recientemente varias medidas para fomentar el desarrollo de las zonas rurales, donde viven unos 900 millones de los 1.300 millones de habitantes del país, y para reforzar las redes de seguridad social.
También se oyen cada vez más voces que piden reformar el sistema de registro de residencia ("hukou"), que impide a unos 230 millones de trabajadores migrantes instalarse oficialmente fuera de sus lugares de origen.
Con ello, se les niega el acceso a los servicios públicos como el subsidio por desempleo y el seguro médico, así como la escolarización gratuita para sus hijos, por lo que muchos se ven obligados a recurrir a sus pocos ahorros.
Trece de los principales diarios controlados por el Estado en todo el país publicaron el lunes un inhabitual editorial conjunto, en el que piden abolir ese sistema por considerar que convierte en ciudadanos de segunda clase a las personas obligadas a buscar trabajo fuera de sus regiones.
No es común que la prensa china cuestione la política gubernamental. Sin embargo, el propio gobierno prometió recientemente llevar a cabo una reforma.
El problema de la brecha entre el mundo rural y el urbano ocupará previsiblemente un lugar destacado entre los temas que tratará la próxima sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Parlamento), que se inicia el viernes.
El primer ministro, Wen Jiabao, señaló que las cuestiones de la brecha social y del "hukou" serán primordiales en esa sesión parlamentaria, al responder el pasado fin de semana a preguntas de internautas, toda una innovación en los métodos de comunicación de los jerarcas chinos.
"No es justo que la riqueza de una sociedad se encuentre sólo en manos de unos pocos. En este caso, la sociedad está condenada a la inestabilidad", afirmó Wen.
Prueba de esas inquietudes, más de 700.000 personas formarán parte del contingente encargado de mantener el orden público en Pekín durante la sesión legislativa, en la que el gobierno develará su plan económico para 2010 y su presupuesto, ante más de 5.000 delegados de todo el país.
El gigantesco operativo de seguridad incluye policías, policías paramilitares, guardias de seguridad de oficinas gubernamentales y empresas y voluntarios.
El sistema "hukou" se implantó en la década de los 50, tras la toma del poder por el Partido Comunista en 1949, para frenar los movimientos demográficos desestabilizadores en un país que se recuperaba de la guerra civil, pero se fue flexibilizando con las reformas económicas, para permitir a la mano de obra barata migrar hacia los grandes centros industriales.
Los ingresos por cápita en las ciudades fueron en 2009 de 17.117 yuanes (2.500 dólares), frente a 5.153 yuanes en el campo, según los datos publicados esta semana por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).
La ONS se abstuvo de comparar esos datos con los de años anteriores, pero según el diario China Daily se trata de la mayor brecha entre el mundo rural y el urbano desde que el régimen comunista lanzó en 1978 sus reformas económicas de tipo capitalista.
La brecha, ahondada por el rápido desarrollo de zonas y ciudades costeras, que dejaron a la zaga al interior del país, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los dirigentes chinos, por el riesgo de agitación y desestabilización social que plantea.
El gobierno anunció recientemente varias medidas para fomentar el desarrollo de las zonas rurales, donde viven unos 900 millones de los 1.300 millones de habitantes del país, y para reforzar las redes de seguridad social.
También se oyen cada vez más voces que piden reformar el sistema de registro de residencia ("hukou"), que impide a unos 230 millones de trabajadores migrantes instalarse oficialmente fuera de sus lugares de origen.
Con ello, se les niega el acceso a los servicios públicos como el subsidio por desempleo y el seguro médico, así como la escolarización gratuita para sus hijos, por lo que muchos se ven obligados a recurrir a sus pocos ahorros.
Trece de los principales diarios controlados por el Estado en todo el país publicaron el lunes un inhabitual editorial conjunto, en el que piden abolir ese sistema por considerar que convierte en ciudadanos de segunda clase a las personas obligadas a buscar trabajo fuera de sus regiones.
No es común que la prensa china cuestione la política gubernamental. Sin embargo, el propio gobierno prometió recientemente llevar a cabo una reforma.
El problema de la brecha entre el mundo rural y el urbano ocupará previsiblemente un lugar destacado entre los temas que tratará la próxima sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Parlamento), que se inicia el viernes.
El primer ministro, Wen Jiabao, señaló que las cuestiones de la brecha social y del "hukou" serán primordiales en esa sesión parlamentaria, al responder el pasado fin de semana a preguntas de internautas, toda una innovación en los métodos de comunicación de los jerarcas chinos.
"No es justo que la riqueza de una sociedad se encuentre sólo en manos de unos pocos. En este caso, la sociedad está condenada a la inestabilidad", afirmó Wen.
Prueba de esas inquietudes, más de 700.000 personas formarán parte del contingente encargado de mantener el orden público en Pekín durante la sesión legislativa, en la que el gobierno develará su plan económico para 2010 y su presupuesto, ante más de 5.000 delegados de todo el país.
El gigantesco operativo de seguridad incluye policías, policías paramilitares, guardias de seguridad de oficinas gubernamentales y empresas y voluntarios.
El sistema "hukou" se implantó en la década de los 50, tras la toma del poder por el Partido Comunista en 1949, para frenar los movimientos demográficos desestabilizadores en un país que se recuperaba de la guerra civil, pero se fue flexibilizando con las reformas económicas, para permitir a la mano de obra barata migrar hacia los grandes centros industriales.
