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Llamados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), principal representante del colectivo, y con el apoyo expreso del Partido Popular, la derecha en el poder, la multitud se congregó en la céntrica plaza de Colón, donde se instaló un escenario con una pancarta gigante con la palabra "Justicia" flanqueada por dos lazos negros en señal de duelo.
Con los acordes del himno nacional sonando por los altavoces, muchos manifestantes ondeaban centenares de banderas españolas monárquicas, símbolo de la monarquía y de la dictadura militar.
Mientras, un miembro de la organización gritaba "contra ETA" por la megafonía general, consigna acogida con aplausos en la plaza, que entonó al unísono el cántico "España unida jamás será vencida".
"Los criminales tienen que pagar", afirmaba una manifestante de 71 años, María Luisa Guisado, que iba con su marido y otra pareja de amigos jubilados, todos con banderolas monárquicas en sus manos.
"No somos víctimas, gracias a Dios, pero estamos aquí por lo menos para apoyar a las víctimas. Ojalá sirviera de algo", añadía.
"Queríamos estar con las víctimas del terrorismo", decía Antonio Quiroga, de 42 años, con su mujer y sus tres hijos, uno de ellos con la bandera española colgada a sus espaldas.
Las asociaciones de víctimas de ETA protestan contra la sentencia del 21 de octubre del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo, que ha permitido la puesta en libertad de Inés del Río Prada, una militante del grupo separatista condenada por 24 asesinatos a 3.828 años de prisión, de los que ha cumplido 26.
Los jueces consideraron "ilegal" la prolongación a partir de 2008 de su encarcelamiento debido a la doctrina Parot, un sistema de cómputo de la reducción de penas aplicado con retroactividad en España desde 2006 que afectaba a los presos con múltiples condenas.
Si esta decisión sienta jurisprudencia, la justicia española podría verse forzada a liberar a decenas de detenidos de ETA. Un segundo etarra ya fue liberado el viernes, mientras otros 51 han presentado recursos para ser excarcelados a raíz del fallo de Estrasburgo.
"Es increíble que Inés del Río ya esté en la calle. Con más de 20 asesinatos, como esperan que se vaya a reinsertar", protestaba Santiago González, un jubilado de 76 años.
"No entiendo como a veces la justicia tarda mil años y ahora en dos días ya los empiezan a soltar", se indignaba Elena Cubillas, de 40 años, con sus hijas de 6 y 8 años cogidas de las manos.
En un país donde el recuerdo de la violencia aun persiste muy vivo --el último atentado mortal en España data de 2009--, la sentencia del tribunal europeo ha encendido la polémica.
Presionado por la indignación de las asociaciones de víctimas, un importante lobby conservador, el jefe de gobierno Mariano Rajoy calificó de "injusta" la decisión, mientras su partido se unía a la llamada de AVT para manifestarse.
Pero aun así, algunas víctimas consideran insuficiente la respuesta del gobierno y la justicia española, a quienes piden que no acaten la sentencia.
"ETA culpable, gobierno responsable", gritaba un grupo de manifestantes. "Rajoy traidor a España. Pisas - miserable - el dolor de las víctimas", proclamaba una pancarta.
Desde su llegada al poder en 2011, el gobierno de Mariano Rajoy ha mostrado una posición inflexible hacia ETA, responsable de la muerte de 829 personas durante cuarenta años de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra.
Considerada organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, el grupo renunció a la violencia el 20 de octubre de 2011.
Desde entonces, la situación se ha estancado con el gobierno pidiendo su disolución incondicional y el abandono de las armas mientras ETA aguarda una negociación sobre la situación de los 600 presos recluidos en España y Francia.
