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El rabino Yosef Shalom Elyashiv, que criticó la carta
Unos 250 rabinos israelíes se unieron a 50 de sus colegas, que esta semana llamaron en una carta abierta a prohibir la venta o el alquiler de casas y terrenos a no judíos.
El primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente Shimon Peres y el presidente del Parlamento, Reuven Rivlin, condenaron el manifiesto.
"¿Cómo reaccionaríamos si alguien proclamara que está prohibido venderle casas a los judíos?", se preguntó Netanyahu.
El fiscal general del Estado, Yehuda Weinstein, anunció en un comunicado que sus servicios estudian la posibilidad de "emprender sanciones administrativas o acciones penales" contra los firmantes, aunque matizó que estas iniciativas son legalmente "muy problemáticas".
Por el momento no se ha tomado ninguna sanción contra los firmantes, funcionarios del Estado a cargo de los servicios religiosos (entre ellos las bodas), o directores de seminarios talmúdicos, tanto en Israel como en las colonias judías de Cisjordania ocupada.
"Expresan la angustia de toda una población, en particular las capas más pobres", declara a la AFP el sociólogo e historiador Menachem Friedmann, profesor en la universidad Bar Ilan.
Según este especialista del mundo religioso judío, "como las amenazas que pesan sobre Israel vienen del islamismo, y las posiciones hostiles al Estado de representantes de la minoría árabe, se alimenta esta angustia y una mentalidad de gueto, pese a que los judíos son mayoritarios en Israel".
Si el Estado israelí no los sanciona, significará según él que "el poder es débil y depende mucho del apoyo de los partidos religiosos".
"La Tora prohíbe vender a un extranjero una casa o un campo de la Tierra de Israel", escribieron los rabinos en su carta abierta.
"Quien vende o alquila un apartamento (a no judíos) en un barrio donde viven judíos le causa un gran daño a sus vecinos, porque el modo de vida (de los no judíos) es diferente del de los judíos, porque nos persiguen y vienen a inmiscuirse en nuestra existencia", añaden los rabinos firmantes.
Las organizaciones representantes de la minoría árabe en Israel y varias asociaciones de defensa de los derechos humanos se indignaron por el llamamiento, así como el Memorial Yad Vashem de Jerusalén, construido en recuerdo de los seis millones de judíos exterminados por los nazis.
Los grandes diarios también se muestran muy críticos. El rotativo de izquierda Haaretz titula su editorial de este jueves: "El racismo financiado por el servicio público", y considera que los rabinos han "aprovechado su posición para incitar al odio, en violación flagrante de la ley".
"El racismo se extiende", titula el diario de gran tirada Yediot Aharonot.
Por su lado, el gran rabino de Ramat Gan (afueras de Tel Aviv), al frente de un grupo influyente de cientos de rabinos sionistas ortodoxos, denunció el manifiesto.
Sin embargo, los dos grandes rabinos de Israel, askenazí y sefardita, no se han unido a las condenas.
La comunidad de árabes israelíes, descendientes de los 160.000 palestinos que permanecieron en sus tierras tras la creación del Estado de Israel en 1948, cuenta 1,3 millones de personas, el 20% de la población israelí.
La comunidad es víctima de discriminaciones, sobre todo en cuanto al empleo y la compra de apartamentos en localidades judías.
El primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente Shimon Peres y el presidente del Parlamento, Reuven Rivlin, condenaron el manifiesto.
"¿Cómo reaccionaríamos si alguien proclamara que está prohibido venderle casas a los judíos?", se preguntó Netanyahu.
El fiscal general del Estado, Yehuda Weinstein, anunció en un comunicado que sus servicios estudian la posibilidad de "emprender sanciones administrativas o acciones penales" contra los firmantes, aunque matizó que estas iniciativas son legalmente "muy problemáticas".
Por el momento no se ha tomado ninguna sanción contra los firmantes, funcionarios del Estado a cargo de los servicios religiosos (entre ellos las bodas), o directores de seminarios talmúdicos, tanto en Israel como en las colonias judías de Cisjordania ocupada.
"Expresan la angustia de toda una población, en particular las capas más pobres", declara a la AFP el sociólogo e historiador Menachem Friedmann, profesor en la universidad Bar Ilan.
Según este especialista del mundo religioso judío, "como las amenazas que pesan sobre Israel vienen del islamismo, y las posiciones hostiles al Estado de representantes de la minoría árabe, se alimenta esta angustia y una mentalidad de gueto, pese a que los judíos son mayoritarios en Israel".
Si el Estado israelí no los sanciona, significará según él que "el poder es débil y depende mucho del apoyo de los partidos religiosos".
"La Tora prohíbe vender a un extranjero una casa o un campo de la Tierra de Israel", escribieron los rabinos en su carta abierta.
"Quien vende o alquila un apartamento (a no judíos) en un barrio donde viven judíos le causa un gran daño a sus vecinos, porque el modo de vida (de los no judíos) es diferente del de los judíos, porque nos persiguen y vienen a inmiscuirse en nuestra existencia", añaden los rabinos firmantes.
Las organizaciones representantes de la minoría árabe en Israel y varias asociaciones de defensa de los derechos humanos se indignaron por el llamamiento, así como el Memorial Yad Vashem de Jerusalén, construido en recuerdo de los seis millones de judíos exterminados por los nazis.
Los grandes diarios también se muestran muy críticos. El rotativo de izquierda Haaretz titula su editorial de este jueves: "El racismo financiado por el servicio público", y considera que los rabinos han "aprovechado su posición para incitar al odio, en violación flagrante de la ley".
"El racismo se extiende", titula el diario de gran tirada Yediot Aharonot.
Por su lado, el gran rabino de Ramat Gan (afueras de Tel Aviv), al frente de un grupo influyente de cientos de rabinos sionistas ortodoxos, denunció el manifiesto.
Sin embargo, los dos grandes rabinos de Israel, askenazí y sefardita, no se han unido a las condenas.
La comunidad de árabes israelíes, descendientes de los 160.000 palestinos que permanecieron en sus tierras tras la creación del Estado de Israel en 1948, cuenta 1,3 millones de personas, el 20% de la población israelí.
La comunidad es víctima de discriminaciones, sobre todo en cuanto al empleo y la compra de apartamentos en localidades judías.
