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Algunos temen que se desate una nueva guerra de los crucifijos, e incluso que peligre la paz religiosa. Otros dicen que ya es hora para esa reforma. Y muchos recelan. Han colmado sus decepciones en los últimos años y creen que el Gobierno carece de coraje para llegar al fondo en la proclamada aconfesionalidad constitucional del Estado español.
Las disputas sobre la masiva presencia de símbolos católicos en los colegios públicos son la historia de nunca acabar. En realidad, encubren un debate más amplio: el de la confesionalidad encubierta del Estado español, muy visible en ocasiones. En muchos aspectos, el férreo nacionalcatolicismo franquista sigue vigente, pese a lo acordado por la Constitución de 1978. Ocurre cuando el presidente del Gobierno y los ministros toman posesión de sus cargos ante un vistoso crucifijo, o cuando asisten a ceremonias católicas que son calificadas oficialmente "de Estado"; también cuando el Gobierno socialista acuerda con la Conferencia Episcopal un nuevo y más generoso sistema de financiación pública para el culto y el clero católicos, marginando al resto de las confesiones, que cuentan ya con varios millones de fieles en España.
La reforma religiosa anunciada cuenta con muchos apoyos, pero también con reticencias. La primera crítica se refiere al procedimiento. No hay información; nadie sabe cómo se está gestando. Es la queja de Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). La Dirección General de Relaciones con las Confesiones Religiosas, del Ministerio de Justicia, pidió opinión a este dirigente protestante, hace algo más de un año, sobre la oportunidad de cambiar la ley y sobre los asuntos a tocar. No ha vuelto a tener noticia, pese a remitir casi a vuelta de correo sus opiniones. Lo mismo le ha pasado al resto de los líderes de las confesiones que cuentan con la declaración oficial de "notorio arraigo".
"Desconocemos cuáles son los criterios del Gobierno y nuestro temor es que no se afronten los verdaderos problemas estructurales del sistema de libertad religiosa. Si se cambia la norma, lo mejor sería un consenso generalizado, sobre todo si deseamos no romper la paz religiosa que es clave para la futura paz social", añade Blázquez.
También se queja de "falta de información" la Iglesia católica española, representada en la Comisión de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia por el jurista y sacerdote Silverio Nieto. La confesión mayoritaria se siente "algo más que una invitada de piedra". Los obispos no se hacen ilusiones, pese a afirmar, en un principio, que la nueva ley de libertad religiosa no les afectaría "en absoluto", amparados por el concordato firmado en Roma en 1979. Ya no están tan seguros.
La mera proposición de la reforma le parece a la jerarquía del catolicismo "un acto de prepotencia", un paso más en lo que el arzobispo emérito de Pamplona, Fernando Sebastián, llama "el laicismo intransigente". Sebastián, uno de los grandes cerebros del episcopado español, sostiene que "los partidos y asociaciones de izquierdas piensan que lo público tiene que ser laico".
Sería decepcionante que el debate previo de tan importante reforma se centrase en una supuesta guerra de crucifijos. Además, no sería la primera. Ya hubo una, muy airada, en 1977, cuando el presidente de las nuevas Cortes, el católico Antonio Hernández Gil, retiró el crucifijo de su despacho oficial. El general Franco, cruzado nacionalcatólico, había muerto hacía dos años. También surgió una gran trifulca cuando el director de Radio Nacional en 1982, Eduardo Sotillos, suprimió el rezo del ángelus al mediodía, y eso que mantuvo una sintonía de campanas y la siguiente locución: "Con las campanadas del mediodía, Radio Nacional recuerda a sus oyentes católicos que es la hora del ángelus".
Parecería que por las cuestiones que afectan a la relación entre un Estado laico y las creencias de sus ciudadanos no hayan pasado los años. En la execración episcopal contra toda reforma que equipare derechos y deberes de las religiones impera la vieja proclama del Catecismo Patriótico Español, de lectura obligatoria durante décadas en las escuelas públicas y privadas. Para argumentar por qué España había llegado a ser "Una y Grande", reproducía casi al pie de la letra el famoso texto de Menéndez Pelayo sobre la "unidad de creencia" como partera de la España que fue una vez "luz de Trento y espada de Roma".
"Cristofobia" o "anticlericalismo rancio" son calificativos que se escuchan en las filas eclesiásticas ante el anuncio del ministro Caamaño sobre la supresión de símbolos religiosos en los espacios públicos. El cardenal Antonio María Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal, es contundente: "Si la reforma implica que los católicos no pudieran jurar sus cargos ante un crucifijo, no sería aceptable. El crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de España. Siempre hay minorías que se ofenden por todo, pero la presencia del crucifijo es masiva en todos los pueblos, así que o se destruye España para quitarlos, o cierran los ojos".
Es también la opinión del jurista y político catalán Jorge Trías Segnier. Afirma, con esta cita de Unamuno: "La presencia del crucifijo en las escuelas no ofende a ningún sentimiento ni aun al de los racionalistas y ateos; y el quitarlo ofende al sentimiento popular hasta el de los que carecen de creencias confesionales". Según Trías, este pensamiento del autor de La agonía del cristianismo resume el sentimiento de la mayoría de los españoles. "No me parece un buen inicio para comenzar a discutir las bases de la nueva ley y tratar de llegar a un acuerdo entre el Estado y las confesiones comenzar con esa iniciativa agresiva e innecesaria. Me sorprende en un ministro dialogante como parece que es Francisco Caamaño. España es un estado aconfesional pero no laicista. Según el artículo 16 de la CE debe existir una especial cooperación con la Iglesia católica y con las demás confesiones, según sean las creencias mayoritarias de la sociedad española. Eso es lo que dice la Constitución. Pretender otra cosa es inventarse una interpretación que no está en la ley. Me cuesta entender qué es lo que pretende el Gobierno con la retirada de los símbolos cristianos. La modernidad no comienza con la revolución francesa. La modernidad, es decir, los principios de igualdad, libertad y caridad o amor o fraternidad, son principios evangélicos que sintetizan la tradición bíblica de la Torá", añade.
Antonio Monclús, catedrático de Didáctica y Organización Escolar, también acude a una cita de gran autoridad para sustentar su criterio. Se refiere a Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública en la II República. Escribió en 1931: "El Estado, ni por su naturaleza jurídica, ni por su finalidad, ni por el postulado que hemos admitido en España, la libertad de cultos, puede ni debe hacer otra cosa que declarar su carácter aconfesional. El Estado solicita del hombre acciones con que ir tejiendo la conducta de la comunidad; pero el Estado no puede solicitar del hombre ni emociones, ni sentimientos, ni creencias, y es, sin embargo, en el reino de la emoción, del sentimiento y de la creencia donde viven la fe y la confesión. Por eso, ante el dintel de la fe, de la creencia, de la emoción, del sentimiento, el Estado no es que puede, es que debe mantenerse alejado y neutral; es decir, el Estado tiene que ser aconfesional".
Antonio Monclús sostiene que "la presencia de crucifijos o símbolos religiosos en las escuelas es una consecuencia directa del nacionalcatolicismo que constituyó la esencia del régimen franquista". Ello implica una serie de dimensiones. "En primer lugar, es una falta de respeto a la igualdad de oportunidades en lo que se refiere a la libertad de expresión, en este caso, de ideas religiosas o no religiosas. En segundo lugar, transmite el abuso de una posición dominante, en este caso la herencia del sistema de privilegios de la iglesia católica en la educación en España. En tercer lugar, no puede eludir el recuerdo de una victoria bélica, que fue el origen del estado franquista surgido tras la derrota en 1939 del gobierno republicano, legítimamente constituido", dice.
Como desarrollo constitucional, una de las primeras medidas fue la supresión de símbolos religiosos en los centros educativos públicos, por medio de la Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza de enero de 1932: "La Escuela, en lo sucesivo, se inhibirá de los problemas religiosos. La Escuela es de todos y aspira a ser para todos", decía.
La respuesta de la Iglesia y los sectores conservadores fue intransigente. Pese a las manifestaciones de protesta, en mayor o menor medida la orden se aplicó, así como la voluntariedad, primero, y después la supresión, de la asignatura de Religión. También se procedió a secularizar cuarteles, prisiones, hospitales y centros de beneficencia públicos, en donde el personal religioso desapareció (capellanes castrenses, por ejemplo), o fue sustituido por profesionales.
La implantación de la dictadura franquista (1939-1975) supuso un regreso a la confesionalidad del Estado, con omnipresencia de símbolos religiosos en los edificios públicos. En 1967, las Cortes franquistas se vieron obligadas a aprobar la Ley de Libertad Religiosa, por la decisión del Concilio Vaticano II de introducir la libertad religiosa con la declaración conciliar Dignitatis humanae.
El episcopado y las autoridades franquistas opinaron que la declaración conciliar no era incompatible con la confesionalidad del Estado y la unidad católica del país. Esta ley, no obstante, no pasó de refrendar una tímida tolerancia religiosa (era necesaria una autorización oficial para abrir templos o realizar manifestaciones religiosas fuera de los mismos), y mantuvo la confesionalidad del Estado, por lo que no se cuestionó la presencia de los símbolos religiosos en espacios estatales.
Durante la transición a la democracia (1975-1982), el debate sobre la cuestión religiosa de nuevo fue un asunto polémico. La Constitución de 1978 declara al Estado español como no confesional, pero incorpora una mención especial a la presencia de la Iglesia católica en la sociedad española. El Acuerdo con la Santa Sede de enero de 1979 sobre la enseñanza y asuntos culturales no hace alusión a los símbolos religiosos en las estancias públicas, y tampoco otro sobre las Fuerzas Armadas, también de enero de 1979, pese a que contempla la existencia de capellanes castrenses en los cuarteles.
Las disputas sobre la masiva presencia de símbolos católicos en los colegios públicos son la historia de nunca acabar. En realidad, encubren un debate más amplio: el de la confesionalidad encubierta del Estado español, muy visible en ocasiones. En muchos aspectos, el férreo nacionalcatolicismo franquista sigue vigente, pese a lo acordado por la Constitución de 1978. Ocurre cuando el presidente del Gobierno y los ministros toman posesión de sus cargos ante un vistoso crucifijo, o cuando asisten a ceremonias católicas que son calificadas oficialmente "de Estado"; también cuando el Gobierno socialista acuerda con la Conferencia Episcopal un nuevo y más generoso sistema de financiación pública para el culto y el clero católicos, marginando al resto de las confesiones, que cuentan ya con varios millones de fieles en España.
La reforma religiosa anunciada cuenta con muchos apoyos, pero también con reticencias. La primera crítica se refiere al procedimiento. No hay información; nadie sabe cómo se está gestando. Es la queja de Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). La Dirección General de Relaciones con las Confesiones Religiosas, del Ministerio de Justicia, pidió opinión a este dirigente protestante, hace algo más de un año, sobre la oportunidad de cambiar la ley y sobre los asuntos a tocar. No ha vuelto a tener noticia, pese a remitir casi a vuelta de correo sus opiniones. Lo mismo le ha pasado al resto de los líderes de las confesiones que cuentan con la declaración oficial de "notorio arraigo".
"Desconocemos cuáles son los criterios del Gobierno y nuestro temor es que no se afronten los verdaderos problemas estructurales del sistema de libertad religiosa. Si se cambia la norma, lo mejor sería un consenso generalizado, sobre todo si deseamos no romper la paz religiosa que es clave para la futura paz social", añade Blázquez.
También se queja de "falta de información" la Iglesia católica española, representada en la Comisión de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia por el jurista y sacerdote Silverio Nieto. La confesión mayoritaria se siente "algo más que una invitada de piedra". Los obispos no se hacen ilusiones, pese a afirmar, en un principio, que la nueva ley de libertad religiosa no les afectaría "en absoluto", amparados por el concordato firmado en Roma en 1979. Ya no están tan seguros.
La mera proposición de la reforma le parece a la jerarquía del catolicismo "un acto de prepotencia", un paso más en lo que el arzobispo emérito de Pamplona, Fernando Sebastián, llama "el laicismo intransigente". Sebastián, uno de los grandes cerebros del episcopado español, sostiene que "los partidos y asociaciones de izquierdas piensan que lo público tiene que ser laico".
Sería decepcionante que el debate previo de tan importante reforma se centrase en una supuesta guerra de crucifijos. Además, no sería la primera. Ya hubo una, muy airada, en 1977, cuando el presidente de las nuevas Cortes, el católico Antonio Hernández Gil, retiró el crucifijo de su despacho oficial. El general Franco, cruzado nacionalcatólico, había muerto hacía dos años. También surgió una gran trifulca cuando el director de Radio Nacional en 1982, Eduardo Sotillos, suprimió el rezo del ángelus al mediodía, y eso que mantuvo una sintonía de campanas y la siguiente locución: "Con las campanadas del mediodía, Radio Nacional recuerda a sus oyentes católicos que es la hora del ángelus".
Parecería que por las cuestiones que afectan a la relación entre un Estado laico y las creencias de sus ciudadanos no hayan pasado los años. En la execración episcopal contra toda reforma que equipare derechos y deberes de las religiones impera la vieja proclama del Catecismo Patriótico Español, de lectura obligatoria durante décadas en las escuelas públicas y privadas. Para argumentar por qué España había llegado a ser "Una y Grande", reproducía casi al pie de la letra el famoso texto de Menéndez Pelayo sobre la "unidad de creencia" como partera de la España que fue una vez "luz de Trento y espada de Roma".
"Cristofobia" o "anticlericalismo rancio" son calificativos que se escuchan en las filas eclesiásticas ante el anuncio del ministro Caamaño sobre la supresión de símbolos religiosos en los espacios públicos. El cardenal Antonio María Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal, es contundente: "Si la reforma implica que los católicos no pudieran jurar sus cargos ante un crucifijo, no sería aceptable. El crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de España. Siempre hay minorías que se ofenden por todo, pero la presencia del crucifijo es masiva en todos los pueblos, así que o se destruye España para quitarlos, o cierran los ojos".
Es también la opinión del jurista y político catalán Jorge Trías Segnier. Afirma, con esta cita de Unamuno: "La presencia del crucifijo en las escuelas no ofende a ningún sentimiento ni aun al de los racionalistas y ateos; y el quitarlo ofende al sentimiento popular hasta el de los que carecen de creencias confesionales". Según Trías, este pensamiento del autor de La agonía del cristianismo resume el sentimiento de la mayoría de los españoles. "No me parece un buen inicio para comenzar a discutir las bases de la nueva ley y tratar de llegar a un acuerdo entre el Estado y las confesiones comenzar con esa iniciativa agresiva e innecesaria. Me sorprende en un ministro dialogante como parece que es Francisco Caamaño. España es un estado aconfesional pero no laicista. Según el artículo 16 de la CE debe existir una especial cooperación con la Iglesia católica y con las demás confesiones, según sean las creencias mayoritarias de la sociedad española. Eso es lo que dice la Constitución. Pretender otra cosa es inventarse una interpretación que no está en la ley. Me cuesta entender qué es lo que pretende el Gobierno con la retirada de los símbolos cristianos. La modernidad no comienza con la revolución francesa. La modernidad, es decir, los principios de igualdad, libertad y caridad o amor o fraternidad, son principios evangélicos que sintetizan la tradición bíblica de la Torá", añade.
Antonio Monclús, catedrático de Didáctica y Organización Escolar, también acude a una cita de gran autoridad para sustentar su criterio. Se refiere a Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública en la II República. Escribió en 1931: "El Estado, ni por su naturaleza jurídica, ni por su finalidad, ni por el postulado que hemos admitido en España, la libertad de cultos, puede ni debe hacer otra cosa que declarar su carácter aconfesional. El Estado solicita del hombre acciones con que ir tejiendo la conducta de la comunidad; pero el Estado no puede solicitar del hombre ni emociones, ni sentimientos, ni creencias, y es, sin embargo, en el reino de la emoción, del sentimiento y de la creencia donde viven la fe y la confesión. Por eso, ante el dintel de la fe, de la creencia, de la emoción, del sentimiento, el Estado no es que puede, es que debe mantenerse alejado y neutral; es decir, el Estado tiene que ser aconfesional".
Antonio Monclús sostiene que "la presencia de crucifijos o símbolos religiosos en las escuelas es una consecuencia directa del nacionalcatolicismo que constituyó la esencia del régimen franquista". Ello implica una serie de dimensiones. "En primer lugar, es una falta de respeto a la igualdad de oportunidades en lo que se refiere a la libertad de expresión, en este caso, de ideas religiosas o no religiosas. En segundo lugar, transmite el abuso de una posición dominante, en este caso la herencia del sistema de privilegios de la iglesia católica en la educación en España. En tercer lugar, no puede eludir el recuerdo de una victoria bélica, que fue el origen del estado franquista surgido tras la derrota en 1939 del gobierno republicano, legítimamente constituido", dice.
Tolerancia o libertad
"El debate sobre los símbolos religiosos en los edificios públicos sólo se ha planteado en etapas democráticas, en que el Estado ha intentado que las instituciones respeten la libertad religiosa". Es la tesis de Mónica Moreno Seco, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante. En realidad, el único antecedente es la Segunda República (1931-1936). El Estado se definía como laico y sin religión oficial (artículo 3 de la Constitución). El debate se centró fundamentalmente en la enseñanza, que debía ser laica y obligación del Estado (art. 48).Como desarrollo constitucional, una de las primeras medidas fue la supresión de símbolos religiosos en los centros educativos públicos, por medio de la Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza de enero de 1932: "La Escuela, en lo sucesivo, se inhibirá de los problemas religiosos. La Escuela es de todos y aspira a ser para todos", decía.
La respuesta de la Iglesia y los sectores conservadores fue intransigente. Pese a las manifestaciones de protesta, en mayor o menor medida la orden se aplicó, así como la voluntariedad, primero, y después la supresión, de la asignatura de Religión. También se procedió a secularizar cuarteles, prisiones, hospitales y centros de beneficencia públicos, en donde el personal religioso desapareció (capellanes castrenses, por ejemplo), o fue sustituido por profesionales.
La implantación de la dictadura franquista (1939-1975) supuso un regreso a la confesionalidad del Estado, con omnipresencia de símbolos religiosos en los edificios públicos. En 1967, las Cortes franquistas se vieron obligadas a aprobar la Ley de Libertad Religiosa, por la decisión del Concilio Vaticano II de introducir la libertad religiosa con la declaración conciliar Dignitatis humanae.
El episcopado y las autoridades franquistas opinaron que la declaración conciliar no era incompatible con la confesionalidad del Estado y la unidad católica del país. Esta ley, no obstante, no pasó de refrendar una tímida tolerancia religiosa (era necesaria una autorización oficial para abrir templos o realizar manifestaciones religiosas fuera de los mismos), y mantuvo la confesionalidad del Estado, por lo que no se cuestionó la presencia de los símbolos religiosos en espacios estatales.
Durante la transición a la democracia (1975-1982), el debate sobre la cuestión religiosa de nuevo fue un asunto polémico. La Constitución de 1978 declara al Estado español como no confesional, pero incorpora una mención especial a la presencia de la Iglesia católica en la sociedad española. El Acuerdo con la Santa Sede de enero de 1979 sobre la enseñanza y asuntos culturales no hace alusión a los símbolos religiosos en las estancias públicas, y tampoco otro sobre las Fuerzas Armadas, también de enero de 1979, pese a que contempla la existencia de capellanes castrenses en los cuarteles.
