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El viernes, integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata, junto con su líder Arturo Hernández, bloquearon una carretera de Iguala, un municipio del norte del estado, para demandar fertilizantes al gobierno y horas después fueron reportados desaparecidos, informaron familiares.
El gobierno de Guerrero confirmó el sábado que la fiscalía del estado inició la búsqueda de Hernández "y siete de sus seguidores, luego de que fuera localizada la noche de este viernes la camioneta en que presuntamente viajaba".
Hernández había efectuado diversos manifiestos contra el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre -del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, a quien critica por su indiferencia sobre crímenes contra líderes sociales del estado y el asesinato de dos estudiantes de una escuela superior del municipio rural de Ayotzinapa, en diciembre de 2011.
El líder local del PRD, Evodio Velázquez, demandó el esclarecimiento de esta desaparición y pidió que la fiscalía general asuma la investigación.
Este caso se suma a la desaparición en diciembre de 2011 de dos campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, un municipio al noroeste del estado, sin que se conozca aún su paradero.
Por otro lado, en el turístico puerto de Acapulco, un comando acribilló la mañana del sábado a dos hermanas y su padre en un mercado popular, y durante la agresión armada dejó heridas a dos personas más, informó la policía estatal.
Los atacantes dejaron en el lugar un mensaje de la delincuencia organizada que fue retirado por autoridades. Recientemente se han registrado hechos similares en la zona que han dejado al menos cinco personas muertas, entre ellas mujeres.
Guerrero es uno de los estados más violentos de México, donde bandas criminales han logrado infiltrar instituciones gubernamentales de todos los niveles al tiempo que extorsionan a pobladores y empresarios de la región. Para tratar de defenderse, grupos civiles se levantaron en armas en varios municipios.
El gobierno de México reportó recientemente que el número de homicidios ligados al crimen organizado en el país ascendió a 5.296 entre diciembre -cuando asumió el presidente Enrique Peña Nieto- y abril. Durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) esa cifra superó los 70.000.
