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Las manifestantes rechazaron que el gobierno federal tomara desde este mes el "control del pago de la nómina de más de 80.000 trabajadores, lo cual afecta los intereses de los maestros", dijo a la prensa local Mohamed Otaki Toledo, vocero de la radical sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), parte del sindicato nacional.
Los manifestantes, que protagonizaron fuertes movilizaciones tras la aprobación de la reforma a finales de 2013, bloquearon durante unas seis horas los accesos a los aeropuertos internacionales de Oaxaca y del balneario Bahías de Huatulco, ambos importantes centros turísticos.
Unos 10 vuelos tuvieron que se retrasados, informaron a la AFP empleados de estos aeropuertos.
Al medio día, un grupo de los aguerridos profesores irrumpió en las salas de espera del aeropuerto Benito Juárez de Oaxaca -a 460 km de Ciudad de México- y algunos ingresaron a las pistas, donde pintaron consignas, relató telefónicamente un empleado de la Capitanía del Aeropuerto que pidió el anonimato.
Esta fuente señaló que los maestros salieron rápidamente de la terminal, pero permanecieron en las inmediaciones bloqueando los accesos y que "al menos cinco vuelos sufrieron retrasos".
Otro grupo de manifestantes también cercó los alrededores del aeropuerto de Huatulco -a 932 km de la capital-, donde otros cinco vuelos fueron retrasados, dijo Juan Matías, empleado de una línea aérea.
Desde la mañana, miles de trabajadores de la educación tomaron algunos comercios y casetas de peaje en carreteras "para protestar porque el gobierno federal les pagará sus salarios", detalló el vocero Otaki Toledo.
La reforma de educación, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, dio como plazo hasta el 1 de enero último para que el gobierno federal asumiera el pago de salarios a maestros, administrados de manera descentralizada por las entidades federativas desde 1992.
Este sistema favoreció por décadas oscuros arreglos entre secciones sindicales y algunos gobiernos estatales y volvió opaco al gobierno federal.
Algunos brazos radicales del sindicato de maestros, que aglutina a 2,2 millones de agremiados, se opusieron desde el principio a la nueva ley que busca transformar el sistema educativo.
