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"Les pedimos que hoy ingresaran a trabajar si es que deseaban continuar en la corporación y para evitar que se les siga descontando de su salario", indicó Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, a la emisora local Radio Fórmula.
"Quien no lo quiera hacer, tendremos que, con la pena que nos da, iniciar un proceso de baja", añadió.
A principios de febrero, un grupo de policías estatales se declararon en paro como protesta por sus condiciones laborales y tomaron las instalaciones del cuartel ubicado en la comunidad de Santa María Coyotepec, que alberga 3.400 armas largas y cortas, medio millón de balas y algunas bombas de gas.
El viernes pasado, las autoridades desplegaron tropas de la Policía Federal para desalojar a los uniformados disidentes pero el operativo, que degeneró en un enfrentamiento armado que dejó cinco agentes heridos, no dio resultados.
Sin embargo, Cué sostuvo que los policías que se mantienen en paro son un "grupo minoritario" comparado con los 1.558 agentes que formaban parte del movimiento en un inicio.
Además, señaló que la gran mayoría de ellos no han pasado el examen de confianza que se les aplicó recientemente.
"Detrás de esto está su preocupación de poder perder su empleo", dijo el gobernador al asegurar que "ya no hay negociación" y que su gobierno no pagará a los policías los días que estuvieron en paro.
De no desalojar voluntariamente el cuartel, las fuerzas federales realizarían otro operativo, advirtió el gobernador.
Oaxaca, uno de los estados más empobrecidos de México y con una mayor conflictividad social, es una zona importante de cultivo y tráfico de drogas.
Este estado -de casi cuatro millones de habitantes- cuenta con 6.000 policías, de los cuales unos 2.500 pertenecen a las fuerzas estatales y ganan cerca de 8.400 pesos al mes (unos 550 dólares).
