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Indígenas bri bri
"Desde el 2010, se ha desencandenado una escalada de violencia contra las y los defensores de derechos humanos de territorio ancestral", afirmó en conferencia de prensa Roxana Figueroa, representante de una organización de mujeres de la etnia bri-bri de Salitre, unos 200 km al suroeste de San José.
Según la dirigente indígena, desde 2010 los invasores han quemado una docena de casas de habitantes indígenas y han perpetrado ataques físicos contra hombres y mujeres, desalojos y amenazas de muerte.
"Responsabilizamos al gobierno por la falta de voluntad para resolver el problema", dijo Figueroa, quien aseguró que han perdido la confianza en los agentes de la Policía que en muchas ocasiones se hacen de la vista gorda ante las agresiones e incluso colaboran con los finqueros.
Las mujeres bri-bris exigen el desalojo inmediato de los hacendados no indígenas, que se abran procesos judiciales contra los usurpadores y que las autoridades brinden una protección efectiva, principalmente a las mujeres y los niños indígenas.
La ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, explicó a la AFP que el gobierno trabaja intensamente para enfrentar un problema que tiene muchas aristas, pues en la región hay dos etnias indígenas (bri-bri y cabécar), además de "no indígenas" que reclaman derechos.
Sánchez fue comisionada por el presidente Luis Guillermo Solís hace un par de semanas para que hiciera cumplir medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con el conflicto.
La CIDH ordenó a Costa Rica tomar medidas para asegurar la vida y la integridad de los pobladores indígenas, concertar tales medidas con la comunidad e informar sobre el estado de las denuncias de agresión planteadas por los bribris ante la Fiscalía.
"Hoy mismo (lunes) me reuní con el jefe de la Policía de Salitre para tomar una serie de medidas, entre ellas hacer un monitoreo semanal de denuncias y exigir a los policías que se identifiquen ante los pobladores", afirmó.
"Pero también vamos a dar a los agentes una capacitación en derechos humanos de personas indígenas porque muchas veces los policías que llegan de otras zonas no saben cómo actuar en un contexto culturalmente tan distinto", señaló la ministra.
Para resolver el problema de fondo, el gobierno busca acelerar la conclusión de un censo de población y de una delimitación territorial, así como emitir un reglamento a la Ley de Autonomía Indígena, que también es reclamada por los pueblos autóctonos, indicó la funcionaria.
Según la dirigente indígena, desde 2010 los invasores han quemado una docena de casas de habitantes indígenas y han perpetrado ataques físicos contra hombres y mujeres, desalojos y amenazas de muerte.
"Responsabilizamos al gobierno por la falta de voluntad para resolver el problema", dijo Figueroa, quien aseguró que han perdido la confianza en los agentes de la Policía que en muchas ocasiones se hacen de la vista gorda ante las agresiones e incluso colaboran con los finqueros.
Las mujeres bri-bris exigen el desalojo inmediato de los hacendados no indígenas, que se abran procesos judiciales contra los usurpadores y que las autoridades brinden una protección efectiva, principalmente a las mujeres y los niños indígenas.
La ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, explicó a la AFP que el gobierno trabaja intensamente para enfrentar un problema que tiene muchas aristas, pues en la región hay dos etnias indígenas (bri-bri y cabécar), además de "no indígenas" que reclaman derechos.
Sánchez fue comisionada por el presidente Luis Guillermo Solís hace un par de semanas para que hiciera cumplir medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con el conflicto.
La CIDH ordenó a Costa Rica tomar medidas para asegurar la vida y la integridad de los pobladores indígenas, concertar tales medidas con la comunidad e informar sobre el estado de las denuncias de agresión planteadas por los bribris ante la Fiscalía.
"Hoy mismo (lunes) me reuní con el jefe de la Policía de Salitre para tomar una serie de medidas, entre ellas hacer un monitoreo semanal de denuncias y exigir a los policías que se identifiquen ante los pobladores", afirmó.
"Pero también vamos a dar a los agentes una capacitación en derechos humanos de personas indígenas porque muchas veces los policías que llegan de otras zonas no saben cómo actuar en un contexto culturalmente tan distinto", señaló la ministra.
Para resolver el problema de fondo, el gobierno busca acelerar la conclusión de un censo de población y de una delimitación territorial, así como emitir un reglamento a la Ley de Autonomía Indígena, que también es reclamada por los pueblos autóctonos, indicó la funcionaria.
