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Néstor Kirchner
La oposición legislativa reclama la intervención de esa provincia tras el fallo de la Corte.
Kirchner, diputado nacional y titular del gobernante peronismo, estuvo acompañado en el palco del mitin en Río Gallegos (sur) por 14 de los 24 gobernadores, incluido el anfitrión, Daniel Peralta, de Santa Cruz (Patagonia, sur).
Estaba previsto que la presidenta Cristina Kirchner participara, pero finalmente no lo hizo y como representante del gobierno federal asistió el ministro de Interior, Florencio Randazzo.
En abierta desobediencia al dictamen del máximo tribunal, la mandataria y Peralta se rehúsan a restituir al Procurador (fiscal) Eduardo Sosa, a quien Néstor Kirchner echó hace 15 años cuando gobernaba su provincia natal, lo que impidió una investigación independiente de las cuentas fiscales.
"No podemos aceptar que representantes del pueblo sean capaces de preparar proyectos de intervención, hay que defender la democracia, el federalismo y la decisión soberana de las provincias", enfatizó el ex mandatario ante las miles de personas que colmaron el estadio cerrado Boxing Club.
Kirchner sostuvo que hay diferencias con decisiones de la Corte, pero aseguró: "somos respetuosos de la independencia de la justicia".
La manifestación es la segunda del Gobierno en su puja con la Justicia, luego de la multitud de activistas que se congregó hace 10 días frente a los Tribunales para que el poderoso grupo de multimedios Clarín cumpla con la Ley de Medios y se desprenda en un año de algunas licencias de radio y TV.
La Corte respondió que no se inmutaba ante el mitin y aceptó un amparo del grupo multimediático para contar con más tiempo que un año para restituir las licencias, aunque también ordenó que el plazo no podrá ser indefinido.
"Esta sublevación contra la cabeza del Poder Judicial (...) no tiene antecedente en ningún gobierno democrático de Argentina (...). Una democracia no puede funcionar si sus autoridades políticas no están dispuestas a cumplir con los fallos de la Corte", dijo a la AFP Daniel Sabsay, constitucionalista y abogado de Sosa.
Santa Cruz, una de las provincias menos pobladas, con unos 230.000 habitantes, de producción petrolera y agrícola, fue la cuna política de los Kirchner y su plataforma de lanzamiento a la escena nacional.
"El fallo de la Corte es lo máximo y se debe acatar. Que diga el gobernador Peralta qué se puede hacer desde el Congreso para ayudar a cumplir la sentencia", dijo Ricardo Gil Lavedra, uno de los líderes de la primera oposición parlamentaria, la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR).
En cambio, José Luis Gioja, gobernador de San Juan (oeste), dijo que su intención no es cuestionar a la Corte, sino respaldar "el federalismo, la institucionalidad y la autonomía de las provincias".
Desde la otra vereda, Margarita Stolbizer, jefa del opositor bloque del partido socialdemócrata GEN, cuestionó al oficialismo por provocar "un ataque fuerte al estado de derecho".
Pero el enfrentamiento con la Justicia cobraba nueva fuerza al escribir la Presidenta esta semana en Twitter que "el Estado está atado de pies y manos. Los evasores y los que aumentan los precios se manejan a su antojo protegidos por la justicia cautelar".
El mensaje presidencial apuntó a la decisión de un juez de otorgar un amparo a la firma Shell contra la orden del Gobierno a la petrolera angloholandesa de dar marcha atrás con un alza de precios de combustibles.
Kirchner, diputado nacional y titular del gobernante peronismo, estuvo acompañado en el palco del mitin en Río Gallegos (sur) por 14 de los 24 gobernadores, incluido el anfitrión, Daniel Peralta, de Santa Cruz (Patagonia, sur).
Estaba previsto que la presidenta Cristina Kirchner participara, pero finalmente no lo hizo y como representante del gobierno federal asistió el ministro de Interior, Florencio Randazzo.
En abierta desobediencia al dictamen del máximo tribunal, la mandataria y Peralta se rehúsan a restituir al Procurador (fiscal) Eduardo Sosa, a quien Néstor Kirchner echó hace 15 años cuando gobernaba su provincia natal, lo que impidió una investigación independiente de las cuentas fiscales.
"No podemos aceptar que representantes del pueblo sean capaces de preparar proyectos de intervención, hay que defender la democracia, el federalismo y la decisión soberana de las provincias", enfatizó el ex mandatario ante las miles de personas que colmaron el estadio cerrado Boxing Club.
Kirchner sostuvo que hay diferencias con decisiones de la Corte, pero aseguró: "somos respetuosos de la independencia de la justicia".
La manifestación es la segunda del Gobierno en su puja con la Justicia, luego de la multitud de activistas que se congregó hace 10 días frente a los Tribunales para que el poderoso grupo de multimedios Clarín cumpla con la Ley de Medios y se desprenda en un año de algunas licencias de radio y TV.
La Corte respondió que no se inmutaba ante el mitin y aceptó un amparo del grupo multimediático para contar con más tiempo que un año para restituir las licencias, aunque también ordenó que el plazo no podrá ser indefinido.
"Esta sublevación contra la cabeza del Poder Judicial (...) no tiene antecedente en ningún gobierno democrático de Argentina (...). Una democracia no puede funcionar si sus autoridades políticas no están dispuestas a cumplir con los fallos de la Corte", dijo a la AFP Daniel Sabsay, constitucionalista y abogado de Sosa.
Santa Cruz, una de las provincias menos pobladas, con unos 230.000 habitantes, de producción petrolera y agrícola, fue la cuna política de los Kirchner y su plataforma de lanzamiento a la escena nacional.
"El fallo de la Corte es lo máximo y se debe acatar. Que diga el gobernador Peralta qué se puede hacer desde el Congreso para ayudar a cumplir la sentencia", dijo Ricardo Gil Lavedra, uno de los líderes de la primera oposición parlamentaria, la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR).
En cambio, José Luis Gioja, gobernador de San Juan (oeste), dijo que su intención no es cuestionar a la Corte, sino respaldar "el federalismo, la institucionalidad y la autonomía de las provincias".
Desde la otra vereda, Margarita Stolbizer, jefa del opositor bloque del partido socialdemócrata GEN, cuestionó al oficialismo por provocar "un ataque fuerte al estado de derecho".
Pero el enfrentamiento con la Justicia cobraba nueva fuerza al escribir la Presidenta esta semana en Twitter que "el Estado está atado de pies y manos. Los evasores y los que aumentan los precios se manejan a su antojo protegidos por la justicia cautelar".
El mensaje presidencial apuntó a la decisión de un juez de otorgar un amparo a la firma Shell contra la orden del Gobierno a la petrolera angloholandesa de dar marcha atrás con un alza de precios de combustibles.
