“Los  argentinos necesitamos justicia a secas, para los que delinquen y  violan las leyes”, dijo ayer la presidenta Cristina Fernández de  Kirchner en relación con el debate abierto sobre la inseguridad y la  polémica entre garantismo y mano dura. “No hay tal dicotomía, hay  justicia o no hay justicia, hoy los jueces en la República Argentina  cuentan con los instrumentos apropiados para que aquellas personas que  constituyan un peligro para la sociedad por los delitos que han  cometido no deban ser liberadas”, destacó. Y se pronunció en forma  tajante sobre el tema instalado en estos días: “No creo en la pena de  muerte”. 
        Al referirse a las declaraciones de la integrante  de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, la Presidenta  coincidió en criticar a los medios de comunicación por contribuir a  generar temor en la sociedad al repetir “358 veces al día” un crimen  porque –dijo, citando a la jueza– “parece que hubiera exactamente 358  crímenes y no uno solo”. 
        “Me gustaría que las noticias se  publicaran completas y que dijeran que además de criticar al Gobierno,  (Argibay) también criticó a los medios de comunicación por cómo  contribuyen a generar un temor en la sociedad”, dijo la mandataria  durante un acto. Argibay “también se pronunció contra la pena de  muerte, y acerca de la inclusión social como tema clave en materia de  inseguridad”, destacó. “La mayor inclusión social y la mejor calidad de  vida” para la sociedad contribuyen a generar “una mayor seguridad para  todos los argentinos”, definió. 
        La Presidenta descartó que  la inseguridad responda a la falta de jueces porque, dijo, “todas las  causas tienen juez, no hay ninguna causa paralizada, si no tienen juez  titular, tienen juez subrogante”. 
        En este marco, también  hizo referencia a la absolución del violador de una joven discapacitada  por un error judicial (ver nota aparte). “Todos tenemos  responsabilidades, pero la liberación de detenidos que luego vuelven a  cometer delitos y que tienen un altísimo grado de peligrosidad es  responsabilidad de la Justicia, y esto no es echar la culpa a otro  poder, porque los únicos que pueden juzgar y encarcelar a quienes  delinquen en un sistema de división de poderes es la Justicia”,  puntualizó la jefa de Estado. 
        Aclaró que el Poder Ejecutivo  puede “comprar muchos patrulleros, nombrar policías, construir  comisarías, todo lo que sea la infraestructura de la seguridad, pero lo  que hace a juzgar, encarcelar y condenar y no liberar a quienes  resultan personas peligrosas para el conjunto de la sociedad,  afortunadamente, sólo pueden hacerlo los jueces”. 


					 
					 
			 
			 
			 
			 
			 
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