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Así sería el canal del Pacífico al Atlántico que planea el gobierno de Nicaragua y que rechazan los ecologistas.
En un pronunciamiento leído en rueda de prensa, directivos de las ONGs cuestionaron el decreto emitido por el presidente Daniel Ortega en agosto, que elimina la obligación de empresas locales y extranjeras de realizar estudios de impacto ambiental previo a la ejecución de sus proyectos.
El comunicado destacó que en los últimos años en Nicaragua ha aumentado la destrucción de los bosques y las reservas de biosfera, la erosión de los suelos y la pérdida y contaminación de las fuentes de agua.
"Este decreto es la estocada final de un proceso malintencionado, que pone en indefensión la sobrevivencia social y económica de la gran mayoría de la población", señaló el informe.
Mediante el nuevo decreto, Ortega eliminó la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental establecidos en un decreto de 2006 y facultó al Ministerio de Recursos Naturales (Marena) a dar permisos y autorizaciones para el uso y explotación de los recursos del país.
Según los ambientalistas, tal medida suprime "las pocas regulaciones ambientales existentes" y coloca al país en manos de empresas nacionales y foráneas "depredadoras".
"Esta decisión permitirá arrasar las tierras, legalizar la tala indiscriminada de los bosques y abre las puertas a un desastre ambiental que nos dejará sin agua en el país", afirmó Ruth Herrera, experta en el manejo de fuentes hídricas.
Por su parte, Víctor Campos, director del Centro Humboldt para Nicaragua, dijo que hay un desinterés del Gobierno por mantener las regulaciones ambientales y proteger los recursos del país. Señaló que el Marena sólo recibe el 0,35 por ciento del presupuesto general anual del Estado.
"Estamos frente a un caso de violación masiva de derechos humanos, porque están atentando contra el principal derecho, el derecho a la vida", comentó la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
A la conferencia asistió la dirigente campesina Francisca Ramírez, líder de un movimiento rural que se opone a la construcción de un canal interoceánico en la zona sur del país.
El comunicado fue suscrito también por el experto geólogo Jaime Incer, asesor del Gobierno para temas ambientales, quien dijo que Nicaragua "está perdiendo sus recursos naturales frente a intereses espurios y codiciosos".
También firmaron el pronunciamiento la organización Popol Nah, el Consejo de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, el Instituto de Liderazgo de las Segovias y el Instituto de Desarrollo Empresarial Asociativo, entre otros.
El comunicado destacó que en los últimos años en Nicaragua ha aumentado la destrucción de los bosques y las reservas de biosfera, la erosión de los suelos y la pérdida y contaminación de las fuentes de agua.
"Este decreto es la estocada final de un proceso malintencionado, que pone en indefensión la sobrevivencia social y económica de la gran mayoría de la población", señaló el informe.
Mediante el nuevo decreto, Ortega eliminó la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental establecidos en un decreto de 2006 y facultó al Ministerio de Recursos Naturales (Marena) a dar permisos y autorizaciones para el uso y explotación de los recursos del país.
Según los ambientalistas, tal medida suprime "las pocas regulaciones ambientales existentes" y coloca al país en manos de empresas nacionales y foráneas "depredadoras".
"Esta decisión permitirá arrasar las tierras, legalizar la tala indiscriminada de los bosques y abre las puertas a un desastre ambiental que nos dejará sin agua en el país", afirmó Ruth Herrera, experta en el manejo de fuentes hídricas.
Por su parte, Víctor Campos, director del Centro Humboldt para Nicaragua, dijo que hay un desinterés del Gobierno por mantener las regulaciones ambientales y proteger los recursos del país. Señaló que el Marena sólo recibe el 0,35 por ciento del presupuesto general anual del Estado.
"Estamos frente a un caso de violación masiva de derechos humanos, porque están atentando contra el principal derecho, el derecho a la vida", comentó la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
A la conferencia asistió la dirigente campesina Francisca Ramírez, líder de un movimiento rural que se opone a la construcción de un canal interoceánico en la zona sur del país.
El comunicado fue suscrito también por el experto geólogo Jaime Incer, asesor del Gobierno para temas ambientales, quien dijo que Nicaragua "está perdiendo sus recursos naturales frente a intereses espurios y codiciosos".
También firmaron el pronunciamiento la organización Popol Nah, el Consejo de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, el Instituto de Liderazgo de las Segovias y el Instituto de Desarrollo Empresarial Asociativo, entre otros.
