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Política
La votación fue de 57 votos a favor y 47 en contra y una abstención. Este decreto, junto con una docena más, han originado las protestas de miles de nativos en el norteño estado de Amazonas. El fin de semana pasado la represión policial a una de estas manifestaciones dejó un saldo de al menos 40 personas muertas.
"No se ha derogado es una confusión lo que han hecho es una suspensión de los decretos que es justamente lo que no querían los nativos", dijo la corresponsal de teleSUR en Perú, Verónica Insausti.
"Lo que ha hecho el partido del Apra (Alianza Popular Revolucionario América, en el poder), ha sido suspender los decretos, más no derogarlos" remarcó.
Indicó que "mientras estos decretos están suspendidos" se van a volver a revisar, con la finalidad de que los indígenas "tengan una voz en el replanteamiento de la ley".
El martes el titular del Congreso peruano, Javier Velásquez Quesquén, había adelantado que la propuesta multipartidaria iba a pedir la suspensión del decreto por tres meses.
Esta propuesta incluye la formación de una comisión especial en el Parlamento con el fin de recibir sugerencias de las comunidades nativas de la Amazonia para elaborar un nuevo marco normativo e integral que resuelva sus demandas.
Velásquez manifestó que gran parte de las bancadas en el Parlamento han coincidido en la necesidad de recibir las propuestas de las comunidades nativas de la Amazonia, así como las de los presidentes regionales de esa zona.
Luego de reunirse en su despacho con los cinco presidentes de las regiones amazónicas, Velásquez Quesquén dijo que el Congreso ha dado un paso adelante por lo que espera que pronto las comunidades nativas se sumen al diálogo.
"Los peruanos quieren paz y diálogo, y aquí abrimos ese espacio y los convocamos a que participen con el mayor esfuerzo y sinceridad porque lo que queremos es dar un marco normativo que resuelva y enfrente todos los problemas que tienen nuestros hermanos nativos", defendió..
Las organizaciones indígenas se oponen a la actual ley porque consideran que promueve la privatización de los territorios que ocupan, al tiempo que denuncian que la norma está condicionada al vigente Tratado de Libre Comercio del Perú con Estados Unidos, que entró en vigencia este año.
La situación conflictiva en Perú provocó la renuncia este martes de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, quien mostró su desacuerdo con la forma en que el gobierno peruano ha manejado las demandas de los nativos que defienden sus derechos ancestrales.
Por otro lado, el líder indígena Alberto Pizango se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima, a la espera del asilo político que le fue otorgado este martes, tras la denuncia que pusiera en su contra el gobierno del presidente Alan García, por los hechos violentos causados por la represión policial contra los nativos la pasada semana.
Los indígenas señalaron que mantendrán sus protestas hasta que el gobierno derogue un paquete de hasta siete leyes, entre ellas la ley Forestal.
Cerca de 65 etnias de la Amazonia se mantienen en pie de lucha desde el pasado 9 de abril, con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de decretos que, consideran, pueden quitarles sus tierras en beneficio de empresas petroleras, mineras o madereras.
"No se ha derogado es una confusión lo que han hecho es una suspensión de los decretos que es justamente lo que no querían los nativos", dijo la corresponsal de teleSUR en Perú, Verónica Insausti.
"Lo que ha hecho el partido del Apra (Alianza Popular Revolucionario América, en el poder), ha sido suspender los decretos, más no derogarlos" remarcó.
Indicó que "mientras estos decretos están suspendidos" se van a volver a revisar, con la finalidad de que los indígenas "tengan una voz en el replanteamiento de la ley".
El martes el titular del Congreso peruano, Javier Velásquez Quesquén, había adelantado que la propuesta multipartidaria iba a pedir la suspensión del decreto por tres meses.
Esta propuesta incluye la formación de una comisión especial en el Parlamento con el fin de recibir sugerencias de las comunidades nativas de la Amazonia para elaborar un nuevo marco normativo e integral que resuelva sus demandas.
Velásquez manifestó que gran parte de las bancadas en el Parlamento han coincidido en la necesidad de recibir las propuestas de las comunidades nativas de la Amazonia, así como las de los presidentes regionales de esa zona.
Luego de reunirse en su despacho con los cinco presidentes de las regiones amazónicas, Velásquez Quesquén dijo que el Congreso ha dado un paso adelante por lo que espera que pronto las comunidades nativas se sumen al diálogo.
"Los peruanos quieren paz y diálogo, y aquí abrimos ese espacio y los convocamos a que participen con el mayor esfuerzo y sinceridad porque lo que queremos es dar un marco normativo que resuelva y enfrente todos los problemas que tienen nuestros hermanos nativos", defendió..
Las organizaciones indígenas se oponen a la actual ley porque consideran que promueve la privatización de los territorios que ocupan, al tiempo que denuncian que la norma está condicionada al vigente Tratado de Libre Comercio del Perú con Estados Unidos, que entró en vigencia este año.
La situación conflictiva en Perú provocó la renuncia este martes de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, quien mostró su desacuerdo con la forma en que el gobierno peruano ha manejado las demandas de los nativos que defienden sus derechos ancestrales.
Por otro lado, el líder indígena Alberto Pizango se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima, a la espera del asilo político que le fue otorgado este martes, tras la denuncia que pusiera en su contra el gobierno del presidente Alan García, por los hechos violentos causados por la represión policial contra los nativos la pasada semana.
Los indígenas señalaron que mantendrán sus protestas hasta que el gobierno derogue un paquete de hasta siete leyes, entre ellas la ley Forestal.
Cerca de 65 etnias de la Amazonia se mantienen en pie de lucha desde el pasado 9 de abril, con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de decretos que, consideran, pueden quitarles sus tierras en beneficio de empresas petroleras, mineras o madereras.
TeleSUR - Andina - Afp / ff-/IM
