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Washington.
La enorme suma fue pagada en acuerdo con las víctimas, según el informe, que señala que la Iglesia está implementando una carta para proteger a los niños.
Las sumas pagadas por los convenios acordados cayeron un 29% respecto al récord de 526 millones de dólares pagados en 2007, señala el informe.
Alrededor de 22 millones se destinaron el año pasado a pagar terapias para las víctimas o apoyo a los abusadores acusados, afirma el documento, encargado por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Estados Unidos en los últimos seis años.
Mientras los pagos de la Iglesia relacionados con casos de abuso sexual cayeron, el número de nuevas denuncias y víctimas aumentó un 16 por ciento.
El informe señala que el año pasado se presentaron 803 nuevas denuncias de abusos, más de la mitad de las cuales corresponden a niños, contra 692 en 2007.
Más de la mitad de las nuevas denuncias corresponden a casos de abusos sexuales, que los denunciantes sitúan entre 1960 y 1974. Muchos de los supuestos abusadores murieron o ya no ejercen sus ministerios religiosos.
El documento afirma asimismo que el número de víctimas pasó de 689 en 2007 a 796 en 2008.
Dos tercios de las víctimas eran varones y más de la mitad tenían menos de 18 años cuando se produjeron los abusos.
Más de una de cada cinco víctimas tenía menos de 10 años cuando fueron abusadas y el año pasado hubo diez nuevas denuncias creíbles de abusos contra una persona de menos de 8 años, asegura el informe.
El informe anual destaca los progresos registrados en la implementación de la Carta para la Protección de los Niños, que fue aprobada por los obispos católicos estadunidenses en 2002, después de que la institución se sumergiera en una crisis por la confesión del arzobispo de Boston, de que había protegido a un sacerdote a pesar de que sabía que había cometido abusos sexuales contra jóvenes miembros de su iglesia.
El cardenal Francis George de Chicago, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo en un comunicado divulgado este viernes que la Iglesia estaba "en el camino correcto" en su búsqueda para proteger mejor "a todos los niños de la sociedad".
Sin embargo, la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP por sus siglas en inglés) acusa al informe de enfocarse en las víctimas de los abusos pero no destaca a "los obispos que ocultaron información crucial sobre los pedófilos en la Iglesia que bien pudo haber impedido futuros traumas en la infancia".
"Prácticamente ningún obispo se hizo responsable de haber ocultado a los agresores", dice Barbara Dorris, funcionaria de la SNAP.
Para recopilar los datos del informe, la Iglesia realizó auditorías en las 195 diócesis y parroquias de Estados Unidos.
Siete de esas diócesis se negaron a ser auditadas, incluyendo la de Lincoln, en Nebraska, que obstaculizó sistemáticamente las auditorías.
"Nos entristece, aunque no nos sorprende que una vez más funcionarios católicos de Lincoln eligieran no hacer siquiera lo mínimo para proteger a los niños: participar de la revisión anual a la que obliga la Conferencia Episcopal", dijo la presidenta de la SNAP, Barbara Blaine, en un comunicado.
Washington.
La enorme suma fue pagada en acuerdo con las víctimas, según el informe, que señala que la Iglesia está implementando una carta para proteger a los niños.
Las sumas pagadas por los convenios acordados cayeron un 29% respecto al récord de 526 millones de dólares pagados en 2007, señala el informe.
Alrededor de 22 millones se destinaron el año pasado a pagar terapias para las víctimas o apoyo a los abusadores acusados, afirma el documento, encargado por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Estados Unidos en los últimos seis años.
Mientras los pagos de la Iglesia relacionados con casos de abuso sexual cayeron, el número de nuevas denuncias y víctimas aumentó un 16 por ciento.
El informe señala que el año pasado se presentaron 803 nuevas denuncias de abusos, más de la mitad de las cuales corresponden a niños, contra 692 en 2007.
Más de la mitad de las nuevas denuncias corresponden a casos de abusos sexuales, que los denunciantes sitúan entre 1960 y 1974. Muchos de los supuestos abusadores murieron o ya no ejercen sus ministerios religiosos.
El documento afirma asimismo que el número de víctimas pasó de 689 en 2007 a 796 en 2008.
Dos tercios de las víctimas eran varones y más de la mitad tenían menos de 18 años cuando se produjeron los abusos.
Más de una de cada cinco víctimas tenía menos de 10 años cuando fueron abusadas y el año pasado hubo diez nuevas denuncias creíbles de abusos contra una persona de menos de 8 años, asegura el informe.
El informe anual destaca los progresos registrados en la implementación de la Carta para la Protección de los Niños, que fue aprobada por los obispos católicos estadunidenses en 2002, después de que la institución se sumergiera en una crisis por la confesión del arzobispo de Boston, de que había protegido a un sacerdote a pesar de que sabía que había cometido abusos sexuales contra jóvenes miembros de su iglesia.
El cardenal Francis George de Chicago, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo en un comunicado divulgado este viernes que la Iglesia estaba "en el camino correcto" en su búsqueda para proteger mejor "a todos los niños de la sociedad".
Sin embargo, la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP por sus siglas en inglés) acusa al informe de enfocarse en las víctimas de los abusos pero no destaca a "los obispos que ocultaron información crucial sobre los pedófilos en la Iglesia que bien pudo haber impedido futuros traumas en la infancia".
"Prácticamente ningún obispo se hizo responsable de haber ocultado a los agresores", dice Barbara Dorris, funcionaria de la SNAP.
Para recopilar los datos del informe, la Iglesia realizó auditorías en las 195 diócesis y parroquias de Estados Unidos.
Siete de esas diócesis se negaron a ser auditadas, incluyendo la de Lincoln, en Nebraska, que obstaculizó sistemáticamente las auditorías.
"Nos entristece, aunque no nos sorprende que una vez más funcionarios católicos de Lincoln eligieran no hacer siquiera lo mínimo para proteger a los niños: participar de la revisión anual a la que obliga la Conferencia Episcopal", dijo la presidenta de la SNAP, Barbara Blaine, en un comunicado.
