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Política
Estudiantes de la PUCP protestan contra Cipriani y el Opus Dei.
"Yo estoy absolutamente seguro que el cardenal Juan Luis Cipriani y arzobispo de Lima quiere tomar el control económico de los bienes y las decisiones de la universidad, si se aplican las reformas", señaló este domingo Marcial Rubio, rector de la PUCP.
El Vaticano propuso a la PUCP varias medidas para reformar sus estatutos, entre ellas que el Gran Canciller (arzobispo de Lima) tenga la potestad de nombrar al rector, tras recibir tres propuestas de la Asamblea Universitaria.
Además, los profesores deben respetar la doctrina y la moral católica en su investigación y enseñanza, y el episcopado peruano debe participar en la vida universitaria a través del Gran Canciller.
Rubio aclaró que "las reglas acordadas entre el Vaticano y el gobierno peruano dicen que la universidad se rige por la ley peruana y ésta señala que el rector es elegido por la Asamblea Universitaria", tras indicar que no entiende "esas propuestas de reformas sin respetar la ley peruana".
El rector sostuvo que el cardenal Cipriani cree que las autoridades de la universidad no son "católicos" y los hace pasar "como herejes y luteranos, para lo cual usa una campaña mediática" a fin de presionarles "para ser él quien elija al rector".
Rubip agregó que una comisión estudiará las propuestas de reformas y en 30 días emitirá su pronunciamiento.
Por su parte, el cardenal Cipriani, del ultraconservador Opus Dei -cabeza visible del núcleo más duro del ala derecha de la Iglesia de la región-, pidió a las autoridades acatar la decisión del Vaticano.
A través de una nota del Arzobispado, señaló que "no está interesado en los millones. No estoy buscando dinero de la Católica, yo hablo de transparencia que toda entidad debe tener".
Sostuvo que es falso que con las reformas "se pretenda limitar e impedir la libertad de cátedra, quitándoles autonomía a la Pontificia Universidad Católica, como algunas autoridades han venido diciendo".
La Asamblea Universitaria, que reúne a profesores, estudiantes y trabajadores, señaló en un comunicado "su total respaldo a la conducción del rector Marcial Rubio y a las relaciones que mantiene con el arzobispado de Lima".
El diario La República editorializó el tema indicando una "nueva ofensiva" del cardenal Cipriani que busca someter a la casa de estudios a la autoridad personal del prelado ultraconservador".
El arzobispo del Callao, Miguel Irízar, dijo que "preocupa muchísimo la situación", pero que la PUCP "tiene que cumplir con los requerimientos de la Santa Sede.
Este choque entre el cardenal Cipriani y autoridades universitarias no es el primero.
Desde el 2006 vienen enfrentados en varios procesos en el Poder Judicial y Tribunal Constitucional por el control de la universidad -considerada como progresista y una de las principales del país- con base en la interpretación de un testamento.
El problema se centra en la administración de las propiedades legadas en el testamento del mecenas de la universidad, José de la Riva Agüero -fallecido en 1944- y al rol de la Iglesia en ésta.
Según las autoridades de la PUCP, el testamento autoriza a la universidad luego de 20 años a dirigirse sí misma, mientras el entorno del cardenal considera que la Iglesia tiene derecho perpetuo sobre esa herencia y a controlar la gestión de la universidad.
El Vaticano propuso a la PUCP varias medidas para reformar sus estatutos, entre ellas que el Gran Canciller (arzobispo de Lima) tenga la potestad de nombrar al rector, tras recibir tres propuestas de la Asamblea Universitaria.
Además, los profesores deben respetar la doctrina y la moral católica en su investigación y enseñanza, y el episcopado peruano debe participar en la vida universitaria a través del Gran Canciller.
Rubio aclaró que "las reglas acordadas entre el Vaticano y el gobierno peruano dicen que la universidad se rige por la ley peruana y ésta señala que el rector es elegido por la Asamblea Universitaria", tras indicar que no entiende "esas propuestas de reformas sin respetar la ley peruana".
El rector sostuvo que el cardenal Cipriani cree que las autoridades de la universidad no son "católicos" y los hace pasar "como herejes y luteranos, para lo cual usa una campaña mediática" a fin de presionarles "para ser él quien elija al rector".
Rubip agregó que una comisión estudiará las propuestas de reformas y en 30 días emitirá su pronunciamiento.
Por su parte, el cardenal Cipriani, del ultraconservador Opus Dei -cabeza visible del núcleo más duro del ala derecha de la Iglesia de la región-, pidió a las autoridades acatar la decisión del Vaticano.
A través de una nota del Arzobispado, señaló que "no está interesado en los millones. No estoy buscando dinero de la Católica, yo hablo de transparencia que toda entidad debe tener".
Sostuvo que es falso que con las reformas "se pretenda limitar e impedir la libertad de cátedra, quitándoles autonomía a la Pontificia Universidad Católica, como algunas autoridades han venido diciendo".
La Asamblea Universitaria, que reúne a profesores, estudiantes y trabajadores, señaló en un comunicado "su total respaldo a la conducción del rector Marcial Rubio y a las relaciones que mantiene con el arzobispado de Lima".
El diario La República editorializó el tema indicando una "nueva ofensiva" del cardenal Cipriani que busca someter a la casa de estudios a la autoridad personal del prelado ultraconservador".
El arzobispo del Callao, Miguel Irízar, dijo que "preocupa muchísimo la situación", pero que la PUCP "tiene que cumplir con los requerimientos de la Santa Sede.
Este choque entre el cardenal Cipriani y autoridades universitarias no es el primero.
Desde el 2006 vienen enfrentados en varios procesos en el Poder Judicial y Tribunal Constitucional por el control de la universidad -considerada como progresista y una de las principales del país- con base en la interpretación de un testamento.
El problema se centra en la administración de las propiedades legadas en el testamento del mecenas de la universidad, José de la Riva Agüero -fallecido en 1944- y al rol de la Iglesia en ésta.
Según las autoridades de la PUCP, el testamento autoriza a la universidad luego de 20 años a dirigirse sí misma, mientras el entorno del cardenal considera que la Iglesia tiene derecho perpetuo sobre esa herencia y a controlar la gestión de la universidad.
