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Otto Pérez
Pérez presentó su renuncia en una carta que envió al Congreso a las 23H58 locales del miércoles (05H58 GMT del jueves) y esta mañana acudió ante el juez del caso, Miguel Ángel Gálvez, a rendir declaración en el edificio de la Corte Suprema de Justicia.
"Estoy tranquilo y voy a enfrentar la situación con valentía, porque no he hecho las cosas mal", declaró Pérez a una radioemisora local, poco antes de ir a los tribunales, adonde llegó de traje negro, corbata roja y camisa a rayas. Se le veía sereno, pero demacrado.
Aunque recién presentó su dimisión, Pérez dijo haber tomado la decisión el martes cuando el Congreso, en una resolución histórica, le retiró la inmunidad para que enfrente a la justicia.
El Legislativo está reunido este jueves para decidir si acepta la renuncia -se necesita el voto de 105 de los 158 diputados-. En caso de admitirla, convocará a una sesión en la que asumiría formalmente el vicepresidente Alejandro Maldonado como nuevo mandatario.
En su carta de renuncia, Pérez, un general retirado de 64 años experto en contrainsurgencia, sostiene que enfrentará "con la conciencia tranquila los procesos que correspondan".
"En la situación actual y teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal con la convicción de hacer lo correcto", subrayó.
Pocas horas antes de enviar la carta al Congreso, Gálvez había emitido una orden de captura en su contra por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho.
Julia Barrera, vocera de la Fiscalía, explicó a la AFP que cuando Pérez se presentara ante el juzgado el ente acusador iba a solicitar ligarlo al proceso judicial y dictarle prisión preventiva, una medida que si era aprobada de todas formas hubiera significado la destitución automática de sus funciones.
El vocero presidencial, Jorge Ortega, quien informó primero a la prensa de la dimisión, dijo a la AFP que Pérez renunció para "mantener la institucionalidad del país" y "la figura de la presidencia alejada del proceso judicial".
Grupos de guatemaltecos celebraron frente a la Corte Suprema, haciendo sonar pitos y coreando consignas: "Otto ladrón, te vas a ir a Pavón", decían en referencia a una de las principales cárceles del país.
"Era lo que el pueblo quería. No hay duda que el presidente tiene participación (en el fraude) y de un momento a otro esto tenía que pasar", dijo a la AFP Pamela Saravia, una desempleada de 34 años que tocaba un tambor en las afueras de la Corte.
En otro punto de la ciudad, en la Plaza de la Constitución, entre quienes festejaban estaba la Premio Nobel de la Paz, la líder indígena Rigoberta Menchú: "Es bueno que la ciudadanía continúe con coraje y madurez estos movimientos sociales", declaró.
La renuncia del mandatario ocurre tres días antes de que los guatemaltecos acudan a las urnas para elegir un nuevo presidente, vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Según las encuestas, se necesitará una segunda ronda el 25 de octubre.
Para "prevenir posibles manifestaciones violentas", la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció que se mantendrá en vigilancia con equipos en varias regiones del país.
El miércoles, el gobierno de Estados Unidos dijo apoyar a la Fiscalía y a la Cicig. "El apoyo del Congreso de Estados Unidos a estas instituciones es ahora más crucial que nunca", declaró este jueves Eliot Engel, diputado del partido Demócrata, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
La crisis política se desató en abril pasado tras destaparse que existía una red denominada "La Línea", dedicada al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.
Desde entonces hay protestas masivas de repudio. El escándalo provocó el 8 de mayo la renuncia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien actualmente está en prisión preventiva.
Pero la situación se agravó el pasado 21 de agosto, cuando Pérez fue acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la ONU, de ser uno de los cabecillas de la red.
"Estoy dispuesto a enfrentarlos (a la Cicig y la Fiscalía), voy en una gran desventaja porque tienen toda la intención de destruirme pero vamos a confiar y poner (la situación) en las manos de Dios para salir adelante", afirmó Pérez en sus declaraciones a la radio local.
Antes de la renuncia, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, rechazó por unanimidad recursos de amparo a favor del mandatario.
Pérez llegó al poder en enero de 2012 en medio de una gran expectativa por sus promesas de realizar un "gobierno transparente" y de "mano dura" contra la violencia criminal que sufre este país de 15 millones de habitantes, desangrado por una guerra civil de 36 años (1960-1996).
"Estoy tranquilo y voy a enfrentar la situación con valentía, porque no he hecho las cosas mal", declaró Pérez a una radioemisora local, poco antes de ir a los tribunales, adonde llegó de traje negro, corbata roja y camisa a rayas. Se le veía sereno, pero demacrado.
Aunque recién presentó su dimisión, Pérez dijo haber tomado la decisión el martes cuando el Congreso, en una resolución histórica, le retiró la inmunidad para que enfrente a la justicia.
El Legislativo está reunido este jueves para decidir si acepta la renuncia -se necesita el voto de 105 de los 158 diputados-. En caso de admitirla, convocará a una sesión en la que asumiría formalmente el vicepresidente Alejandro Maldonado como nuevo mandatario.
En su carta de renuncia, Pérez, un general retirado de 64 años experto en contrainsurgencia, sostiene que enfrentará "con la conciencia tranquila los procesos que correspondan".
"En la situación actual y teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal con la convicción de hacer lo correcto", subrayó.
Pocas horas antes de enviar la carta al Congreso, Gálvez había emitido una orden de captura en su contra por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho.
Julia Barrera, vocera de la Fiscalía, explicó a la AFP que cuando Pérez se presentara ante el juzgado el ente acusador iba a solicitar ligarlo al proceso judicial y dictarle prisión preventiva, una medida que si era aprobada de todas formas hubiera significado la destitución automática de sus funciones.
El vocero presidencial, Jorge Ortega, quien informó primero a la prensa de la dimisión, dijo a la AFP que Pérez renunció para "mantener la institucionalidad del país" y "la figura de la presidencia alejada del proceso judicial".
- ¡Otto ladrón! -
Grupos de guatemaltecos celebraron frente a la Corte Suprema, haciendo sonar pitos y coreando consignas: "Otto ladrón, te vas a ir a Pavón", decían en referencia a una de las principales cárceles del país.
"Era lo que el pueblo quería. No hay duda que el presidente tiene participación (en el fraude) y de un momento a otro esto tenía que pasar", dijo a la AFP Pamela Saravia, una desempleada de 34 años que tocaba un tambor en las afueras de la Corte.
En otro punto de la ciudad, en la Plaza de la Constitución, entre quienes festejaban estaba la Premio Nobel de la Paz, la líder indígena Rigoberta Menchú: "Es bueno que la ciudadanía continúe con coraje y madurez estos movimientos sociales", declaró.
La renuncia del mandatario ocurre tres días antes de que los guatemaltecos acudan a las urnas para elegir un nuevo presidente, vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Según las encuestas, se necesitará una segunda ronda el 25 de octubre.
Para "prevenir posibles manifestaciones violentas", la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció que se mantendrá en vigilancia con equipos en varias regiones del país.
El miércoles, el gobierno de Estados Unidos dijo apoyar a la Fiscalía y a la Cicig. "El apoyo del Congreso de Estados Unidos a estas instituciones es ahora más crucial que nunca", declaró este jueves Eliot Engel, diputado del partido Demócrata, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
- Ocaso de un presidente -
La crisis política se desató en abril pasado tras destaparse que existía una red denominada "La Línea", dedicada al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.
Desde entonces hay protestas masivas de repudio. El escándalo provocó el 8 de mayo la renuncia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien actualmente está en prisión preventiva.
Pero la situación se agravó el pasado 21 de agosto, cuando Pérez fue acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la ONU, de ser uno de los cabecillas de la red.
"Estoy dispuesto a enfrentarlos (a la Cicig y la Fiscalía), voy en una gran desventaja porque tienen toda la intención de destruirme pero vamos a confiar y poner (la situación) en las manos de Dios para salir adelante", afirmó Pérez en sus declaraciones a la radio local.
Antes de la renuncia, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, rechazó por unanimidad recursos de amparo a favor del mandatario.
Pérez llegó al poder en enero de 2012 en medio de una gran expectativa por sus promesas de realizar un "gobierno transparente" y de "mano dura" contra la violencia criminal que sufre este país de 15 millones de habitantes, desangrado por una guerra civil de 36 años (1960-1996).
