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Política
Manifestantes en Túnez.
Su abogado libanés Akram Azuri precisó a la AFP que "esto no quiere decir que Ben Alí se considere aún el presidente de Túnez".
El ex jefe del Estado explica en un comunicado enviado por su abogado a la AFP que el director general encargado de su seguridad, Alí el Siriati, le dijo el 14 de enero que querían asesinarlo y que el palacio presidencial estaba rodeado.
"Salí engañado de Túnez", contó.
"Alí el Siriati insistió en que acompañara a mi familia a Yedá por unas horas para que los servicios de seguridad pudiesen desenmascarar el complot y garantizar mi seguridad", asegura.
"Entonces tomé el avión con mi familia (...) pero, tras nuestra llegada a Yedá, el avión volvió a Túnez sin esperarme, contradiciendo mis órdenes claras", explicó. "Me quedé en Yedá en contra de mi voluntad. Más tarde, se anunció que yo había huido de Túnez".
Ben Alí, que dirigió el país con mano de hierro durante 23 años, debe responder en su juicio de varios cargos que van de la malversación de fondos públicos a la posesión de armas y de estupefacientes. Podría ser condenado a penas que oscilan entre los cinco y los 20 años de cárcel, según el ministerio de Justicia tunecino.
El lunes la defensa pidió el aplazamiento del juicio en rebeldía.
El ex jefe del Estado explica en un comunicado enviado por su abogado a la AFP que el director general encargado de su seguridad, Alí el Siriati, le dijo el 14 de enero que querían asesinarlo y que el palacio presidencial estaba rodeado.
"Salí engañado de Túnez", contó.
"Alí el Siriati insistió en que acompañara a mi familia a Yedá por unas horas para que los servicios de seguridad pudiesen desenmascarar el complot y garantizar mi seguridad", asegura.
"Entonces tomé el avión con mi familia (...) pero, tras nuestra llegada a Yedá, el avión volvió a Túnez sin esperarme, contradiciendo mis órdenes claras", explicó. "Me quedé en Yedá en contra de mi voluntad. Más tarde, se anunció que yo había huido de Túnez".
Ben Alí, que dirigió el país con mano de hierro durante 23 años, debe responder en su juicio de varios cargos que van de la malversación de fondos públicos a la posesión de armas y de estupefacientes. Podría ser condenado a penas que oscilan entre los cinco y los 20 años de cárcel, según el ministerio de Justicia tunecino.
El lunes la defensa pidió el aplazamiento del juicio en rebeldía.
