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Política
En esta ocasión propongo que hagamos una evaluación un poco diferente. No se debe empezar por enero de 2009. Es necesario retrotraerse a los meses de la campaña eleccionaria de 2008. Es necesario comenzar la evaluación antes de 2009 porque lo más importante que está ocurriendo con la Administración Fortuño, desde el punto de vista político, es cómo la actual administración representa, en la práctica, la burla más dramática al verdadero espíritu democrático en la historia reciente de Puerto Rico.
Gran peligro para el sistema democrático
De la misma manera que se habla frecuentemente de cómo es un gran peligro para la convivencia social que los ciudadanos se tornen indiferentes ante la ola criminal y la magnificación de los escenarios de violencia en Puerto Rico, porque se corre el riesgo de verlo como “normal y tolerable”, con lo cual la calidad de vida no puede sino continuar en descenso e ir derecho al abismo, es preciso cobrar conciencia de que lo que está ocurriendo actualmente en nuestra vida política no se puede tomar a la ligera, ya que la indiferencia ciudadana de hoy puede significar, no sólo un descenso en la calidad de nuestra vida democrática en el futuro, sino la desaparición misma de la forma democrática de vida en nuestro país.
No es la primera vez que un candidato a la gobernación hace promesas en campaña que luego no cumple. Todos podemos recordar ejemplos en las administraciones de Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández Colón, Pedro Rosselló, Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Lo que es particularmente grave en el caso de la Administración Fortuño, no es el incumplimiento de una promesa más o una promesa menos. Lo particularmente grave es la ocurrencia, por primera vez, de una peligrosa combinación de un gran engaño planificado desde la campaña —es decir, publicitar y predicar justamente lo contrario de aquello que de antemano se planifica hacer— junto con la presunción falaz de que llegar al poder con muchos votos da derecho a los electos a actuar en el gobierno como les dé la gana, aun si tales acciones desatienden y van en contra de las propias necesidades, de los derechos adquiridos y de la voluntad del Pueblo al cual dicen servir.
Las evidencias de la burla
Puede demostrarse el preocupante asalto a la democracia puertorriqueña que representa la actual administración de gobierno al considerar las siguientes evidencias:
Exhibit I
Luis Fortuño y su equipo de trabajo fraguaron y perpetraron un engaño masivo y monumental en la campaña de 2008. En esta ocasión el engaño reviste unas proporciones más que alarmantes porque no ha sido engaño por improvisación sino por planificación.
La campaña de Fortuño se desarrolló en dos vertientes principales: (1) la de prometer un cambio para beneficio de los ciudadanos, reducir los impuestos porque el dinero en el bolsillo del Pueblo estaba mejor ubicado que en manos del gobierno, y hacer esfuerzos por sacar al país de su crisis económica y de la crisis fiscal del gobierno, incluyendo conservar los empleos en el sector público; y (2) atacar a su adversario porque había sido objeto de acusaciones en el tribunal federal de San Juan. Con esas puntas de lanza Fortuño logró un triunfo arrollador en las elecciones de 2008.
La falsedad de la segunda vertiente quedó demostrada por la absolución de Aníbal Acevedo Vilá por el propio jurado que examinó su caso en el tribunal federal. La falsedad de la primera ha quedado demostrada con las decisiones de política pública de la Administración Fortuño.
En la campaña, Fortuño hipnotizó a los electores para que votaran por él en espera de una gran gestión de gobierno. Para fines de 2009 los electores han visto ya lo que, sin querer, “compraron” con sus votos: miles de despidos de empleados públicos, aumentos en los impuestos, actitudes despreciativas de los gobernantes hacia los pobres y los sectores trabajadores y comunitarios, persecución selectiva a una sola de las profesiones colegiadas: el Colegio de Abogados, y gran incapacidad demostrada para frenar la ola de más de 800 asesinatos en el año y de todo tipo de violencias y de suicidios que arropan al País. No sólo ha privado de ingresos a muchos ciudadanos y familias para poner esos recursos en manos del gobierno, sino que la finalidad parece ser realmente trasladar esos recursos desde el gobierno a ciudadanos privados privilegiados mediante contratos a empresas particulares. Algunos de los despidos masivos pueden tener, además, serias repercusiones para otro elemento esencial en un sistema democrático: la protección de los derechos humanos. Esto se observa particularmente en la forma insensible con que este gobierno redujo dramáticamente el personal a cargo de la educación de niños con necesidades especiales.
El desgobierno es de tal naturaleza, que hasta el Departamento de Educación luce totalmente a la deriva y se espera que será incapaz de hacer a tiempo las propuestas que se requieren para obtener millones de fondos federales del estímulo del Presidente Obama a la educación. El desmantelamiento del Consejo de Educación Superior, además, agrava la situación poniendo en riesgo la supervisión y acreditación de las universidades privadas. Encima de todo, la nueva onda de pretender que la rama judicial responda a los intereses del partido que ganó las elecciones, en lugar de ser independiente de la política partidista, como exige nuestra Constitución, erosiona aún más el Estado de Derecho democrático en nuestro país.
Se sabe que las consecuencias inmediatas del desgobierno y de la atención casi exclusiva en el cuadre fiscal, aun a costa de empeorar la recesión económica que vive Puerto Rico, son muy serias. Pero es hora de reflexionar también sobre las consecuencias que tiene para la viabilidad de una democracia verdadera el que los dirigentes y candidatos principales de los partidos engañen con desparpajo al Pueblo, traicionen los deseos y necesidades de la mayoría de sus propios votantes y actúen exclusivamente en beneficio de los carreristas políticos del partido que ganó las elecciones y de los propietarios de negocios más adinerados.
El engaño masivo a los electores es sumamente grave porque atenta contra la concepción misma de lo que es la democracia. Una verdadera democracia para un Estado de Derecho, para un gobierno constitucional, se asienta en la premisa de que los votantes tienen un poder real de decidir a quién le otorgan el control del gobierno por unos próximos cuatro años. Ese poder real debe existir para que se concrete en la práctica el principio de que el soberano es el Pueblo, que es el propio Pueblo el que elige entre posibles gobernantes y entre las ofertas de los partidos, aquella que le parece es la mejor según sus necesidades. Y los electos, desde una verdadera óptica democrática, se ven a sí mismos como servidores públicos, servidores del Pueblo que es el soberano, no como sus verdugos.
Pero si se continúa el patrón iniciado por esta administración de que los candidatos a gobernantes ofrecen una cosa al Pueblo, lo engañan para obtener el voto y para hacerse con el control del gobierno, y luego hacen lo contrario de lo que prometieron porque así lo tenían ya planificado, y además perjudican con ello amplios sectores del Pueblo mismo, entonces se borra por completo la esencia de la democracia, entendida como el gobierno del Pueblo, para el Pueblo y por el Pueblo. Y con ello se instaura una dictadura de partido, tan dictadura como la de los partidos totalitarios.
Exhibit II
La segunda evidencia de burla, asalto e irrespeto a los más elementales principios de la democracia se ha exhibido con gran desparpajo en la forma insolente, atropelladora y destemplada con que se ha gobernado en Puerto Rico desde enero de 2009.
Las pruebas concretas de esta cultura política de “shock” y aplanadora dictatorial, y del atropello, se resumen en los siguientes ejemplos:
(a) la insolencia y el desprecio a las labores de la prensa y los periodistas del país,
(b) haber convertido la aprobación de leyes “por descargue”—sin discusión ni participación democrática alguna del Pueblo ni de la minoría legislativa— en la nueva norma de la cultura política legislativa del gobierno central;
(c) impedir por diversos medios que la minoría legislativa contribuya constructivamente a la obra de gobierno;
(d) demostrar desprecio por los sectores pobres del país con actitudes evidentemente clasistas;
(e) cerrarles hasta las puertas de la Asamblea Legislativa a sectores importantes del Pueblo que han querido manifestar su descontento; y
(f) negarse a incluir en procesos de diálogo con el gobierno a los sectores sindicales, académicos y comunitarios, privilegiando únicamente al sector empresarial, a pesar de que los grupos excluidos han presentado propuestas valiosas de política pública.
Suponiendo que todavía hay unos espacios democráticos que utilizar, algunos recurren a los tribunales de justicia. Esto es muestra de que, entre el Pueblo, la mayoría respeta todavía a la Rama Judicial. Sin embargo, está por verse si en lo que resta de este cuatrienio los tribunales habrán de resolver controversias conforme a derecho o si lo harán como los jueces alemanes en tiempos de Hitler: a base de la voluntad del partido en el poder. Nada menos que esto es lo que pretenden algunos de los dirigentes políticos del gobierno de turno.
Otros ciudadanos recurren a las protestas públicas. Esa última vía, la del recurso a las protestas, también debe ser objeto de reflexión en un pase de balance de 2009 como primer año de la Administración Fortuño. ¿Tienen efecto las protestas? ¿Usamos el tipo de protesta adecuada a las circunstancias o estamos recurriendo a ejercicios en futilidad?
¿Qué podemos hacer para que en nuestro país los políticos tengan que ser responsables ante el Pueblo? A dilucidar esos asuntos se dedicará un próximo artículo.
*El autor es Catedrático del Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y autor del libro Puerto Rico ante los retos del siglo XXI: Cambio económico, cultural y político en los inicios del nuevo siglo.
Gran peligro para el sistema democrático
De la misma manera que se habla frecuentemente de cómo es un gran peligro para la convivencia social que los ciudadanos se tornen indiferentes ante la ola criminal y la magnificación de los escenarios de violencia en Puerto Rico, porque se corre el riesgo de verlo como “normal y tolerable”, con lo cual la calidad de vida no puede sino continuar en descenso e ir derecho al abismo, es preciso cobrar conciencia de que lo que está ocurriendo actualmente en nuestra vida política no se puede tomar a la ligera, ya que la indiferencia ciudadana de hoy puede significar, no sólo un descenso en la calidad de nuestra vida democrática en el futuro, sino la desaparición misma de la forma democrática de vida en nuestro país.
No es la primera vez que un candidato a la gobernación hace promesas en campaña que luego no cumple. Todos podemos recordar ejemplos en las administraciones de Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández Colón, Pedro Rosselló, Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Lo que es particularmente grave en el caso de la Administración Fortuño, no es el incumplimiento de una promesa más o una promesa menos. Lo particularmente grave es la ocurrencia, por primera vez, de una peligrosa combinación de un gran engaño planificado desde la campaña —es decir, publicitar y predicar justamente lo contrario de aquello que de antemano se planifica hacer— junto con la presunción falaz de que llegar al poder con muchos votos da derecho a los electos a actuar en el gobierno como les dé la gana, aun si tales acciones desatienden y van en contra de las propias necesidades, de los derechos adquiridos y de la voluntad del Pueblo al cual dicen servir.
Las evidencias de la burla
Puede demostrarse el preocupante asalto a la democracia puertorriqueña que representa la actual administración de gobierno al considerar las siguientes evidencias:
Exhibit I
Luis Fortuño y su equipo de trabajo fraguaron y perpetraron un engaño masivo y monumental en la campaña de 2008. En esta ocasión el engaño reviste unas proporciones más que alarmantes porque no ha sido engaño por improvisación sino por planificación.
La campaña de Fortuño se desarrolló en dos vertientes principales: (1) la de prometer un cambio para beneficio de los ciudadanos, reducir los impuestos porque el dinero en el bolsillo del Pueblo estaba mejor ubicado que en manos del gobierno, y hacer esfuerzos por sacar al país de su crisis económica y de la crisis fiscal del gobierno, incluyendo conservar los empleos en el sector público; y (2) atacar a su adversario porque había sido objeto de acusaciones en el tribunal federal de San Juan. Con esas puntas de lanza Fortuño logró un triunfo arrollador en las elecciones de 2008.
La falsedad de la segunda vertiente quedó demostrada por la absolución de Aníbal Acevedo Vilá por el propio jurado que examinó su caso en el tribunal federal. La falsedad de la primera ha quedado demostrada con las decisiones de política pública de la Administración Fortuño.
En la campaña, Fortuño hipnotizó a los electores para que votaran por él en espera de una gran gestión de gobierno. Para fines de 2009 los electores han visto ya lo que, sin querer, “compraron” con sus votos: miles de despidos de empleados públicos, aumentos en los impuestos, actitudes despreciativas de los gobernantes hacia los pobres y los sectores trabajadores y comunitarios, persecución selectiva a una sola de las profesiones colegiadas: el Colegio de Abogados, y gran incapacidad demostrada para frenar la ola de más de 800 asesinatos en el año y de todo tipo de violencias y de suicidios que arropan al País. No sólo ha privado de ingresos a muchos ciudadanos y familias para poner esos recursos en manos del gobierno, sino que la finalidad parece ser realmente trasladar esos recursos desde el gobierno a ciudadanos privados privilegiados mediante contratos a empresas particulares. Algunos de los despidos masivos pueden tener, además, serias repercusiones para otro elemento esencial en un sistema democrático: la protección de los derechos humanos. Esto se observa particularmente en la forma insensible con que este gobierno redujo dramáticamente el personal a cargo de la educación de niños con necesidades especiales.
El desgobierno es de tal naturaleza, que hasta el Departamento de Educación luce totalmente a la deriva y se espera que será incapaz de hacer a tiempo las propuestas que se requieren para obtener millones de fondos federales del estímulo del Presidente Obama a la educación. El desmantelamiento del Consejo de Educación Superior, además, agrava la situación poniendo en riesgo la supervisión y acreditación de las universidades privadas. Encima de todo, la nueva onda de pretender que la rama judicial responda a los intereses del partido que ganó las elecciones, en lugar de ser independiente de la política partidista, como exige nuestra Constitución, erosiona aún más el Estado de Derecho democrático en nuestro país.
Se sabe que las consecuencias inmediatas del desgobierno y de la atención casi exclusiva en el cuadre fiscal, aun a costa de empeorar la recesión económica que vive Puerto Rico, son muy serias. Pero es hora de reflexionar también sobre las consecuencias que tiene para la viabilidad de una democracia verdadera el que los dirigentes y candidatos principales de los partidos engañen con desparpajo al Pueblo, traicionen los deseos y necesidades de la mayoría de sus propios votantes y actúen exclusivamente en beneficio de los carreristas políticos del partido que ganó las elecciones y de los propietarios de negocios más adinerados.
El engaño masivo a los electores es sumamente grave porque atenta contra la concepción misma de lo que es la democracia. Una verdadera democracia para un Estado de Derecho, para un gobierno constitucional, se asienta en la premisa de que los votantes tienen un poder real de decidir a quién le otorgan el control del gobierno por unos próximos cuatro años. Ese poder real debe existir para que se concrete en la práctica el principio de que el soberano es el Pueblo, que es el propio Pueblo el que elige entre posibles gobernantes y entre las ofertas de los partidos, aquella que le parece es la mejor según sus necesidades. Y los electos, desde una verdadera óptica democrática, se ven a sí mismos como servidores públicos, servidores del Pueblo que es el soberano, no como sus verdugos.
Pero si se continúa el patrón iniciado por esta administración de que los candidatos a gobernantes ofrecen una cosa al Pueblo, lo engañan para obtener el voto y para hacerse con el control del gobierno, y luego hacen lo contrario de lo que prometieron porque así lo tenían ya planificado, y además perjudican con ello amplios sectores del Pueblo mismo, entonces se borra por completo la esencia de la democracia, entendida como el gobierno del Pueblo, para el Pueblo y por el Pueblo. Y con ello se instaura una dictadura de partido, tan dictadura como la de los partidos totalitarios.
Exhibit II
La segunda evidencia de burla, asalto e irrespeto a los más elementales principios de la democracia se ha exhibido con gran desparpajo en la forma insolente, atropelladora y destemplada con que se ha gobernado en Puerto Rico desde enero de 2009.
Las pruebas concretas de esta cultura política de “shock” y aplanadora dictatorial, y del atropello, se resumen en los siguientes ejemplos:
(a) la insolencia y el desprecio a las labores de la prensa y los periodistas del país,
(b) haber convertido la aprobación de leyes “por descargue”—sin discusión ni participación democrática alguna del Pueblo ni de la minoría legislativa— en la nueva norma de la cultura política legislativa del gobierno central;
(c) impedir por diversos medios que la minoría legislativa contribuya constructivamente a la obra de gobierno;
(d) demostrar desprecio por los sectores pobres del país con actitudes evidentemente clasistas;
(e) cerrarles hasta las puertas de la Asamblea Legislativa a sectores importantes del Pueblo que han querido manifestar su descontento; y
(f) negarse a incluir en procesos de diálogo con el gobierno a los sectores sindicales, académicos y comunitarios, privilegiando únicamente al sector empresarial, a pesar de que los grupos excluidos han presentado propuestas valiosas de política pública.
Suponiendo que todavía hay unos espacios democráticos que utilizar, algunos recurren a los tribunales de justicia. Esto es muestra de que, entre el Pueblo, la mayoría respeta todavía a la Rama Judicial. Sin embargo, está por verse si en lo que resta de este cuatrienio los tribunales habrán de resolver controversias conforme a derecho o si lo harán como los jueces alemanes en tiempos de Hitler: a base de la voluntad del partido en el poder. Nada menos que esto es lo que pretenden algunos de los dirigentes políticos del gobierno de turno.
Otros ciudadanos recurren a las protestas públicas. Esa última vía, la del recurso a las protestas, también debe ser objeto de reflexión en un pase de balance de 2009 como primer año de la Administración Fortuño. ¿Tienen efecto las protestas? ¿Usamos el tipo de protesta adecuada a las circunstancias o estamos recurriendo a ejercicios en futilidad?
¿Qué podemos hacer para que en nuestro país los políticos tengan que ser responsables ante el Pueblo? A dilucidar esos asuntos se dedicará un próximo artículo.
*El autor es Catedrático del Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y autor del libro Puerto Rico ante los retos del siglo XXI: Cambio económico, cultural y político en los inicios del nuevo siglo.
