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Política
Manifestantes en Polonia protestan contra las nuevas leyes
"Queremos curar al país de algunas enfermedades para que pueda recuperarse", declaró Waszczykowski en una entrevista con el diario alemán Bild que se publicará el lunes.
Según el ministro, el gobierno precedente, de tendencia liberal y centrista, "siguió cierto concepto político de izquierda".
"Como si el mundo debiera ir automáticamente en un mismo sentido, de acuerdo a un modelo marxista –una nueva mezcla de culturas y razas, un mundo de ciclistas y vegetarianos, que sólo apuesta por las energías limpias y combate cualquier forma de religión. Todo esto no tiene nada que ver con las raíces tradicionales polacas", zanjó.
Al contrario, afirmó, el partido conservador Derecho y Justicia (PiS), que ganó las elecciones legislativas a fines de octubre, apoya lo que interesa a "la mayoría de los polacos: las tradiciones, la consciencia de su historia, el amor a la patria, la fe en Dios, y una vida de familia normal entre un hombre y una mujer".
"Es un 'shock' para nuestros opositores, quienes creen en el progreso: que 25 años de adoctrinamiento izquierdista y liberal no pudieron hacer desaparecer nuestros valores tradicionales (...) Y que gracias a ellos ganamos las elecciones", estimó.
El gobierno conservador actualmente en Varsovia es blanco de duras críticas desde su llegada al poder en noviembre pasado a causa de varias decisiones controvertidas.
Las cámaras de diputados y senadores del parlamento polaco aprobaron a fines de 2015 la ley que, entre otros, hizo expirar con efecto inmediato los mandatos de los miembros de las direcciones y consejos de vigilancia de la radiotelevisión pública.
Esta ley en particular ha desatado una ola de reacciones negativas de la comunidad internacional. La Comisión Europea (CE), por su parte, debatirá la situación del Estado de derecho en Polonia el próximo 13 de enero, tras la adopción de esta ley que somete los medios públicos al control del partido gobernante, según informó el domingo el ejecutivo comunitario.
Días atrás, la CE había instado a Varsovia a no aplicar una ley de reforma del Tribunal Constitucional, antes de que se realice una evaluación de su impacto sobre la independencia de esta jurisdicción.
Según el ministro, el gobierno precedente, de tendencia liberal y centrista, "siguió cierto concepto político de izquierda".
"Como si el mundo debiera ir automáticamente en un mismo sentido, de acuerdo a un modelo marxista –una nueva mezcla de culturas y razas, un mundo de ciclistas y vegetarianos, que sólo apuesta por las energías limpias y combate cualquier forma de religión. Todo esto no tiene nada que ver con las raíces tradicionales polacas", zanjó.
Al contrario, afirmó, el partido conservador Derecho y Justicia (PiS), que ganó las elecciones legislativas a fines de octubre, apoya lo que interesa a "la mayoría de los polacos: las tradiciones, la consciencia de su historia, el amor a la patria, la fe en Dios, y una vida de familia normal entre un hombre y una mujer".
"Es un 'shock' para nuestros opositores, quienes creen en el progreso: que 25 años de adoctrinamiento izquierdista y liberal no pudieron hacer desaparecer nuestros valores tradicionales (...) Y que gracias a ellos ganamos las elecciones", estimó.
El gobierno conservador actualmente en Varsovia es blanco de duras críticas desde su llegada al poder en noviembre pasado a causa de varias decisiones controvertidas.
Las cámaras de diputados y senadores del parlamento polaco aprobaron a fines de 2015 la ley que, entre otros, hizo expirar con efecto inmediato los mandatos de los miembros de las direcciones y consejos de vigilancia de la radiotelevisión pública.
Esta ley en particular ha desatado una ola de reacciones negativas de la comunidad internacional. La Comisión Europea (CE), por su parte, debatirá la situación del Estado de derecho en Polonia el próximo 13 de enero, tras la adopción de esta ley que somete los medios públicos al control del partido gobernante, según informó el domingo el ejecutivo comunitario.
Días atrás, la CE había instado a Varsovia a no aplicar una ley de reforma del Tribunal Constitucional, antes de que se realice una evaluación de su impacto sobre la independencia de esta jurisdicción.
