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Franco, en el centro, visitando las obras del valle de los caídos en los años 40
El máximo tribunal "ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Baltasar Garzón Real, Manuel Ollé Sesé y Eduardo Ranz Alonso", señaló la corte en una nota informativa.
Garzón, conocido por ordenar la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, y los otros dos abogados solicitaron en noviembre de 2015 al gobierno español retirar los restos del dictador, al frente de España entre 1939 y 1975, del Valle de los Caídos.
Ese faraónico monumento, a 50 km de Madrid, fue construido entre 1940 y 1958 en parte con el trabajo forzado de unos 20.000 presos del bando republicano, perdedor de la Guerra Civil (1936-1939).
En los años 1950, el régimen trasladó allí sin permiso los restos de más de 30.000 víctimas del conflicto, incluso republicanas. Sus familiares luchan desde hace años por identificar los cuerpos y exhumar al dictador.
Garzón y sus colegas introdujeron el recurso al no obtener respuesta a su pedido.
Pero en septiembre de 2016 se pronunció el gobierno conservador de Mariano Rajoy, que, sin entrar en el fondo de la cuestión, estimó que es a la Iglesia a quien se debe pedir autorización toda vez que los restos de Franco reposan en una "basílica" en el Valle de los Caídos.
Al haber una respuesta, el máximo tribunal desestimó el recurso.
"El Tribunal Supremo se alinea una vez más contra las víctimas y en favor de los perpetradores", lamentaron en un comunicado Garzón y sus colegas, al advertir que podrían recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"España no puede seguir ignorando a las más de 114.000 víctimas del franquismo y seguir financiando un monumento" como el Valle de los Caídos, señalaron.
Garzón se convirtió en 2008 en el primer juez en abrir una instrucción sobre los desaparecidos del franquismo. Pero su pesquisa se detuvo en virtud de la Ley de Amnistía aprobada en 1977 en plena transición a la democracia tras la muerte de Franco.
Garzón fue inhabilitado por la justicia española en 2012 por haber ordenado escuchas ilegales durante una investigación.
Garzón, conocido por ordenar la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, y los otros dos abogados solicitaron en noviembre de 2015 al gobierno español retirar los restos del dictador, al frente de España entre 1939 y 1975, del Valle de los Caídos.
Ese faraónico monumento, a 50 km de Madrid, fue construido entre 1940 y 1958 en parte con el trabajo forzado de unos 20.000 presos del bando republicano, perdedor de la Guerra Civil (1936-1939).
En los años 1950, el régimen trasladó allí sin permiso los restos de más de 30.000 víctimas del conflicto, incluso republicanas. Sus familiares luchan desde hace años por identificar los cuerpos y exhumar al dictador.
Garzón y sus colegas introdujeron el recurso al no obtener respuesta a su pedido.
Pero en septiembre de 2016 se pronunció el gobierno conservador de Mariano Rajoy, que, sin entrar en el fondo de la cuestión, estimó que es a la Iglesia a quien se debe pedir autorización toda vez que los restos de Franco reposan en una "basílica" en el Valle de los Caídos.
Al haber una respuesta, el máximo tribunal desestimó el recurso.
"El Tribunal Supremo se alinea una vez más contra las víctimas y en favor de los perpetradores", lamentaron en un comunicado Garzón y sus colegas, al advertir que podrían recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"España no puede seguir ignorando a las más de 114.000 víctimas del franquismo y seguir financiando un monumento" como el Valle de los Caídos, señalaron.
Garzón se convirtió en 2008 en el primer juez en abrir una instrucción sobre los desaparecidos del franquismo. Pero su pesquisa se detuvo en virtud de la Ley de Amnistía aprobada en 1977 en plena transición a la democracia tras la muerte de Franco.
Garzón fue inhabilitado por la justicia española en 2012 por haber ordenado escuchas ilegales durante una investigación.
