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Juan Manuel Santos
"El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno", dijo el mandatario en su alegato de defensa de una reforma constitucional que permitiría crear un mecanismo de justicia transicional.
"Nuestra función como agentes del Estado es garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esa razón, tanto mayor es nuestra responsabilidad", enfatizó Santos.
El presidente intervino ante la Corte Constitucional para defender una reforma conocida como "marco jurídico para la paz", que es considerada como la base legal del proceso de negociación que lleva a cabo con la guerrilla comunista de las FARC en Cuba desde noviembre de 2012.
Esa reforma, aprobada por el Congreso el año pasado y que requiere el aval de la Corte Constitucional, permitiría la suspensión de las penas a los guerrilleros que se desmovilicen, así como su participación activa en política, entre otras disposiciones.
Los máximos jefes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) han sido ya condenados en ausencia a prisión por diversos delitos.
"Si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las FARC y del ELN (Ejército de Liberación Nacional), y los desmovilizados de las Autodefensas (Unidas de Colombia, paramilitares de derecha), responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental", resaltó el gobernante.
Con el proceso de paz, el gobierno de Santos busca poner fin a un conflicto armado interno que desde los años 1960 ha dejado millones de víctimas y es el más prolongado del continente.
Las críticas de los organismos de derechos humanos
Pero la reforma constitucional ha sido objetada por organismos de defensa de los derechos humanos, que consideran que su redacción excluirá la investigación y reparación en muchos casos de violaciones y abusos.
Específicamente, los organismos humanitarios, entre ellos Human Rights Watch y la Comisión Colombiana de Juristas, consideran que la previsión de que se investigue a "los máximos responsables" de los crímenes más graves "cometidos de manera sistemática" deja de lado a miles de víctimas que no encajan en esa definición.
En defensa de la reforma, Santos aseguró que en vez de "pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables y luego no cumplir", se busca "construir una estrategia realista y transparente que permita satisfacer de la mejor manera los derechos de todas las víctimas".
En la audiencia, el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, resaltó que el proceso de paz de La Habana es "una iniciativa valiosa que esperamos que contribuya al bienestar de la sociedad colombiana".
"Pero para que este propósito se convierta en realidad es necesario garantizar el derecho de las víctimas. Las medidas de justicia transicional deben adoptarse de forma comprensiva y no excluyente", dijo Gallón.
"La paz no puede estar basada en el perdón mutuo entre combatientes, tiene que basarse en las víctimas que serán las que en última instancia la validarán", enfatizó.
Pero en defensa de la norma, el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, uno de los negociadores en los diálogos de La Habana, sostuvo que lo que piden sus críticos al gobierno corresponde a "un Estado en paz".
"Pero nosotros no estamos en paz, estamos tratando de poner fin a un conflicto armado para luego construir la paz", destacó.
También José Miguel Vivanco, directivo de Human Rights Watch, criticó duramente esa reforma ante los magistrados de la Corte.
"Esta enmienda constitucional impacta de modo decisivo en la vigencia de los derechos humanos y el estado de derecho en Colombia, dado que ofrece la posibilidad cierta de negar justicia a millones de víctimas del conflicto", dijo Vivanco, al aseverar que "abre la puerta a la inmunidad para guerrilleros, militares y paramilitares".
Después de escuchar los alegatos en la audiencia pública de este jueves, los magistrados de la Corte Constitucional se tomarán algunas semanas para anunciar su dictamen, probablemente a fines de agosto.
"Nuestra función como agentes del Estado es garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esa razón, tanto mayor es nuestra responsabilidad", enfatizó Santos.
El presidente intervino ante la Corte Constitucional para defender una reforma conocida como "marco jurídico para la paz", que es considerada como la base legal del proceso de negociación que lleva a cabo con la guerrilla comunista de las FARC en Cuba desde noviembre de 2012.
Esa reforma, aprobada por el Congreso el año pasado y que requiere el aval de la Corte Constitucional, permitiría la suspensión de las penas a los guerrilleros que se desmovilicen, así como su participación activa en política, entre otras disposiciones.
Los máximos jefes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) han sido ya condenados en ausencia a prisión por diversos delitos.
"Si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las FARC y del ELN (Ejército de Liberación Nacional), y los desmovilizados de las Autodefensas (Unidas de Colombia, paramilitares de derecha), responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental", resaltó el gobernante.
Con el proceso de paz, el gobierno de Santos busca poner fin a un conflicto armado interno que desde los años 1960 ha dejado millones de víctimas y es el más prolongado del continente.
Las críticas de los organismos de derechos humanos
Pero la reforma constitucional ha sido objetada por organismos de defensa de los derechos humanos, que consideran que su redacción excluirá la investigación y reparación en muchos casos de violaciones y abusos.
Específicamente, los organismos humanitarios, entre ellos Human Rights Watch y la Comisión Colombiana de Juristas, consideran que la previsión de que se investigue a "los máximos responsables" de los crímenes más graves "cometidos de manera sistemática" deja de lado a miles de víctimas que no encajan en esa definición.
En defensa de la reforma, Santos aseguró que en vez de "pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables y luego no cumplir", se busca "construir una estrategia realista y transparente que permita satisfacer de la mejor manera los derechos de todas las víctimas".
En la audiencia, el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, resaltó que el proceso de paz de La Habana es "una iniciativa valiosa que esperamos que contribuya al bienestar de la sociedad colombiana".
"Pero para que este propósito se convierta en realidad es necesario garantizar el derecho de las víctimas. Las medidas de justicia transicional deben adoptarse de forma comprensiva y no excluyente", dijo Gallón.
"La paz no puede estar basada en el perdón mutuo entre combatientes, tiene que basarse en las víctimas que serán las que en última instancia la validarán", enfatizó.
Pero en defensa de la norma, el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, uno de los negociadores en los diálogos de La Habana, sostuvo que lo que piden sus críticos al gobierno corresponde a "un Estado en paz".
"Pero nosotros no estamos en paz, estamos tratando de poner fin a un conflicto armado para luego construir la paz", destacó.
También José Miguel Vivanco, directivo de Human Rights Watch, criticó duramente esa reforma ante los magistrados de la Corte.
"Esta enmienda constitucional impacta de modo decisivo en la vigencia de los derechos humanos y el estado de derecho en Colombia, dado que ofrece la posibilidad cierta de negar justicia a millones de víctimas del conflicto", dijo Vivanco, al aseverar que "abre la puerta a la inmunidad para guerrilleros, militares y paramilitares".
Después de escuchar los alegatos en la audiencia pública de este jueves, los magistrados de la Corte Constitucional se tomarán algunas semanas para anunciar su dictamen, probablemente a fines de agosto.
