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Refinería de Donges
"Es un deber efectuar esta reforma y llevarla adelante hasta el final", dijo Sarkozy, citado tras un consejo de ministros por la secretaria de Estado para la Familia, Nadine Morano, al día siguiente de la mayor jornada de protestas contra esta reforma, considerada como la principal de su mandato.
"No serán las protestas de la calle las que hagan dar marcha atrás a una reforma indispensable", agregó.
El gobierno se mantiene inflexible en los principales puntos de la reforma, referidos al aumento de 60 a 62 años de la edad mínima para tener derecho a jubilarse y de 65 a 67 para cobrar una pensión completa.
Los sindicatos consiguieron el martes realizar las movilizaciones más numerosas de los últimos 15 años en Francia, con 3,5 millones de personas en las calles de decenas de ciudades, según los sindicatos, y 1,2 millones según el gobierno.
Pese a la diferencia de estimaciones, ambas partes coinciden en que esta vez los manifestantes fueron más numerosos que en las tres marchas anteriores registradas desde septiembre y en las seis desde que la gobernante UMP perdió las elecciones regionales de marzo.
Las protestas, además, siguen contando con un fuerte respaldo de la opinión pública, y el martes tuvieron por primera vez una fuerte presencia de estudiantes de secundaria y universitarios, evaluados en unos 150.000.
Las huelgas tuvieron un acatamiento del 17% al 53% en el sector público, según las fuentes, y el miércoles continuaban en sectores clave como el ferroviario y las refinerías.
Las seis refinerías del grupo Total (la mitad de las que funcionan en Francia) estaban interrumpiendo sus operaciones debido a la huelga, indicó el miércoles a la AFP la dirección de la petrolera.
La SNCF, empresa pública de transporte ferroviario, indicó que "el tráfico previsto se mantiene", es decir un promedio de un tren de gran velocidad de cada tres, cuatro trenes regionales de cada 10 y cuatro trenes en el departamento de Ile de France (en el que está incluido París) de cada diez.
Los trabajadores ferroviarios decidieron prolongar la medida de fuerza.
"No hemos llegado al final del proceso. Naturalmente, sería más sano que el jefe de Estado y el gobierno tomaran conciencia del alcance del descontento que se amplificó ayer", afirmó Bernard Thibault, secretario general de la CGT, primer sindicato francés, que junto a las otras centrales obreras prevé una nueva jornada de manifestaciones el sábado próximo.
Según fuentes cercanas a la intersindical, una nueva jornada de protestas podría ser convocada para la semana venidera, mientras la reforma sigue su curso en el Senado, antes de su aprobación definitiva.
Pero el gobierno sigue inflexible.
El ejecutivo afirma que el aumento de la esperanza de vida y un déficit del sistema de pensiones que la crisis financiera triplicó en 2010 a 32.000 millones de euros (42.000 millones de dólares) justifican esta reforma, respaldada por la patronal y con la cual Francia busca acercarse a sus vecinos europeos.
"Sarkozy no puede permitirse dar marcha atrás", opinaba la noche del martes Roland Cayrol, fundador del instituto CSA.
El asunto ahora es que "ninguna de las dos partes sabe de qué forma la otra está dispuesta a salir de la crisis", puntualizó el analista.
"La instransigencia de Sarkozy, al rechazar el más mínimo diálogo, alimenta el escenario de la radicalización", opina en su editorial del miércoles el diario francés Le Monde, y advierte: "En momentos en que registra el más bajo apoyo en las encuestas, (Sarkozy) corre el riesgo de un efecto búmeran en las elecciones presidenciales de 2012".
"No serán las protestas de la calle las que hagan dar marcha atrás a una reforma indispensable", agregó.
El gobierno se mantiene inflexible en los principales puntos de la reforma, referidos al aumento de 60 a 62 años de la edad mínima para tener derecho a jubilarse y de 65 a 67 para cobrar una pensión completa.
Los sindicatos consiguieron el martes realizar las movilizaciones más numerosas de los últimos 15 años en Francia, con 3,5 millones de personas en las calles de decenas de ciudades, según los sindicatos, y 1,2 millones según el gobierno.
Pese a la diferencia de estimaciones, ambas partes coinciden en que esta vez los manifestantes fueron más numerosos que en las tres marchas anteriores registradas desde septiembre y en las seis desde que la gobernante UMP perdió las elecciones regionales de marzo.
Las protestas, además, siguen contando con un fuerte respaldo de la opinión pública, y el martes tuvieron por primera vez una fuerte presencia de estudiantes de secundaria y universitarios, evaluados en unos 150.000.
Las huelgas tuvieron un acatamiento del 17% al 53% en el sector público, según las fuentes, y el miércoles continuaban en sectores clave como el ferroviario y las refinerías.
Las seis refinerías del grupo Total (la mitad de las que funcionan en Francia) estaban interrumpiendo sus operaciones debido a la huelga, indicó el miércoles a la AFP la dirección de la petrolera.
La SNCF, empresa pública de transporte ferroviario, indicó que "el tráfico previsto se mantiene", es decir un promedio de un tren de gran velocidad de cada tres, cuatro trenes regionales de cada 10 y cuatro trenes en el departamento de Ile de France (en el que está incluido París) de cada diez.
Los trabajadores ferroviarios decidieron prolongar la medida de fuerza.
"No hemos llegado al final del proceso. Naturalmente, sería más sano que el jefe de Estado y el gobierno tomaran conciencia del alcance del descontento que se amplificó ayer", afirmó Bernard Thibault, secretario general de la CGT, primer sindicato francés, que junto a las otras centrales obreras prevé una nueva jornada de manifestaciones el sábado próximo.
Según fuentes cercanas a la intersindical, una nueva jornada de protestas podría ser convocada para la semana venidera, mientras la reforma sigue su curso en el Senado, antes de su aprobación definitiva.
Pero el gobierno sigue inflexible.
El ejecutivo afirma que el aumento de la esperanza de vida y un déficit del sistema de pensiones que la crisis financiera triplicó en 2010 a 32.000 millones de euros (42.000 millones de dólares) justifican esta reforma, respaldada por la patronal y con la cual Francia busca acercarse a sus vecinos europeos.
"Sarkozy no puede permitirse dar marcha atrás", opinaba la noche del martes Roland Cayrol, fundador del instituto CSA.
El asunto ahora es que "ninguna de las dos partes sabe de qué forma la otra está dispuesta a salir de la crisis", puntualizó el analista.
"La instransigencia de Sarkozy, al rechazar el más mínimo diálogo, alimenta el escenario de la radicalización", opina en su editorial del miércoles el diario francés Le Monde, y advierte: "En momentos en que registra el más bajo apoyo en las encuestas, (Sarkozy) corre el riesgo de un efecto búmeran en las elecciones presidenciales de 2012".
