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Manifestantes en Banias, Siria.
De todos modos, el régimen advirtió que no aceptaría ninguna nueva manifestación en el país, donde otras cuatro personas murieron baleadas el martes cuando las fuerzas de seguridad dispersaron una sentada en Homs (160 kilómetros al norte de Damasco), según indicó un militante de los derechos humanos.
La ley de emergencia cuya derogación aprobó el gobierno el martes data de 1962 y está en vigencia desde la llegada al poder del partido Baas en 1963. El presidente Bashar al Asad había prometido el sábado que sería abolida en "una semana como máximo".
La ley de emergencia reduce las libertades públicas, impone restricciones a la libertad de reunión y de desplazamiento y permite la detención de "sospechosos o personas que amenazan la seguridad".
El gobierno también aprobó proyectos de ley para abolir la Corte de Seguridad del Estado y para reglamentar el derecho a manifestarse, informó la agencia oficial Sana.
Pese a esta concesión, el régimen de Asad, que llegó al poder en 2000 después de la muerte de su padre Hafez, afirmó sin embargo poco antes que no aceptaría ninguna nueva manifestación "bajo ninguna consigna".
Más de un mes después del comienzo del movimiento de contestación, en la continuación de las revueltas árabes, las manifestaciones se han extendido a numerosas ciudades del país y se han hecho más radicales, pasando de una demanda de reformas a llamados a derrocar el régimen.
En Homs, una sentada había comenzado el lunes en la noche y llamaba a la salida de Asad, antes de ser dispersada "por la fuerza", indicó una militante de "los derechos humanos" en Damasco que evocó "nutridos disparos".
En una pancarta que llevaban los manifestantes podía leerse "alauí, sunita, cristiano, kurdo = unidos" para mostrar que los militantes rechazan que su movimiento adquiera un carácter confesional.
Desde 1963, el poder político en Siria está bajo control de la minoría alauí - rama del islam chiita - y por el partido Baas. Los sunitas forman la mayoría de la población.
Las autoridades afirmaron que cinco oficiales del ejército y tres niños fueron muertos en las últimas 24 horas por "grupos criminales armados" en la región de Homs. Es en esta zona donde 11 manifestantes contrarios al régimen perecieron el domingo, según militantes de los derechos humanos.
Poco después del comienzo de la sentada en Homs, el ministerio del Interior prometio aplastar una "rebelión armada de grupos salafistas" (sunitas integristas).
Desde el comienzo del movimiento el 15 de marzo, el régimen acusó a bandas "armadas" o "criminales" de disparar contra los manifestantes y las fuerzas del orden.
El martes, la prensa oficial también acusaba a Washington de estar "detrás" de las manifestaciones.
Estados Unidos reclamó por su parte este martes el cese de la violencia contra los manifestantes en Siria.
"El gobierno sirio debe implementar con urgencia reformas más amplias y poner fin a la violencia contra manifestantes pacíficos", dijo el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner a los periodistas. "Hemos escuchado muchas palabras y visto poca acción" por parte del presidente Bashar al Asad, agregó Toner.
Al menos 200 personas han muerto en el país desde el comienzo del movimiento, según Amnistía Internacional. Cientos de otros han sido arrestados, según las ONG.
La ley de emergencia cuya derogación aprobó el gobierno el martes data de 1962 y está en vigencia desde la llegada al poder del partido Baas en 1963. El presidente Bashar al Asad había prometido el sábado que sería abolida en "una semana como máximo".
La ley de emergencia reduce las libertades públicas, impone restricciones a la libertad de reunión y de desplazamiento y permite la detención de "sospechosos o personas que amenazan la seguridad".
El gobierno también aprobó proyectos de ley para abolir la Corte de Seguridad del Estado y para reglamentar el derecho a manifestarse, informó la agencia oficial Sana.
Pese a esta concesión, el régimen de Asad, que llegó al poder en 2000 después de la muerte de su padre Hafez, afirmó sin embargo poco antes que no aceptaría ninguna nueva manifestación "bajo ninguna consigna".
Más de un mes después del comienzo del movimiento de contestación, en la continuación de las revueltas árabes, las manifestaciones se han extendido a numerosas ciudades del país y se han hecho más radicales, pasando de una demanda de reformas a llamados a derrocar el régimen.
En Homs, una sentada había comenzado el lunes en la noche y llamaba a la salida de Asad, antes de ser dispersada "por la fuerza", indicó una militante de "los derechos humanos" en Damasco que evocó "nutridos disparos".
En una pancarta que llevaban los manifestantes podía leerse "alauí, sunita, cristiano, kurdo = unidos" para mostrar que los militantes rechazan que su movimiento adquiera un carácter confesional.
Desde 1963, el poder político en Siria está bajo control de la minoría alauí - rama del islam chiita - y por el partido Baas. Los sunitas forman la mayoría de la población.
Las autoridades afirmaron que cinco oficiales del ejército y tres niños fueron muertos en las últimas 24 horas por "grupos criminales armados" en la región de Homs. Es en esta zona donde 11 manifestantes contrarios al régimen perecieron el domingo, según militantes de los derechos humanos.
Poco después del comienzo de la sentada en Homs, el ministerio del Interior prometio aplastar una "rebelión armada de grupos salafistas" (sunitas integristas).
Desde el comienzo del movimiento el 15 de marzo, el régimen acusó a bandas "armadas" o "criminales" de disparar contra los manifestantes y las fuerzas del orden.
El martes, la prensa oficial también acusaba a Washington de estar "detrás" de las manifestaciones.
Estados Unidos reclamó por su parte este martes el cese de la violencia contra los manifestantes en Siria.
"El gobierno sirio debe implementar con urgencia reformas más amplias y poner fin a la violencia contra manifestantes pacíficos", dijo el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner a los periodistas. "Hemos escuchado muchas palabras y visto poca acción" por parte del presidente Bashar al Asad, agregó Toner.
Al menos 200 personas han muerto en el país desde el comienzo del movimiento, según Amnistía Internacional. Cientos de otros han sido arrestados, según las ONG.
