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Política
Este debate de fondo fue relativamente eclipsado en los últimos meses por la situación en que el territorio se sumergió, hundido por una deuda que supera los 70.000 millones de dólares y la necesidad de enfrentar los primeros procesos legales por el default en que cayó.
Con esa crisis como telón de fondo, los nueve jueces de la más alta corte estadounidense deben examinar el estatuto híbrido de Puerto Rico, que no forma parte de los 50 Estados que integran legalmente el país aunque sus casi cuatro millones de habitantes son ciudadanos estadounidenses.
Como suele ocurrir con la Suprema Corte, fue a partir de un problema jurídico muy limitado que los jueces se vieron ante la necesidad de tomar una decisión de pesadas consecuencias.
Dos habitantes de Puerto Rico, Luis Sánchez Valle y James Gómez Vázquez, fueron inculpados por las autoridades locales por haber vendido armas ilegalmente.
Como la Quinta enmienda de la constitución estadounidense prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por un mismo delito, los dos acusados optaron por declararse culpables ante un tribunal federal y no ante la justicia puertorriqueña, ante la que estaban expuestos a penas mucho más pesadas.
La Suprema Corte de Puerto Rico ya dio la razón a los dos acusados, afirmando que la excolonia española es actualmente un territorio estadounidense, y por lo tanto no se podía aplicar la doble jurisdicción posible cuando se trata de Estados.
En tanto, el gobierno en San Juan mantuvo lo contrario, que Puerto Rico tiene su propia soberanía, apoyada en la Constitución adoptada por referendo en 1952.
Por eso, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (nombre oficial) recurrió a la Suprema Corte de Estados Unidos para hacer valer sus argumentos.
Los debates que se inician el miércoles giran alrededor de la noción central de soberanía en comparación con otros territorios no incorporados a Estados Unidos, como Guam, las Islas Vírgenes o la Samoa estadounidense.
Puerto Rico, el más poblado de esos territorios especiales, usa el dólar como moneda oficial, pero sus habitantes, fanáticos del béisbol, hablan más español que inglés y no tienen derecho al voto en las elecciones nacionales estadounidenses.
El gobierno autónomo se encarga de los asuntos internos, al tiempo que la defensa y la política externa están en manos de Washington.
Para el abogado de Sánchez y Gómez, Adam Unikowsky, en Puerto Rico "la fuente suprema de poder es el Congreso" estadounidense.
Christophe Landau, abogado de Puerto Rico, considera que esa visión es falsa y sostiene que "el poder político emana del pueblo".
Para Sonia Sotomayor, jueza de la Suprema Corte estadounidense y ella misma nacida en una familia de puertorriqueños, "la cuestión es saber si las decisiones del gobierno federal (de Estados Unidos) priman sobre la ley puertorriqueña".
La decisión que la Suprema Corte asuma sobre este caso podría tener enormes repercusiones, que van desde la representación de Puerto Rico en Washington hasta la defensa de su territorio, pasando por su política fiscal e incluso su deuda.
Territorio ya llamado "la Grecia del Caribe", Puerto Rico busca beneficiarse de la capacidad legal de colocarse bajo la protección de la ley sobre quiebras para reestructurar su deuda externa. La Suprema Corte estadounidense ya aceptó examinar esa cuestión en el primer trimestre de este año.
Con esa crisis como telón de fondo, los nueve jueces de la más alta corte estadounidense deben examinar el estatuto híbrido de Puerto Rico, que no forma parte de los 50 Estados que integran legalmente el país aunque sus casi cuatro millones de habitantes son ciudadanos estadounidenses.
Como suele ocurrir con la Suprema Corte, fue a partir de un problema jurídico muy limitado que los jueces se vieron ante la necesidad de tomar una decisión de pesadas consecuencias.
Dos habitantes de Puerto Rico, Luis Sánchez Valle y James Gómez Vázquez, fueron inculpados por las autoridades locales por haber vendido armas ilegalmente.
Como la Quinta enmienda de la constitución estadounidense prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por un mismo delito, los dos acusados optaron por declararse culpables ante un tribunal federal y no ante la justicia puertorriqueña, ante la que estaban expuestos a penas mucho más pesadas.
La Suprema Corte de Puerto Rico ya dio la razón a los dos acusados, afirmando que la excolonia española es actualmente un territorio estadounidense, y por lo tanto no se podía aplicar la doble jurisdicción posible cuando se trata de Estados.
En tanto, el gobierno en San Juan mantuvo lo contrario, que Puerto Rico tiene su propia soberanía, apoyada en la Constitución adoptada por referendo en 1952.
Por eso, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (nombre oficial) recurrió a la Suprema Corte de Estados Unidos para hacer valer sus argumentos.
- Dólar, béisbol y español -
Los debates que se inician el miércoles giran alrededor de la noción central de soberanía en comparación con otros territorios no incorporados a Estados Unidos, como Guam, las Islas Vírgenes o la Samoa estadounidense.
Puerto Rico, el más poblado de esos territorios especiales, usa el dólar como moneda oficial, pero sus habitantes, fanáticos del béisbol, hablan más español que inglés y no tienen derecho al voto en las elecciones nacionales estadounidenses.
El gobierno autónomo se encarga de los asuntos internos, al tiempo que la defensa y la política externa están en manos de Washington.
Para el abogado de Sánchez y Gómez, Adam Unikowsky, en Puerto Rico "la fuente suprema de poder es el Congreso" estadounidense.
Christophe Landau, abogado de Puerto Rico, considera que esa visión es falsa y sostiene que "el poder político emana del pueblo".
Para Sonia Sotomayor, jueza de la Suprema Corte estadounidense y ella misma nacida en una familia de puertorriqueños, "la cuestión es saber si las decisiones del gobierno federal (de Estados Unidos) priman sobre la ley puertorriqueña".
La decisión que la Suprema Corte asuma sobre este caso podría tener enormes repercusiones, que van desde la representación de Puerto Rico en Washington hasta la defensa de su territorio, pasando por su política fiscal e incluso su deuda.
Territorio ya llamado "la Grecia del Caribe", Puerto Rico busca beneficiarse de la capacidad legal de colocarse bajo la protección de la ley sobre quiebras para reestructurar su deuda externa. La Suprema Corte estadounidense ya aceptó examinar esa cuestión en el primer trimestre de este año.
