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Política
Manifestantes pidiendo la residencia en Estados Unidos para los que llegaron hace años.
"Este plan se burla de lo que cree la mayoría de los estadounidenses", dijo hoy el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.
Trump, escribió el senador en Twitter, utiliza como "instrumento" para "destrozar" el sistema migratorio legal a los "dreamers", los jóvenes indocumentados que crecieron desde niños en el país. El 80 por ciento de ellos nació en México.
En medio del confuso debate sobre inmigración que tiene como protagonistas a los "dreamers" desde que el presidente canceló en septiembre DACA, el programa con el que Barack Obama los protegió de la deportación, la Casa Blanca anunció el jueves un plan que contempla la regularización de 1,8 millones de jóvenes indocumentados y les abre además la vía a obtener la nacionalidad en 10 o 12 años.
Son más del doble de los casi 700.000 beneficiarios actuales de DACA, que verán expirar sus permisos a partir de marzo, quedando expuestos a la deportación si para entonces no hay una solución legislativa para ellos.
El problema para los demócratas no está en esa cifra de personas, sino en las condiciones que pone Trump para regularizar su situación: exige al Congreso 25.000 millones de dólares para seguridad fronteriza, dirigidos no solo al muro en la frontera con México, sino también a aumentar las deportaciones de los demás indocumentados.
La reforma incluye además un cambio en el sistema de entrada de inmigración legal que ha regido durante décadas en Estados Unidos, atacando lo que demócratas y organizaciones de derechos civiles han calificado de "piedra angular" en la historia del país.
Trump y su administración quieren limitar la capacidad de reagrupación familiar de los inmigrantes que obtienen la nacionalidad tras años viviendo en el país y eliminar el tradicional sorteo anual de 50.000 "green cards", los conocidos permisos de residencia permanente, que se hace entre ciudadanos de países con bajas cuotas migratorias en suelo estadounidense.
Anualmente entran un millón de inmigrantes legalmente en Estados Unidos. Con el plan de Trump, la inmigración legal podría reducirse a la mitad en una década.
"No podemos permitir que las vidas de jóvenes que han hecho todo bien sean utilizadas como moneda de cambio para políticas antiinmigratorias radicales", dijo la congresista demócrata Lujan Grisham, presidenta del Caucus Hispano del Congreso, un grupo de presión integrado por legisladores de origen latino.
Los propios "dreamers" -jóvenes crecidos en el país como estadounidenses y a los que en muchos casos no unen ya vínculos a sus países de origen- también rechazan la propuesta.
"No es más que una nota de rescate del supremacismo blanco", manifestó hoy Greisa Martínez Rosas, beneficiaria de DACA y directora de Defensa Pública de United We Dream, la mayor organización de "dreamers". "Trump y su equipo han creado la crisis a la que se están enfrentando los jóvenes inmigrantes", añadió.
Los "dreamers", que llevan meses manifestándose en todo el país, también a los pies del Capitolio, prometen continuar sus protestas.
La Casa Blanca está "tratando de explotar la desesperación que creó que Trump cancelara DACA", aseguró por su parte Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice, una organización que promociona los derechos civiles. Para la ultraderecha, se trata de una "amnistía". Ese fue el término usado por la web Breitbart.
Los republicanos cuentan con 51 asientos en el Senado y, contando con que todos votaran a favor, lo que está asegurado, necesitarían al menos nueve de los 49 votos que tienen los demócratas para aprobar allí una ley sobre esta propuesta. El texto podría llegar al pleno para su votación la semana que comienza el 5 de febrero.
Trump trata con su plan de presionar al Partido Demócrata, que ha situado como una de sus prioridades legislativas el futuro de los jóvenes indocumentados, y puede complicar más las negociaciones que republicanos y demócratas llevan a cabo en busca de una solución legislativa para los "dreamers".
Entre las voces críticas se han escuchado también las de algunos republicanos, como los senadores Lindsey Graham y Jeff Flake, que llevan largo tiempo abogando por una solución para los jóvenes indocumentados y que se oponen a la línea dura del Partido Republicano en materia migratoria.
El grupo de senadores de ambos partidos que busca desde hace semanas una solución para los "dreamers" continúa sus negociaciones pese a la propuesta de la Casa Blanca.
Trump, escribió el senador en Twitter, utiliza como "instrumento" para "destrozar" el sistema migratorio legal a los "dreamers", los jóvenes indocumentados que crecieron desde niños en el país. El 80 por ciento de ellos nació en México.
En medio del confuso debate sobre inmigración que tiene como protagonistas a los "dreamers" desde que el presidente canceló en septiembre DACA, el programa con el que Barack Obama los protegió de la deportación, la Casa Blanca anunció el jueves un plan que contempla la regularización de 1,8 millones de jóvenes indocumentados y les abre además la vía a obtener la nacionalidad en 10 o 12 años.
Son más del doble de los casi 700.000 beneficiarios actuales de DACA, que verán expirar sus permisos a partir de marzo, quedando expuestos a la deportación si para entonces no hay una solución legislativa para ellos.
El problema para los demócratas no está en esa cifra de personas, sino en las condiciones que pone Trump para regularizar su situación: exige al Congreso 25.000 millones de dólares para seguridad fronteriza, dirigidos no solo al muro en la frontera con México, sino también a aumentar las deportaciones de los demás indocumentados.
La reforma incluye además un cambio en el sistema de entrada de inmigración legal que ha regido durante décadas en Estados Unidos, atacando lo que demócratas y organizaciones de derechos civiles han calificado de "piedra angular" en la historia del país.
Trump y su administración quieren limitar la capacidad de reagrupación familiar de los inmigrantes que obtienen la nacionalidad tras años viviendo en el país y eliminar el tradicional sorteo anual de 50.000 "green cards", los conocidos permisos de residencia permanente, que se hace entre ciudadanos de países con bajas cuotas migratorias en suelo estadounidense.
Anualmente entran un millón de inmigrantes legalmente en Estados Unidos. Con el plan de Trump, la inmigración legal podría reducirse a la mitad en una década.
"No podemos permitir que las vidas de jóvenes que han hecho todo bien sean utilizadas como moneda de cambio para políticas antiinmigratorias radicales", dijo la congresista demócrata Lujan Grisham, presidenta del Caucus Hispano del Congreso, un grupo de presión integrado por legisladores de origen latino.
Los propios "dreamers" -jóvenes crecidos en el país como estadounidenses y a los que en muchos casos no unen ya vínculos a sus países de origen- también rechazan la propuesta.
"No es más que una nota de rescate del supremacismo blanco", manifestó hoy Greisa Martínez Rosas, beneficiaria de DACA y directora de Defensa Pública de United We Dream, la mayor organización de "dreamers". "Trump y su equipo han creado la crisis a la que se están enfrentando los jóvenes inmigrantes", añadió.
Los "dreamers", que llevan meses manifestándose en todo el país, también a los pies del Capitolio, prometen continuar sus protestas.
La Casa Blanca está "tratando de explotar la desesperación que creó que Trump cancelara DACA", aseguró por su parte Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice, una organización que promociona los derechos civiles. Para la ultraderecha, se trata de una "amnistía". Ese fue el término usado por la web Breitbart.
Los republicanos cuentan con 51 asientos en el Senado y, contando con que todos votaran a favor, lo que está asegurado, necesitarían al menos nueve de los 49 votos que tienen los demócratas para aprobar allí una ley sobre esta propuesta. El texto podría llegar al pleno para su votación la semana que comienza el 5 de febrero.
Trump trata con su plan de presionar al Partido Demócrata, que ha situado como una de sus prioridades legislativas el futuro de los jóvenes indocumentados, y puede complicar más las negociaciones que republicanos y demócratas llevan a cabo en busca de una solución legislativa para los "dreamers".
Entre las voces críticas se han escuchado también las de algunos republicanos, como los senadores Lindsey Graham y Jeff Flake, que llevan largo tiempo abogando por una solución para los jóvenes indocumentados y que se oponen a la línea dura del Partido Republicano en materia migratoria.
El grupo de senadores de ambos partidos que busca desde hace semanas una solución para los "dreamers" continúa sus negociaciones pese a la propuesta de la Casa Blanca.
