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CARLOS PRIETO - Madrid -
El mito de la transición pacífica gestionada por unos estadistas con dotes sobrenaturales se ha exagerado tanto que cualquier parodia se queda corta y cualquier refutación puede provocar más de un paro cardiaco.
En efecto, estupor es la palabra que mejor define la sensación provocada por la lectura de La transición sangrienta (Península), del periodista de investigación Mariano Sánchez Soler, un repaso a la violencia salvaje del proceso que pone muy en entredicho la historia oficial.
Una de las consecuencias del mantenimiento pactado de ciertos aparatos e instituciones del antiguo régimen fue que "en los casos Atocha, Montejurra, Arturo Ruiz y Yolanda González no se investigara la participación directa de funcionarios del Estado o sus conexiones con algunos de los procesados", explica el autor, para el que la violencia política institucional fue "un arma instrumentalizada para garantizar los pactos entre la derecha posfranquista en el poder, que la utilizó como contrapeso para controlar el proceso, y la oposición de izquierdas".
El mito de la transición maravillosa como proceso político a exportar se desmorona. "Los hechos lo desmienten tajantemente. Es propaganda pura y dura. Ya es hora de que nos preguntemos por qué las transiciones a la democracia de, por ejemplo, Portugal y Grecia tuvieron muchas menos víctimas que la española", zanja.
El mito de la transición pacífica gestionada por unos estadistas con dotes sobrenaturales se ha exagerado tanto que cualquier parodia se queda corta y cualquier refutación puede provocar más de un paro cardiaco.
En efecto, estupor es la palabra que mejor define la sensación provocada por la lectura de La transición sangrienta (Península), del periodista de investigación Mariano Sánchez Soler, un repaso a la violencia salvaje del proceso que pone muy en entredicho la historia oficial.
"Los muertos de esos años están vinculados al cambio"
"La violencia política de esos años está totalmente ligada al cambio histórico", explica Sánchez Soler a Público. "Los asesinatos se disparan tras la muerte de Franco, se incrementan antes de la toma de decisiones políticas decisivas y descienden bruscamente cuando se da por zanjado el proceso democrático", aclara. Unas cifras de susto
Las cifras aportadas por Sánchez Soler hablan por sí solas: entre 1975 y 1983, se produjeron 591 muertes por violencia política (terrorismo de extrema izquierda y extrema derecha, guerra sucia y represión). Nada menos que 188 de los asesinados, los menos investigados, entran dentro de lo que el autor denomina violencia política de origen institucional. "Son los actos desplegados para mantener el orden establecido, los organizados, alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado. Te pongo un ejemplo: al estudiante Arturo Ruiz lo mató en 1977 un miembro de los guerrilleros de Cristo Rey de los que ayudaban a la policía a reprimir las manifestaciones. Es lo que entonces se llamaban grupos de incontrolados", explica. Los atentados de origen institucional causaron 188 víctimas mortales
Incontrolados, un término nada inocente. "La Audiencia Nacional limitó su alcance político al calificarlos como grupos no adscritos, pese a que eran organizaciones con nombres, siglas y objetivos muy claros: Fuerza Nueva, Falange Española de las Jons o Hermandad de la Guardia de Franco, entre otras. Al contrario, el terrorismo de izquierdas estaba perfectamente catalogado", cuenta. Una de las consecuencias del mantenimiento pactado de ciertos aparatos e instituciones del antiguo régimen fue que "en los casos Atocha, Montejurra, Arturo Ruiz y Yolanda González no se investigara la participación directa de funcionarios del Estado o sus conexiones con algunos de los procesados", explica el autor, para el que la violencia política institucional fue "un arma instrumentalizada para garantizar los pactos entre la derecha posfranquista en el poder, que la utilizó como contrapeso para controlar el proceso, y la oposición de izquierdas".
Cargas policiales en manifestaciones
La conflictividad social es otra de las claves de la carnicería. En el año 1977, la policía cargó contra 788 manifestaciones en España, el 76% del total. Había que controlar las calles. "El orden público fue un factor determinante de la Transición. Sirvió para frenar a la izquierda, que entró en el juego y renunció a las calles, donde se producían las reivindicaciones más fuertes. El cambio del franquismo a la democracia debía hacerse con el menor coste político y económico", explica.El mito de la transición maravillosa como proceso político a exportar se desmorona. "Los hechos lo desmienten tajantemente. Es propaganda pura y dura. Ya es hora de que nos preguntemos por qué las transiciones a la democracia de, por ejemplo, Portugal y Grecia tuvieron muchas menos víctimas que la española", zanja.
