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Berta Cáceres
El 31 de enero fue secuestrado. Apareció muerto al día siguiente. Se atribuyó su asesinato a un conflicto familiar. Ontiveros daba voz a su pueblo, cuyo territorio ancestral sufre los daños de la tala clandestina y el robo de tierras para siembra de amapola y marihuana.
Dos semanas antes había sido sido asesinado en esa región otro líder ecologista, Isidro Baldenegro, ganador del Premio Ambiental Goldman 2005 de Estados Unidos, por la defensa de los bosques. Al mismo tiempo, en Brasil, en Colombia, en Honduras, en Nicaragua se replicaban las muertes.
Los tiempos que corren son malos para los defensores de los recursos naturales en Latinoamérica. Caciques, sicarios, guardias privados, paramilitares y policías están al acecho.
En 2016 murieron en la región 122 ambientalistas de forma violenta, de acuerdo con un informe publicado hoy por la organización Global Witness de Londres, que investiga abusos y corrupción en temas ambientales. Seis de cada diez de los 200 asesinados el año pasado en el mundo eran latinoamericanos.
"Estamos pagando con nuestra cultura. Estamos pagando con la amenaza de ser eliminados. Simplemente porque defendemos este pequeño pedazo de tierra que solía darnos de comer", dijo la indígena wayúu colombiana Jakeline Romero, citada en el informe.
Romero, varias veces amenazada, ha peleado contra los daños medioambientales causados por la mina de carbón El Cerrejón en el departamento de La Guajira de Colombia.
En el continente se libran distintas batallas. En Brasil, la deforestación avanza sobre la Amazonia. En Nicaragua, un proyecto del Gobierno para construir un canal interoceánico amenaza con desplazar a decenas de miles de indígenas.
En Honduras, uno de los países más peligrosos, líderes ambientalistas chocan con grandes intereses, en proyectos que son financiados por fondos de inversión y bancos de desarrollo internacionales.
La líder indígena hondureña Berta Cáceres, ganadora del Premio Goldman 2015, que se oponía a la represa de Agua Zarca, fue asesinada el año pasado en su casa.
"Nosotros identificamos dos razones principales del aumento de asesinatos", dijo a dpa Ben Leather, director de campañas de Global Witness.
"Mientras la lucha para conseguir recursos naturales se intensifica, más y más empresas están entrando en áreas previamente intactas. Pero, al otro lado, el aumento de asesinatos también es el producto de la impunidad", afirmó.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están alarmados. La CIDH habló de un "devastador incremento" de la violencia contra ambientalistas y defensores de la tierra este año.
Distintos grupos han denunciado nexos oscuros entre los poderes económicos y políticos, corrupción y criminalización de activistas.
"Los Gobiernos pueden cambiar y mejorar esta situación con una mejor reglamentación de las empresas, garantizando que las comunidades sean consultadas y sancionando los ataques", dice Leather.
Y señala que las empresas e inversionistas tienen también la responsabilidad de involucrar a las comunidades.
"La respuesta del sector empresarial e incluso de algunos Estados es que quisieran enmarcar este debate en un debate de extremos: o estás en favor del desarrollo o estás en contra", dice. "Creo que ese es un debate ilegítimo mientras no se esté respetando el derecho de las comunidades a ser consultadas".
Leather añade que, al final, si hay conflictos, todos pierden. "El caso de Berta en Honduras es clave en ese respecto. Están Berta y otros defensores asesinados y a la vez la empresa perdió dinero, el proyecto no se está llevando a cabo y la reputación de sus bancos internacionales ha sufrido mucho".
La semana pasada, un banco holandés y otro finlandés de desarrollo anunciaron que se retiraban del proyecto de Agua Zarca. Y la empresa DESA comunicó que lo suspendía como "un gesto de buena voluntad en tanto se consulta a las comunidades.
Dos semanas antes había sido sido asesinado en esa región otro líder ecologista, Isidro Baldenegro, ganador del Premio Ambiental Goldman 2005 de Estados Unidos, por la defensa de los bosques. Al mismo tiempo, en Brasil, en Colombia, en Honduras, en Nicaragua se replicaban las muertes.
Los tiempos que corren son malos para los defensores de los recursos naturales en Latinoamérica. Caciques, sicarios, guardias privados, paramilitares y policías están al acecho.
En 2016 murieron en la región 122 ambientalistas de forma violenta, de acuerdo con un informe publicado hoy por la organización Global Witness de Londres, que investiga abusos y corrupción en temas ambientales. Seis de cada diez de los 200 asesinados el año pasado en el mundo eran latinoamericanos.
"Estamos pagando con nuestra cultura. Estamos pagando con la amenaza de ser eliminados. Simplemente porque defendemos este pequeño pedazo de tierra que solía darnos de comer", dijo la indígena wayúu colombiana Jakeline Romero, citada en el informe.
Romero, varias veces amenazada, ha peleado contra los daños medioambientales causados por la mina de carbón El Cerrejón en el departamento de La Guajira de Colombia.
En el continente se libran distintas batallas. En Brasil, la deforestación avanza sobre la Amazonia. En Nicaragua, un proyecto del Gobierno para construir un canal interoceánico amenaza con desplazar a decenas de miles de indígenas.
En Honduras, uno de los países más peligrosos, líderes ambientalistas chocan con grandes intereses, en proyectos que son financiados por fondos de inversión y bancos de desarrollo internacionales.
La líder indígena hondureña Berta Cáceres, ganadora del Premio Goldman 2015, que se oponía a la represa de Agua Zarca, fue asesinada el año pasado en su casa.
"Nosotros identificamos dos razones principales del aumento de asesinatos", dijo a dpa Ben Leather, director de campañas de Global Witness.
"Mientras la lucha para conseguir recursos naturales se intensifica, más y más empresas están entrando en áreas previamente intactas. Pero, al otro lado, el aumento de asesinatos también es el producto de la impunidad", afirmó.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están alarmados. La CIDH habló de un "devastador incremento" de la violencia contra ambientalistas y defensores de la tierra este año.
Distintos grupos han denunciado nexos oscuros entre los poderes económicos y políticos, corrupción y criminalización de activistas.
"Los Gobiernos pueden cambiar y mejorar esta situación con una mejor reglamentación de las empresas, garantizando que las comunidades sean consultadas y sancionando los ataques", dice Leather.
Y señala que las empresas e inversionistas tienen también la responsabilidad de involucrar a las comunidades.
"La respuesta del sector empresarial e incluso de algunos Estados es que quisieran enmarcar este debate en un debate de extremos: o estás en favor del desarrollo o estás en contra", dice. "Creo que ese es un debate ilegítimo mientras no se esté respetando el derecho de las comunidades a ser consultadas".
Leather añade que, al final, si hay conflictos, todos pierden. "El caso de Berta en Honduras es clave en ese respecto. Están Berta y otros defensores asesinados y a la vez la empresa perdió dinero, el proyecto no se está llevando a cabo y la reputación de sus bancos internacionales ha sufrido mucho".
La semana pasada, un banco holandés y otro finlandés de desarrollo anunciaron que se retiraban del proyecto de Agua Zarca. Y la empresa DESA comunicó que lo suspendía como "un gesto de buena voluntad en tanto se consulta a las comunidades.
