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Política
En una misiva al Comité de los Derechos del Niño, las asociaciones SOS Bebés Robados España, SOS Raíces España y Roots and Rights International Foundation reafirman "la participación de la Iglesia católica" en una "red mafiosa de compraventa de bebés, que operó en España desde los años 30 a los 90 del siglo pasado".
Este comité de la ONU debe examinar el 16 de enero la aplicación por el Vaticano de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Santa Sede "ha ignorado las reiteradas solicitudes de ayuda de las víctimas de España, y lo que es peor, desde la propia Iglesia Católica se siguen negando, incluso contra requerimientos de autoridades judiciales, la entrega de los datos de madres e hijos biológicos que solo desean reencontrarse", escribió el abogado Enrique Vila Torres.
Y denunció "la oposición clara, manifiesta y constante de determinadas instituciones eclesiásticas en España" a proporcionar las informaciones solicitadas.
Vila Torres asegura haber escrito en cinco ocasiones, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013, a la conferencia episcopal española, al arzobispado de Valencia, a la secretaría de Estado del Vaticano y directamente al papa Francisco.
"Por desgracia y hasta la fecha, el silencio absoluto y la indiferencia ha sido la única respuesta", lamenta en su carta.
Según las asociaciones, hasta 300.000 bebés podrían haber sido robados durante la dictadura de Francisco Franco y después, ya que hasta 1987 no hubo en España una ley que regulase las adopciones.
Durante la dictadura, estos recién nacidos era sustraídos a madres republicanas en virtud de un decreto de 1940 que permitía al régimen hacerse cargo de ellos si se consideraba que su "educación moral" estaba en peligro.
En los primeros años de la democracia el tráfico de niños continuó, incluyendo la venta de bebés, en ocasiones en clínicas gestionadas por instituciones católicas.
Ante este escándalo, las autoridades españolas tomaron medidas para favorecer las búsquedas de las familias.
Pero muchas denuncias fueron archivadas por la justicia y la Iglesia obstruye sistemáticamente las investigaciones, según estas asociaciones.
La primera y una de las pocas personas imputadas en este vasto escándalo, la religiosa Sor María Gómez Valbuena, murió en enero de 2013 a los 87 años antes de declarar por segunda vez ante la justicia española.
