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Política
El ex-presidente boliviano Sánchez de Lozada, fugado en USA y perseguido por la justicia
En nuestro país la arbitrariedad en la administración pública, originó que, en muchos gobiernos, los recursos del Estado sean utilizados en forma discrecional e, incluso, sin ninguna autorización de los organismos respectivos, especialmente en regímenes de facto, cuando del Banco Central se sustraían grandes cantidades de dinero, a requerimiento del Palacio de Gobierno.
En los gobiernos democráticos, pese a leyes y reglamentos, para justificar determinados gastos e inversiones, se inventaron "gastos reservados", administrados por el Ministerio del Interior, en una parte, y por la misma Presidencia de la República , por otra, sin que estos recursos tuvieran respaldo en su desembolso, aunque se decía que estaban destinados a preservar la seguridad del Estado.
La Aduana, fue o lo es, una de las mayores fuentes de enriquecimiento, desde los mismos funcionarios, que exaccionan o negocian con los contrabandistas, hasta los ejecutivos de esa institución, encargados de recaudar fondos que no iban precisamente a las arcas fiscales, sino a los bolsillos de ellos y, por supuesto, de las máximas autoridades de la administración pública.
El Ministerio de Transportes, fue igualmente la fuente de enriquecimiento ilícito, a través del Servicio Nacional de Caminos, contratando obras viales millonarias con empresas constructoras, las que, necesariamente, debían erogar el 15 o 20 por ciento del monto total, destinado a los dirigentes políticos, a través de sus representantes oficiales, que fungían como tesoreros, pero sin ninguna función pública.
De ahí que las carreteras en el país eran y aún lo son, de mala calidad, por cuanto no existía control y seguimiento a los estandares que debían cumplir en su construcción, además que se incrementaban los costos con pretendidos "movimientos de tierra", que seguramente también estaban destinados a aumentar las fortunas de algunos funcionarios.
El Ministerio de Gobierno (o Interior), a través de la Dirección de Defensa Social, organismo encargado de controlar la producción de coca y combatir el narcotráfico, fue otra fuente de financiamiento político, lo mismo que todas las instituciones del Estado, en las que, de una u otra manera, se recaudan fondos a través de coimas y otras exigencias.
En fin, podemos decir que los políticos que asumían el poder, asumían el mando y control de los recursos ilícitos, la mayoría sin recibos ni facturas, pero que originaron fortunas que las demostraron algunos en la compra ostentosa de bienes en nuestro país o que, de la noche a la mañana aparecieron como grandes empresarios, con cadenas, incluso, en el exterior.
Realmente la corrupción, si hacemos caso a las encuestas e informes de los organismos internacionales llamados de transparencia, se encontraba y aún se encuentra en auge en nuestra Nación, alimentando al poder político con el poder económico, capaz de comprar conciencias, incluso en casos de procesos judiciales, como es vox populi en nuestro medio.
La Ley que se aprueba en el Parlamento Nacional, que en la etapa en grande en el Senado tuvo la aceptación de una mayoría de la oposición, lógicamente ha ocasionado inquietud y miedo, por cuanto, a través de la misma, se investigará a quienes aparecieron como nuevos potentados, sin que sus salarios justificaran ese "boom" repentino.
La ciudadanía lógicamente, estará de acuerdo con esta decisión, por una Ley que como proyecto quedó archivado en la Cámara Alta en la anterior legislatura, por cuanto los que entonces la dominaban no estaban interesados en ella, ya que podría comprometer a muchos de sus adherentes o compañeros de partido.
Esperemos que con esta norma se actúe, sin embargo, con total probidad y justicia, con equidad y, sobre todo, investigando minuciosamente las posibles denuncias antes de comprometer a cualquier ciudadano, como podría ocurrir por la inquina política e, incluso, personal de cualquier ciudadano contra otro.
Pero ya era tiempo de que la impunidad concluya en Bolivia.
En los gobiernos democráticos, pese a leyes y reglamentos, para justificar determinados gastos e inversiones, se inventaron "gastos reservados", administrados por el Ministerio del Interior, en una parte, y por la misma Presidencia de la República , por otra, sin que estos recursos tuvieran respaldo en su desembolso, aunque se decía que estaban destinados a preservar la seguridad del Estado.
La Aduana, fue o lo es, una de las mayores fuentes de enriquecimiento, desde los mismos funcionarios, que exaccionan o negocian con los contrabandistas, hasta los ejecutivos de esa institución, encargados de recaudar fondos que no iban precisamente a las arcas fiscales, sino a los bolsillos de ellos y, por supuesto, de las máximas autoridades de la administración pública.
El Ministerio de Transportes, fue igualmente la fuente de enriquecimiento ilícito, a través del Servicio Nacional de Caminos, contratando obras viales millonarias con empresas constructoras, las que, necesariamente, debían erogar el 15 o 20 por ciento del monto total, destinado a los dirigentes políticos, a través de sus representantes oficiales, que fungían como tesoreros, pero sin ninguna función pública.
De ahí que las carreteras en el país eran y aún lo son, de mala calidad, por cuanto no existía control y seguimiento a los estandares que debían cumplir en su construcción, además que se incrementaban los costos con pretendidos "movimientos de tierra", que seguramente también estaban destinados a aumentar las fortunas de algunos funcionarios.
El Ministerio de Gobierno (o Interior), a través de la Dirección de Defensa Social, organismo encargado de controlar la producción de coca y combatir el narcotráfico, fue otra fuente de financiamiento político, lo mismo que todas las instituciones del Estado, en las que, de una u otra manera, se recaudan fondos a través de coimas y otras exigencias.
En fin, podemos decir que los políticos que asumían el poder, asumían el mando y control de los recursos ilícitos, la mayoría sin recibos ni facturas, pero que originaron fortunas que las demostraron algunos en la compra ostentosa de bienes en nuestro país o que, de la noche a la mañana aparecieron como grandes empresarios, con cadenas, incluso, en el exterior.
Realmente la corrupción, si hacemos caso a las encuestas e informes de los organismos internacionales llamados de transparencia, se encontraba y aún se encuentra en auge en nuestra Nación, alimentando al poder político con el poder económico, capaz de comprar conciencias, incluso en casos de procesos judiciales, como es vox populi en nuestro medio.
La Ley que se aprueba en el Parlamento Nacional, que en la etapa en grande en el Senado tuvo la aceptación de una mayoría de la oposición, lógicamente ha ocasionado inquietud y miedo, por cuanto, a través de la misma, se investigará a quienes aparecieron como nuevos potentados, sin que sus salarios justificaran ese "boom" repentino.
La ciudadanía lógicamente, estará de acuerdo con esta decisión, por una Ley que como proyecto quedó archivado en la Cámara Alta en la anterior legislatura, por cuanto los que entonces la dominaban no estaban interesados en ella, ya que podría comprometer a muchos de sus adherentes o compañeros de partido.
Esperemos que con esta norma se actúe, sin embargo, con total probidad y justicia, con equidad y, sobre todo, investigando minuciosamente las posibles denuncias antes de comprometer a cualquier ciudadano, como podría ocurrir por la inquina política e, incluso, personal de cualquier ciudadano contra otro.
Pero ya era tiempo de que la impunidad concluya en Bolivia.
