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TEGUCIGALPA, 15 noviembre 2009 (AFP) - "En mi condición de Presidente electo por el pueblo Hondureño, reafirmo mi decisión que a partir de esta fecha cualquiera que fuera el caso, YO NO ACEPTO, ningún acuerdo de retorno a la presidencia, para encubrir el golpe de Estado", señala la misiva.
En la extensa carta de cinco páginas dirigida a Obama, y en la que exige "una pronta respuesta", Zelaya explica que el acuerdo firmado el pasado 30 de octubre y que deja en manos del Congreso Nacional su restitución, "queda sin valor ni efecto por incumplimiento unilateral del gobierno de facto".
El Acuerdo Tegucigalpa/San José, alcanzado con la presión de Estados Unidos, "fue concebido para implementarse en forma integral y simultánea; pues no se contemplaron como doce acuerdos separados, fue un sólo acuerdo con doce puntos", según Zelaya, que se encuentra refugiado en la embajada de Brasil desde el 21 de septiembre tras entrar al país clandestinamente.
Dicho documento, recuerda Zelaya, "tenía un sólo propósito, restaurar el orden democrático y la paz social y que con esto se revirtiera el golpe de Estado, lo que implica el seguro retorno del Presidente de la República elegido legítimamente por voto popular".
Sin embargo, Zelaya culpa en parte del fracaso del acuerdo a los mismos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano que lograron que las dos partes en conflicto estamparan sus firmas en el documento, con el entonces responsable de la diplomacia para América Latina Thomas Shannon a la cabeza.
Dichos funcionarios "modifican su posición e interpretan el acuerdo unilateralmente", se lamentó Zelaya, quien advierte que con ello se "esquiva el objetivo inicial del diálogo de San José, relegando un acuerdo con el Gobierno legítimamente reconocido hacia un segundo plano, y tratando de trasladar este acuerdo hacia un nuevo proceso electoral sin importar las condiciones en que se desarrolle".
Según Zelaya, Estados Unidos admitió ese día que las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre "serían reconocidas por Estados Unidos con o sin restitución", (por lo que) el régimen de facto celebró este cambio y utilizaron estas declaraciones para sus objetivos e inmediatamente terminaron por incumplir y violar el Acuerdo".
"En estas condiciones, este proceso, y por lo tanto sus resultados serán sujetos de impugnación y no reconocimiento; lo cual pone en grave riesgo la estabilidad futura de las relaciones entre Honduras y el resto de naciones que reconozcan sus resultados", agrega la misiva.
El acuerdo San José/Tegucigalpa, además de dejar en manos del Congreso la restitución de Zelaya en la presidencia, para lo cual no se fijó una fecha, también comprendía la formación de un gobierno de unidad nacional antes del 5 de noviembre y la constitución de una Comisión de la Verdad para verificar el cumplimiento del mismo.
Sin embargo, el 5 de noviembre, el gobernante de facto Roberto Micheletti anunció la formación de un gobierno en el que no había representantes de Zelaya, quien se negó a dar nombres mientras no fuera restituido en la presidencia.
El presidente depuesto por el golpe del 28 de junio, que contó con el beneplácito de todos los poderes del Estado, subraya su decisión de "luchar por nuestra democracia sin ocultar la verdad", de acuerdo a la copia de su carta.
En la extensa carta de cinco páginas dirigida a Obama, y en la que exige "una pronta respuesta", Zelaya explica que el acuerdo firmado el pasado 30 de octubre y que deja en manos del Congreso Nacional su restitución, "queda sin valor ni efecto por incumplimiento unilateral del gobierno de facto".
El Acuerdo Tegucigalpa/San José, alcanzado con la presión de Estados Unidos, "fue concebido para implementarse en forma integral y simultánea; pues no se contemplaron como doce acuerdos separados, fue un sólo acuerdo con doce puntos", según Zelaya, que se encuentra refugiado en la embajada de Brasil desde el 21 de septiembre tras entrar al país clandestinamente.
Dicho documento, recuerda Zelaya, "tenía un sólo propósito, restaurar el orden democrático y la paz social y que con esto se revirtiera el golpe de Estado, lo que implica el seguro retorno del Presidente de la República elegido legítimamente por voto popular".
Sin embargo, Zelaya culpa en parte del fracaso del acuerdo a los mismos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano que lograron que las dos partes en conflicto estamparan sus firmas en el documento, con el entonces responsable de la diplomacia para América Latina Thomas Shannon a la cabeza.
Dichos funcionarios "modifican su posición e interpretan el acuerdo unilateralmente", se lamentó Zelaya, quien advierte que con ello se "esquiva el objetivo inicial del diálogo de San José, relegando un acuerdo con el Gobierno legítimamente reconocido hacia un segundo plano, y tratando de trasladar este acuerdo hacia un nuevo proceso electoral sin importar las condiciones en que se desarrolle".
Según Zelaya, Estados Unidos admitió ese día que las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre "serían reconocidas por Estados Unidos con o sin restitución", (por lo que) el régimen de facto celebró este cambio y utilizaron estas declaraciones para sus objetivos e inmediatamente terminaron por incumplir y violar el Acuerdo".
"En estas condiciones, este proceso, y por lo tanto sus resultados serán sujetos de impugnación y no reconocimiento; lo cual pone en grave riesgo la estabilidad futura de las relaciones entre Honduras y el resto de naciones que reconozcan sus resultados", agrega la misiva.
El acuerdo San José/Tegucigalpa, además de dejar en manos del Congreso la restitución de Zelaya en la presidencia, para lo cual no se fijó una fecha, también comprendía la formación de un gobierno de unidad nacional antes del 5 de noviembre y la constitución de una Comisión de la Verdad para verificar el cumplimiento del mismo.
Sin embargo, el 5 de noviembre, el gobernante de facto Roberto Micheletti anunció la formación de un gobierno en el que no había representantes de Zelaya, quien se negó a dar nombres mientras no fuera restituido en la presidencia.
El presidente depuesto por el golpe del 28 de junio, que contó con el beneplácito de todos los poderes del Estado, subraya su decisión de "luchar por nuestra democracia sin ocultar la verdad", de acuerdo a la copia de su carta.
