
Y presumiblemente también a la nueva juez del Supremo, Sonia Sotomayor, una liberal de origen hispano a la que Obama ha designado con buen criterio para el más alto tribunal, que habrá de decidir a partir de octubre sobre la suerte de algunos presos que quieren ser liberados en suelo estadounidense.
Obama cometió el error de principiante de anunciar el cierre del infame campo cubano en enero próximo, sin tener alternativa a la suerte de los allí internados. La promesa presidencial afronta ahora las críticas de los republicanos, pero también de los propios demócratas. Si la derecha, encabezada por el ex vicepresidente Cheney, ataca a Obama por motivos obvios, muchos desilusionados liberales le acusan -además de falta de nervio para perseguir a los arquitectos legales del sistema de tortura bajo Bush- de estar dispuesto a mantener las comisiones militares para seguir juzgando a los supuestos terroristas, después de haberlas condenado sin paliativos.
Más crudamente, demócratas y republicanos hacen causa común en el Senado y se niegan a aprobar 80 millones de dólares para liquidar el campo mientras no haya otro acomodo para sus 240 reclusos; alrededor de medio centenar obtendrán pronto la libertad, pero no pueden ser devueltos a sus países de origen sin riesgo cierto de torturas. La mayoría de los ciudadanos cree que un sospechoso de terrorismo declarado inocente debe ser liberado, pero no junto a su casa. El torpedeo a Obama esconde, así, la realidad de que los legisladores no quieren que quienes salgan de Guantánamo pongan pie en suelo estadounidense. Y si Washington no da el primer paso en este sentido, es muy poco probable que consiga convencer a otros países, de Europa entre ellos, para que hagan lo propio.
Obama cometió el error de principiante de anunciar el cierre del infame campo cubano en enero próximo, sin tener alternativa a la suerte de los allí internados. La promesa presidencial afronta ahora las críticas de los republicanos, pero también de los propios demócratas. Si la derecha, encabezada por el ex vicepresidente Cheney, ataca a Obama por motivos obvios, muchos desilusionados liberales le acusan -además de falta de nervio para perseguir a los arquitectos legales del sistema de tortura bajo Bush- de estar dispuesto a mantener las comisiones militares para seguir juzgando a los supuestos terroristas, después de haberlas condenado sin paliativos.
Más crudamente, demócratas y republicanos hacen causa común en el Senado y se niegan a aprobar 80 millones de dólares para liquidar el campo mientras no haya otro acomodo para sus 240 reclusos; alrededor de medio centenar obtendrán pronto la libertad, pero no pueden ser devueltos a sus países de origen sin riesgo cierto de torturas. La mayoría de los ciudadanos cree que un sospechoso de terrorismo declarado inocente debe ser liberado, pero no junto a su casa. El torpedeo a Obama esconde, así, la realidad de que los legisladores no quieren que quienes salgan de Guantánamo pongan pie en suelo estadounidense. Y si Washington no da el primer paso en este sentido, es muy poco probable que consiga convencer a otros países, de Europa entre ellos, para que hagan lo propio.