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El decreto ordena la lectura diaria al iniciar las clases, con el fin de "fomentar valores morales" y prevenir la violencia desde las aulas.
Falacia, hipocresía, posiciones populistas e injerencia estatal son términos esgrimidos por ambos bandos para referirse a la normativa, que aún no ha sido sancionada por el mandatario Mauricio Funes
La polémica surgió cuando la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), advirtió que esa iniciativa podría provocar una lucha entre religiones.
"El decreto que impone la obligación de leer la Biblia, aparentemente, pareciera ser para los diputados una buena iniciativa y una solución al problema de la violencia; sin embargo, no es así, por el contrario, provocará la lucha entre religiones y eso también es otra clase de violencia", consignó la CEDES.
Carlos Rivas, un pastor evangélico, dijo que la lectura debe ser una decisión "consciente" y no obligatoria y que los "primeros" en hacerlo deberían ser los diputados y no adoptar "posiciones populistas".
"Leer la Biblia en las escuelas es un acto en el que estoy de acuerdo, pero no por decreto y menos al libre albedrío en su enseñanza; ahí es donde la medida se vuelve conflictiva, nos enfrenta a todos y vuelve una solución en un problema, casi una torre de Babel, donde todos hablan diferente en torno a un libro común: La Biblia", enfatizó Rivas.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, tildó la medida obligatoria como una "falacia".
"Es una verdadera falacia, porque pareciera ser una iniciativa conveniente pero no lo es. La escucha de la palabra de Dios exige un ambiente de fe el cual no existe en la escuela pública, la palabra de Dios exige explicación para ser bien entendida y ese decreto prohíbe la explicación", argumentó Escobar.
Rivas tildó de "hipócrita" la posición del arzobispo Escobar no porque el decreto sea inconstitucional, sino "porque se pone en peligro el reconocimiento estatal de la iglesia Católica como la única iglesia oficial del Estado salvadoreño, el cual le provee recursos y ayuda directa para mantener el estatus quo".
En tanto, el pastor de la Misión Cristiana, Mario Vega, advirtió sobre el peligro de una intervención estatal.
"Mi reserva es en torno al tema de la injerencia del Estado en asuntos que competen a la iglesia. Veo como un peligro, incluso un retroceso histórico, que en este momento se presenta como algo favorable, lo que implica la lectura de la palabra, pero de esta misma manera, en el futuro se podrían tomar otras (medidas) que no sean favorables", subrayó Vega.
Falacia, hipocresía, posiciones populistas e injerencia estatal son términos esgrimidos por ambos bandos para referirse a la normativa, que aún no ha sido sancionada por el mandatario Mauricio Funes
La polémica surgió cuando la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), advirtió que esa iniciativa podría provocar una lucha entre religiones.
"El decreto que impone la obligación de leer la Biblia, aparentemente, pareciera ser para los diputados una buena iniciativa y una solución al problema de la violencia; sin embargo, no es así, por el contrario, provocará la lucha entre religiones y eso también es otra clase de violencia", consignó la CEDES.
Carlos Rivas, un pastor evangélico, dijo que la lectura debe ser una decisión "consciente" y no obligatoria y que los "primeros" en hacerlo deberían ser los diputados y no adoptar "posiciones populistas".
"Leer la Biblia en las escuelas es un acto en el que estoy de acuerdo, pero no por decreto y menos al libre albedrío en su enseñanza; ahí es donde la medida se vuelve conflictiva, nos enfrenta a todos y vuelve una solución en un problema, casi una torre de Babel, donde todos hablan diferente en torno a un libro común: La Biblia", enfatizó Rivas.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, tildó la medida obligatoria como una "falacia".
"Es una verdadera falacia, porque pareciera ser una iniciativa conveniente pero no lo es. La escucha de la palabra de Dios exige un ambiente de fe el cual no existe en la escuela pública, la palabra de Dios exige explicación para ser bien entendida y ese decreto prohíbe la explicación", argumentó Escobar.
Rivas tildó de "hipócrita" la posición del arzobispo Escobar no porque el decreto sea inconstitucional, sino "porque se pone en peligro el reconocimiento estatal de la iglesia Católica como la única iglesia oficial del Estado salvadoreño, el cual le provee recursos y ayuda directa para mantener el estatus quo".
En tanto, el pastor de la Misión Cristiana, Mario Vega, advirtió sobre el peligro de una intervención estatal.
"Mi reserva es en torno al tema de la injerencia del Estado en asuntos que competen a la iglesia. Veo como un peligro, incluso un retroceso histórico, que en este momento se presenta como algo favorable, lo que implica la lectura de la palabra, pero de esta misma manera, en el futuro se podrían tomar otras (medidas) que no sean favorables", subrayó Vega.
