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Los trabajos universitarios fueron requeridos por la SIP a 22 altas casas de estudio latinoamericanas, como parte de su Proyecto Contra la Impunidad, auspiciado desde 1995 por la Fundación la Fundación John S. y James L. Knight, dice el informe de prensa del gremio.
Las universidades debieron investigar durante un semestre en sus respectivos países y hacer recomendaciones sobre reformas de políticas públicas para combatir la impunidad. Los trabajos dirigidos a resaltar casos de estudio particulares fueron realizados en cada universidad por un equipo interdisciplinario conformado por estudiantes y profesores. Las investigaciones fueron presentadas y discutidas en la Conferencia Hemisférica Universitaria: “Políticas públicas para combatir la impunidad”, que la SIP celebró en Puebla, México, en agosto pasado.
Como parte del reconocimiento representantes de las ocho universidades están invitados a participar en la Conferencia “El sistema interamericano y la libertad de expresión”, que la SIP realizará en Washington, a fines de marzo, en conjunto con American University, Stanford University y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con el informe de prensa, las universidades premiadas son las siguinetes:
Centro Universitário Metodista, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil; 1923. “Eficacia de las políticas de protección a los defensores de los derechos humanos y para la seguridad de los periodistas”. Pretende la ampliación a todos los estados del Programa de Protección a Testigos y Derechos Humanos, así como la creación de alianzas entre las organizaciones dedicadas a la defensa de los periodistas para alcanzar mayor difusión del Programa Nacional de Protección.
Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Bogotá, Colombia; 1623. “Garantías y estrategias para una efectiva investigación y reparación de crímenes en contra de periodistas”. Observa la necesidad de una reforma al Código Penal militar para que los casos de homicidios de periodistas cometidos por militares salgan de la jurisdicción penal militar; que se permita la presencia como parte civil de los periodistas y asociaciones de prensa durante la investigación y juzgamiento; y la reparación moral, compensación y rehabilitación para familiares.
Universidad de Antioquia de Colombia (UdeA), Medellín, Colombia; 1801. “¿Los avances legislativos han contribuido a disminuir la impunidad?” Sugiere la formación de alianzas entre instituciones estatales y de medios para abordar las dificultades sobre crímenes contra la prensa; crea una Asociaciones de Consumidores y Defensores de la Libertad de Prensa para generar redes de apoyo y concienciación, e impulsa el debate académico intra e interuniversitario sobre la importancia de la prensa en la democracia.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Chihuahua, México; 1973. “Entre la impunidad y la inseguridad laboral: la corresponsabilidad de las empresas periodísticas”. Recomienda la creación de protocolos de protección y seguridad para los periodistas, mejorías en sus condiciones laborales, la elaboración de un código de ética general y un banco de datos sobre violencia. Propone que las empresas periodísticas gestionen un refugio temporal en EE.UU., para albergar a periodistas en riesgo.
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Jalisco, México; 1935. “Necesidad de crear nuevas instituciones federales para combatir la impunidad”. Observa la necesidad de creación de una oficina de ombudsman para periodistas, para ayudar en tareas de protección y vigilancia de los derechos de periodistas; así como el establecimiento de una subprocuraduría especial dentro de la Procuraduría General de la República para atender y procesar en forma directa las denuncias contra la libertad de expresión.
Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), Managua, Nicaragua; 1964. “La inexistencia de jurisprudencia adecuada para combatir la impunidad”. Establece que se legisle sobre el cumplimiento de una pena mínima efectiva como condición previa para que un convicto pueda solicitar reducción de su condena. También impulsa una memoria histórica digital con información fáctica sobre cada asesinato y su grado de impunidad, la que se incluiría en portales de internet de universidades y organizaciones de prensa.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú; 1960. “El valor de la prueba en los procesos judiciales y su relación con la impunidad”. Sugiere la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en cuanto a incorporar o considerar el material de investigaciones periodísticas de calidad rigurosa, en la valoración de pruebas. También recomienda la necesidad de generar interacción entre medios de comunicación, asociaciones de prensa, facultades de Comunicación, Poder Judicial y Ministerio Público.
Universidad Iberoamericana (UNIBE), Higuey, República Dominicana; 1982. “El impacto del caso de Narciso González ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su influencia en políticas a nivel nacional”. Recomienda la creación de una Procuraduría General Adjunta para la Libertad de Expresión y de Prensa, y establece un Código de Prensa, que dispone agravantes penales para quienes atenten contra la libertad de expresión, poniendo énfasis en medidas para proteger a los periodistas y medios de comunicación.
Las universidades debieron investigar durante un semestre en sus respectivos países y hacer recomendaciones sobre reformas de políticas públicas para combatir la impunidad. Los trabajos dirigidos a resaltar casos de estudio particulares fueron realizados en cada universidad por un equipo interdisciplinario conformado por estudiantes y profesores. Las investigaciones fueron presentadas y discutidas en la Conferencia Hemisférica Universitaria: “Políticas públicas para combatir la impunidad”, que la SIP celebró en Puebla, México, en agosto pasado.
Como parte del reconocimiento representantes de las ocho universidades están invitados a participar en la Conferencia “El sistema interamericano y la libertad de expresión”, que la SIP realizará en Washington, a fines de marzo, en conjunto con American University, Stanford University y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con el informe de prensa, las universidades premiadas son las siguinetes:
Centro Universitário Metodista, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil; 1923. “Eficacia de las políticas de protección a los defensores de los derechos humanos y para la seguridad de los periodistas”. Pretende la ampliación a todos los estados del Programa de Protección a Testigos y Derechos Humanos, así como la creación de alianzas entre las organizaciones dedicadas a la defensa de los periodistas para alcanzar mayor difusión del Programa Nacional de Protección.
Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Bogotá, Colombia; 1623. “Garantías y estrategias para una efectiva investigación y reparación de crímenes en contra de periodistas”. Observa la necesidad de una reforma al Código Penal militar para que los casos de homicidios de periodistas cometidos por militares salgan de la jurisdicción penal militar; que se permita la presencia como parte civil de los periodistas y asociaciones de prensa durante la investigación y juzgamiento; y la reparación moral, compensación y rehabilitación para familiares.
Universidad de Antioquia de Colombia (UdeA), Medellín, Colombia; 1801. “¿Los avances legislativos han contribuido a disminuir la impunidad?” Sugiere la formación de alianzas entre instituciones estatales y de medios para abordar las dificultades sobre crímenes contra la prensa; crea una Asociaciones de Consumidores y Defensores de la Libertad de Prensa para generar redes de apoyo y concienciación, e impulsa el debate académico intra e interuniversitario sobre la importancia de la prensa en la democracia.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Chihuahua, México; 1973. “Entre la impunidad y la inseguridad laboral: la corresponsabilidad de las empresas periodísticas”. Recomienda la creación de protocolos de protección y seguridad para los periodistas, mejorías en sus condiciones laborales, la elaboración de un código de ética general y un banco de datos sobre violencia. Propone que las empresas periodísticas gestionen un refugio temporal en EE.UU., para albergar a periodistas en riesgo.
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Jalisco, México; 1935. “Necesidad de crear nuevas instituciones federales para combatir la impunidad”. Observa la necesidad de creación de una oficina de ombudsman para periodistas, para ayudar en tareas de protección y vigilancia de los derechos de periodistas; así como el establecimiento de una subprocuraduría especial dentro de la Procuraduría General de la República para atender y procesar en forma directa las denuncias contra la libertad de expresión.
Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), Managua, Nicaragua; 1964. “La inexistencia de jurisprudencia adecuada para combatir la impunidad”. Establece que se legisle sobre el cumplimiento de una pena mínima efectiva como condición previa para que un convicto pueda solicitar reducción de su condena. También impulsa una memoria histórica digital con información fáctica sobre cada asesinato y su grado de impunidad, la que se incluiría en portales de internet de universidades y organizaciones de prensa.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú; 1960. “El valor de la prueba en los procesos judiciales y su relación con la impunidad”. Sugiere la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en cuanto a incorporar o considerar el material de investigaciones periodísticas de calidad rigurosa, en la valoración de pruebas. También recomienda la necesidad de generar interacción entre medios de comunicación, asociaciones de prensa, facultades de Comunicación, Poder Judicial y Ministerio Público.
Universidad Iberoamericana (UNIBE), Higuey, República Dominicana; 1982. “El impacto del caso de Narciso González ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su influencia en políticas a nivel nacional”. Recomienda la creación de una Procuraduría General Adjunta para la Libertad de Expresión y de Prensa, y establece un Código de Prensa, que dispone agravantes penales para quienes atenten contra la libertad de expresión, poniendo énfasis en medidas para proteger a los periodistas y medios de comunicación.
